La política española se parece a veces a esos viejos bosques donde todos creen conocer el origen de cada sombra y, sin embargo, nadie ha visto jamás el instante exacto en que una rama comenzó a proyectarla. Cada cierto tiempo surge un escándalo que sacude la conversación pública. Entonces los ciudadanos levantan la vista y señalan el árbol más alto. Es humano. Y es que, cuando una tormenta arranca tejados, nadie se fija en los arbustos; todas las miradas buscan la copa que domina el horizonte. Así ocurrió con el rey Juan Carlos I. Durante años, al aflorar informaciones sobre su patrimonio o su vida privada, millones de españoles nos preguntamos cómo era posible que familiares, colaboradores, empresarios, políticos y periodistas no supieran nada. La duda parecía razonable. A ojos de la opinión pública, resultaba difícil imaginar que un círculo tan próximo permaneciera ajeno a aquello que, con el paso del tiempo, terminaría ocupando portadas y telediarios.
Algo parecido sucedió con los llamados papeles de Bárcenas. Una parte importante de la sociedad llegó a la conclusión de que determinadas explicaciones resultaban poco convincentes. ¿Era creíble que dirigentes de primer nivel desconocieran ciertos hechos? ¿Era plausible que se ignorase quién era M. Rajoy o que los recuerdos se evaporasen precisamente en los asuntos más comprometidos? Aquellas preguntas siguen formando parte del imaginario colectivo. Y otro tanto ocurrió con la Operación Kitchen. Durante años, ciudadanos de todas las sensibilidades políticas se formularon la misma cuestión: ¿cómo pudo desarrollarse una trama de semejante dimensión sin que los máximos responsables estuvieran informados? La sospecha era poderosa porque apelaba al sentido común. Sin embargo, los indicios y conjeturas no son una prueba. Los tribunales trabajan con evidencias; la opinión pública, con probabilidades. He aquí el corazón del problema.
La democracia moderna descansa sobre una tensión permanente entre lo que parece evidente y lo que puede demostrarse. Los ciudadanos contemplamos el paisaje desde la cima de la montaña; el juez lo examina grano a grano, como quien analiza cada piedra del camino. Ambos observan la misma realidad, pero utilizan instrumentos distintos. Esa diferencia resulta especialmente relevante en los momentos de máxima polarización. El magistrado José Antonio Martín Pallín ha advertido en numerosas ocasiones sobre los riesgos de sustituir las pruebas por las convicciones y de convertir la sospecha en sentencia anticipada. Del mismo modo, Baltasar Garzón, en su reciente reflexión La democracia amenazada, nos advierte sobre las peligros y desafíos que acechan a las democracias contemporáneas, insiste en la necesidad de preservar las garantías jurídicas incluso cuando la presión mediática o política empuja hacia conclusiones aparentemente obvias. Porque el Estado de Derecho fue concebido precisamente para protegernos de nuestras certezas más apresuradas. Y es aquí donde la actualidad de estos días vuelve a plantear un viejo dilema. Si durante años se ha sostenido que no era posible atribuir automáticamente a un jefe del Estado el conocimiento de todas las actuaciones de su entorno; si se ha defendido que no podía presumirse que un presidente del Gobierno conociera necesariamente todo cuanto ocurría en su partido; si se ha argumentado que la proximidad política no constituye por sí sola una prueba jurídica, entonces el mismo principio debe aplicarse a cualquier otro dirigente, con independencia de las simpatías o antipatías que despierte. Las reglas del juego democrático no pueden cambiar según el color del acusado.
Quizá resulte verosímil pensar que un líder sabe más de lo que admite. Quizá también resulte plausible lo contrario. Pero entre ambas posibilidades existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse borrar: la que separa la conjetura de la prueba. La historia está llena de palacios donde los reyes ignoraban intrigas gestadas en habitaciones contiguas. Está atestada de presidentes sorprendidos por actuaciones de ministros de confianza. Está repleta de empresarios que descubrieron demasiado tarde lo que ocurría en despachos situados a pocos metros del suyo. Y hasta en el entorno familiar, es abundante que esposas o maridos sean ignorantes de las infidelidades del otro cónyuge. Porque la proximidad física o política no garantiza el conocimiento. A veces lo favorece; nunca lo demuestra. Por eso conviene desconfiar de las conclusiones automáticas. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la política contemporánea se ha acostumbrado a juzgar antes de investigar y a condenar antes de escuchar. Pero la democracia no se fortalece cuando se sustituye la evidencia por la intuición. Se fortalece cuando exige para todos la misma vara de medir.
Y es que, al final, el árbol más alto seguirá atrayendo todas las miradas. Es inevitable. Lo importante es recordar que una sombra, por extensa que sea, nunca constituye por sí sola una prueba de quién encendió la luz ni de quién apagó la lámpara.
