El día que murió la democracia (I)

 

Crónica de un cercano futuro americano

 Por JAVC – Washington, 18 de diciembre de 2032

La mañana amanece limpia, con un cielo de septiembre despejado y una brisa suave que agita las banderas rojas y doradas que ondean en la avenida Pensilvania. En apariencia, es un día festivo: las calles están repletas de ciudadanos sonrientes, con camisetas y gorras que llevan el lema MAGA, “Make America Great Again”, ahora convertido en emblema oficial del Estado. Sin embargo, tras esa imagen de orden y prosperidad se oculta la conclusión de un estricto y metódico desarrollo, cuyo comienzo fue discreto y hoy se muestra impetuoso, atrevido e irreversible.

Iniciado muchos años atrás, cuando un magnate inmobiliario, convertido en el 45º Presidente primero y en el 47º cuatro años después, comienza a desmontar, pieza por pieza, la democracia representativa y federal de los Estados Unidos de América. Ese hombre es Donald J. Trump. Ya no es presidente. Ahora ostenta el título de “Guardián de la Nación”, un cargo vitalicio que no figura en ninguna constitución. El Congreso, antaño centro del debate y del equilibrio de poderes, se ha transformado en una cámara ceremonial que aprueba, sin excepción, cada una de sus propuestas. Las elecciones se siguen celebrando, pero solo como un espectáculo televisivo destinado a mantener la ilusión de pluralidad. Nadie recuerda la última vez que un candidato habló en contra del régimen sin desaparecer de la esfera pública o del mapa.

La Mañana 18.12.2025

Todo comienza con una estrategia de desgaste, en lo que entonces parecía un ruido pasajero. Trump comprende que no se destruye una democracia a martillazos, sino gota a gota, hasta que los cimientos ceden por desgaste. Esa lenta erosión del sistema no nace de la nada; hunde sus raíces en la historia misma del país. Desde hace siglos, dos revoluciones marcaron caminos opuestos. En Francia, los hombres marcharon contra el poder para rehacerlo en nombre de la libertad, la igualdad y, sobre todo, la fraternidad. El Estado, aun transformado, siguió siendo el eje que sostenía la bóveda del sistema. En cambio, en los Estados Unidos de América, los colonos no soñaban con levantar un nuevo orden, sino con preservar el que ya habían conquistado en tierras vírgenes: el de hombres libres que no respondían ante nadie. Allí la palabra sagrada no fue fraternidad, sino libertad. Y esa desconfianza hacia el Estado, sembrada desde el siglo XVII y proclamada con la independencia en el siglo XVIII, se convirtió en la semilla de un país que aprendió a organizarse al margen de toda autoridad central. Lo que en su origen fue fuerza creadora, hoy se revela como grieta mortal. Porque esa misma tradición, que desconfiaba del poder para proteger la libertad, ha abierto la puerta a un poder más oscuro: uno que no necesita disfrazarse de democracia, porque se alimenta de la sospecha contra el Estado para vaciarlo desde dentro.

En este empeño, primero ataca la verdad por medio de un sinfín de fake news, unas noticias falsas creadas y difundidas deliberadamente con el objetivo de engañar, manipular la opinión pública y generar beneficios políticos, económicos e ideológicos que se presentan como información verídica y auténtica; pero que en realidad son bulos diseñados para confundir y polarizar. Luego, convierte a la prensa libre en su enemigo personal, desacreditando periódicos y cadenas históricas, mientras alimenta una narrativa alternativa a través de redes sociales controladas por un puñado de magnates tecnológicos.

El bombardeo informativo es tan constante que, con el tiempo, millones de ciudadanos dejan de creer en hechos objetivos. La verdad se vuelve líquida, moldeable, una materia prima en manos de los algoritmos. Cada persona vive dentro de una burbuja digital diseñada para reforzar su visión del mundo. La sociedad se fragmenta y, en medio de ese caos, Trump emerge como el único punto fijo: la voz que promete orden, el faro en un océano de incertidumbre. Y así, mientras el pueblo discute en redes, Trump urde un pacto invisible moviendo sus fichas en las altas esferas del poder. Seduce a la CIA con promesas de autonomía absoluta. Garantiza al Pentágono presupuesto ilimitado a cambio de fidelidad personal. En reuniones secretas, pacta con los gigantes tecnológicos, que ya controlan el 29% del PIB mundial, la creación de un sistema de vigilancia total, disfrazado de innovación y seguridad ciudadana. Cámaras con reconocimiento facial aparecen en cada esquina, presentadas como herramientas para reducir la delincuencia. Dispositivos domésticos inteligentes escuchan conversaciones, supuestamente para “mejorar la experiencia del usuario”. Satélites y sistemas de inteligencia artificial monitorean patrones de conducta, anticipando movimientos antes de que ocurran.

