La sombra del “Poder” es alargada: Assange y González, dos periodistas silenciados.

Corren malos tiempos para la prensa. Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá a partir del 5 de marzo, si autoriza a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a seguir recurriendo sobre su extradición en el Reino Unido o, por el contrario, puede activarse su entrega a los Estados Unidos que le acusa de espionaje y hackeo informático al haber hecho público documentos sensibles sobre la seguridad nacional. En este contexto, en caso de que tras su deliberación los jueces británico dicten un fallo afirmativo, su extradición abrirá una vía más segura a todos aquellos “poderes” que hurtan información a la que tenemos derecho los ciudadanos y propiciará, además, un periodismo amordazado y paralizado por el temor ante unos Estados convertidos en falsas democracias y llenos de muchos rasgos de autoritarismo, que no autoridad, sino de dictadura. En cualquier caso, extraditado o no, me temo que el daño ya está hecho y los poderes fácticos ya han conseguido su objetivo: amedrentar a los periodistas, en la medida de lo posible, para que interioricen las posibles consecuencias de publicar determinado material y se lo piensen antes de hacerlo. Es una manera de evitar que siga habiendo funcionarios valientes como el agente del FBI William Mark Felt, el denunciante sin rostro que facilitó al reportero del Washington Post, Bob Woodward, la información del escándalo "Watergate", lo que provocaría la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974 o el analista estadounidense de las fuerzas armadas americanas Daniel Ellsberg que, cuando trabajaba en la Corporación RAND, filtró al The New York Times y otros periódicos un estudio de alto secreto denominados Pentagon Papers, en los que se demostraban, entre otras cosas, que la Administración Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo al público sino también al Congreso, sobre temas de interés nacional trascendentes e importantes en relación con la guerra de Vietnam. En ambos casos los periodistas y sus directores que recibieron la información respondieron con profesionalidad y valentía, aireando la revelación frente a la terca resistencia del poder político. Una información que posteriormente, el poder judicial terminó avalando en aras del derecho a la información y de la libertad de expresión. A este respecto, lo que ocurra ahora con Julian Assange será una piedra de toque para saber si las democracias han avanzado o van retrocediendo en este terreno. Y es que el derecho de información es básico para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática y sin él, todos salimos muy perjudicados, salvo, obviamente, los que infringen la ley. Considerar que la democracia existe porque cada cuatro años, los ciudadanos votamos a alguien que han decidido los partidos políticos, es, cuando menos, irrisorio. En una democracia plena, los ciudadanos, tenemos el derecho a conocer y saber con veracidad qué está ocurriendo en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Y, sobre todo, cuando las decisiones que se toman en Organismos internacionales y/o Estados, por parte de un pequeño número de personas, determinan el destino de miles y millones de ciudadanos de cualquier país a cualquier precio, llegando incluso al resultado de ruina, muerte y desolación. Por eso, considero que estamos obligados a defender a aquellos periodistas que, como Julian Assange, nos descubren los secretos oscuros de muchas decisiones políticas promovidas por egoístas e innombrables intereses empresariales, multinacionales y económicos y/o a empleados como el exanalista de la CIA Edward Snowden que entregó a la prensa documentos clasificados que demostraban cómo organismos de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados vulneraban la privacidad de los ciudadanos.

 

El acoso y la tortura que está sufriendo Julian Assange, es una prueba más de la corrupción, la falta de humanidad y el espíritu destructivo que anidan en este "Occidente" nuestro que tanto cacarea de libertades y democracia. Lo que se le está haciendo a Assange no tiene nombre, como tampoco lo tiene lo que le ocurre al periodista español Pablo González, otro caso día a día casi olvidado, que fue arbitrariamente detenido y está encarcelado en Polonia, en una severa prisión de un país de la UE, nuestro organismo paladín de la democracia mundial y vigilante ante las injusticias y la opresión. Pablo González, colaborador de varios medios de comunicación, no tiene acusación, ni fecha de juicio. Trabajaba en el momento de su detención como reportero de guerra en la frontera con Ucrania, fue capturado por los servicios secretos polacos el 27 de febrero de 2022 y, desde entonces, permanece encarcelado e incomunicado, sin saber porqué, en régimen de aislamiento, sin días ni noches, hasta ahora. Parece que han tirado la llave al mar Báltico, dado que ignoran completamente los derechos de este ciudadano de la UE que posee la doble nacionalidad española y rusa, pues nació en Moscú al ser nieto de un exiliado español de los llamados “niños de la guerra”. Y, a causa de esta circunstancia, le acusan de aprovechar su condición de periodista para filtrar información a Rusia. Crimen y castigo contra el periodista y vergüenza, una vez más, para la UE, que ni dentro de sus fronteras garantiza la seguridad de según quién en según qué países, a la hora de aplicar leyes democráticas. Y es que corren malos tiempos para la prensa.