En pocos años, la nación entera se convierte en un experimento de control social sin precedentes, donde cada gesto, cada palabra y cada pensamiento quedan registrados. Nadie lo sabe aún, pero el viejo sueño americano acaba de convertirse en una pesadilla perfectamente administrada.

(Continuará)

Mecánica cuántica judicial: la filtración sin pruebas (II)

 

Cuando era muy joven, durante el franquismo, y siendo estudiante de Químicas en Sevilla, descubrí al gran poeta catalán Salvador Espriu a través de su libro La pell de Brau, editado en versión bilingüe en 1968 por Cuadernos para el Diálogo. Desde entonces ha transcurrido mucho tiempo y he olvidado algunos de sus poemas, pero aún recuerdo cómo Espriu convertía la Península Ibérica en una poderosa metáfora: una “piel de toro” marcada por la sangre, las heridas y una historia violenta, en la que los hombres no pueden existir si no son libres. Es una invocación a la libertad, a la dignidad colectiva y a la necesidad de evitar la imposición de la voluntad de unos pocos.

 

Este recuerdo ha vuelto a mi memoria a raíz del desarrollo del juicio contra el FGE, y me pregunto

La Mañana 18.12.2025

por qué, en los numerosos comentarios aparecidos en los medios, jamás se alude al hecho de que siga permaneciendo en la sombra, sin dar la cara, la llamada “fuente secreta” que ha dado origen a este juicio tan infame y a tantos infundios denigrantes para la víctima, el FGE Álvaro García Ortiz, y también para las biografías de quienes lo han promovido y se han basado en ellos para redactar la presuntamente fantasmagórica condena. En este sentido, creo firmemente que hay que defender la libertad de información y la protección de las fuentes. Pero me sorprende y escandaliza que la persona responsable de la filtración, cuya identidad y finalidad ignoro, a la vista de los ataques y de la manipulación tan brutales que se ha desencadenado, haya mostrado una cobardía semejante, lo que ha contribuido a erosionar la ya quebrantada y amenazada salud del Poder Judicial, su órgano de Gobierno el CGPJ y la propia democracia. ¿Por qué no se ha atrevido a ser valiente y se ha plantado en el juicio y ha dicho: "Si, señoras y señores, jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, yo soy la fuente que tal día y a tal hora filtró a las siguientes personas... Las acusaciones que se están sosteniendo sobre la actuación del FGE se basan en mentiras y aquí les muestro las pruebas fehacientes que voy a dejar de ocultar al dejar de ser una persona cobarde". No ha sido posible, no se ha presentado. Es por ello, que espero que en el futuro el periodismo veraz que todavía existe, no escuche ni otorgue confianza a quien ha erosionado todavía más el pésimo estado de la Justicia y ha preferido la condena de una víctima inocente para salvar su pellejo o, tal vez, solo su reputación

 

Dentro del mismo contexto, pero cambiando de argumentación, decía y defendía en mi anterior artículo y amplío ahora, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo parte de una idea inicial expresada en forma de disyunción lógica, es decir, una frase del tipo “A o B”. En cuyo caso: A: “Pudo ser Álvaro García Ortiz “y B: “Pudo ser alguien de su entorno, con su conocimiento”. Esto, a mi modo de ver, significa o al menos yo lo interpreto, que el Tribunal acepta como punto de partida que la filtración pudo hacerla el FG o pudo hacerla alguien de su entorno. Pues bien, en pura lógica, cuando tienes una disyunción “A o B”, no puedes afirmar que solo A es verdadera, a menos que demuestres que B es falsa. Es decir, para poder concluir que “A”, es verdadera, hay que “demostrar” previamente que “B” es falsa.

 

Ante esta disyuntiva, cabe preguntarse ¿Y qué problema señala el texto de la Sentencia? Pues que en ella, o sea, en la Sentencia, el Tribunal no demuestra que “B” sea falsa. Dicho con otras palabras: “no prueba que nadie del entorno pudiera haber filtrado el correo”. Y, por consiguiente, como no demuestra que “B” sea falsa, la disyunción A o B sigue abierta y, por lo tanto, siguen existiendo dos posibilidades. Y si siguen existiendo dos posibilidades, no puede afirmarse de forma lógica y concluyente que la filtración la hizo A; es decir el FGE, Álvaro García Ortiz.

 

En consecuencia, surge otra pregunta ¿Por qué “B” no puede descartarse? Pues, porque según señala la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia, el “entorno” comprende a todas las personas que tuvieron acceso al correo electrónico. Y, que se sepa, ese grupo no es pequeño, sino más bien amplio. Por lo tanto, afirmar que: “solo pudo ser “A”, equivale a decir: Es falso que cualquier otra persona del entorno pudiera haber sido; o sea, “B”. Pero esa negación no está demostrada en la Sentencia.

 

Conclusión: si no se ha probado que “B” sea falsa, no puede colegirse que la filtración fue obra del Fiscal General del Estado “A”, partiendo únicamente de la disyunción “A o B”. A este respecto, tal vez por eso, en el propio texto de la Sentencia se afirma que: “No queda demostrado lógicamente que “A” sea la única opción”. Ante esta constatación, me parece a mí  - y a otros muchos ciudadanos que se aproximan a esta cuestión con honestidad - , que mantener una imputación particularizada contra “A “y dictar posteriormente una Sentencia condenatoria, supone, desde una valoración personal, una clara injusticia.

 

En definitiva, a mi juicio, la Sala Segunda del T.S. parece haber realizado una aportación interpretativa singular, casi metafórica, al razonamiento jurídico y pensamiento científico: la de una suerte de Sentencia ajustada a una mecánica cuántica judicial, en la que no resulta necesario medir para conocer el estado de la partícula, ni observar para saber quién fue el que habló. Basta con suponer, intuir o, quizá, desear el resultado. El colapso de la función de onda se produciría así sin experimento, sin huella y sin prueba empírica. Aplicada a este caso, la teoría sería simple: aunque el correo pudo haber sido filtrado por cualquiera de las muchas personas que tuvieron acceso a él, la partícula termina colapsando siempre en el mismo estado, el del Fiscal General, Álvaro García Ortiz. No porque se haya demostrado que los demás no pudieron ser, sino porque, según esta lectura crítica, resulta más conveniente que no lo fueran. Tal vez estemos, entonces, ante una nueva y simbólica versión de La pell de Brau: una piel en la que la verdad permanece en superposición, la fuente en la sombra y la justicia opta por no mirar por la mirilla, no sea que la observación perturbe en exceso el resultado previamente asumido.

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia: “19 días y 500 dudas”, la lógica ausente del Supremo. (I)

 

Tras haber pasado diecinueve días desde que se supo la orientación del fallo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dio a conocer ayer la resolución en la que se declara culpable al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber cometido un delito relacionado con la difusión de datos confidenciales. En este contexto, por una curiosa coincidencia, en su disco 19 días y 500 noches, Sabina nos relata con crudeza y poesía el dolor de una ruptura amorosa cuando dice: “…Y eso que yo, para no agobiarla con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería..., tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días y quinientas noches…” Una metáfora para hacernos comprender que: los días pasan rápido, pero las noches —llenas de insomnio, excesos y recuerdos— se multiplican y hacen eterno el proceso de olvido. Y ese casi mágico espacio de tiempo es también el que han tardado los cinco magistrados del TS en señalar el cuerpo de la sentencia, que no es otro que: “El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, o alguien de su entorno inmediato, fue quien filtró la nota”. Es de suponer que llegar a esta conclusión les habrá llevado unas supuestas quinientas noches, porque, con mis casi nulos conocimientos de derecho, entiendo que en este juicio se enjuiciaba a una persona: el FGE. Y no se puede juzgar a alguien abriendo el abanico a otras personas que ni siquiera están procesadas.

 

La Mañana

Ante la duda razonable, y más si se infiere que pudieron haber sido otras personas de su entorno, considero que debe aplicarse el principio in dubio pro reo. Un principio jurídico latino que significa “en caso de duda, a favor del reo” y es fundamental en el Derecho Penal, pues: obliga al juez a absolver al acusado si, tras valorar todas las pruebas, subsiste una duda razonable sobre su culpabilidad, garantizando así la presunción de inocencia y asegurando que nadie sea condenado sin pruebas claras y suficientes. Y, además, actuando así se ahorrarían las quinientas noches.

Pues no: el Tribunal Supremo no hace caso y nos retrotrae a interpretaciones anteriores al derecho romano. Y esto lo hacen lo más granado de la judicatura española, que luego, muy dignos, piden respeto a sus decisiones y se rasgan las vestiduras cuando el grueso de la sociedad —al margen de la filiación política— opina que es preferible un mal arreglo a un buen pleito.

 

El TS afirma en su sentencia que el FGE “o una persona de su entorno” ha cometido la filtración, lo cual equivale a reconocer que no se tiene ni idea de quién lo hizo. Pero, por si acaso, se condena al FGE, porque la ausencia de pruebas parece demostrar, según ellos, que fue el culpable del delito. Además, niegan el derecho y la obligación del FGE de rebatir un bulo manifiesto que, este sí, proviene claramente de la presidenta de la Comunidad de Madrid “o de una persona de su entorno”. Y, a este respecto, parece colegirse que si la Sra. Ayuso “o una persona de su entorno” crea un bulo contra el FGE, hay que agachar la cabeza y no rechistar.

 

En este contexto, y en calidad de haber sido docente muchos años de mi vida, creo que cualquier alumno o alumna de 1º de Bachillerato podría analizar esta sentencia y encontrar en ella una base suficiente para realizar una crítica fundada. Sólo necesitaría haberse aplicado en las clases de lógica proposicional, una lógica de lo más elemental. Apelo a ella porque el examen del núcleo del razonamiento que sostiene toda la sentencia exige recurrir precisamente a esta ciencia formal.

 

Y es que el Tribunal Supremo sostiene que pudo ser Álvaro García Ortiz —o “alguien de su entorno con su conocimiento”— quien filtró el correo confidencial. Y, aunque reconoce que no hay “prueba definitiva” de que él mismo pulsara la tecla “Enviar”, la Sala Segunda concluye que él —o ese misterioso “alguien”— filtró el contenido a los medios.

 

Nuestro supuesto alumno, al principio, quizá se intimidaría al escuchar “Tribunal Supremo”, pero enseguida comprobaría que todo se reduce a un problema de lógica elemental, aunque quieran servirlo disfrazado de solemnidad. El TS parte de una disyunción, y en lógica ocurre algo muy preciso: de una disyunción (“A o B”) jamás puede deducirse cuál de las dos alternativas es verdadera. Una disyunción sólo afirma que al menos una lo es; no nos concede privilegios detectivescos para señalar al culpable. Es como escuchar dos voces detrás de una puerta y concluir que alguna habló… sin saber cuál.

 

Dentro de lo poco que conozco de Derecho, creo que la idea es idéntica: “O bien ocurrió X, o bien ocurrió Y” no acredita ninguno de los dos hechos. No puede transformarse mágicamente en “X es cierto” ni en “Y es cierto”, porque una disyunción no demuestra nada por sí misma. El tribunal necesitaría pruebas independientes que respaldasen una de las alternativas y permitieran descartar la otra con la debida solidez probatoria. Y, puesto que no ha quedado acreditado que fuese él —ni de forma directa ni a través de un tercero— quien filtró a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales, la sentencia condenatoria sólo puede entenderse como un acto de injusticia.

Desde el punto de vista lógico y jurídico, una disyunción “A o B” no identifica al responsable; sólo abre dos puertas. Dictar sentencia eligiendo una puerta sin pruebas que la distingan de la otra equivale a condenar por intuición, no por demostración. En términos jurídicos, viola el estándar probatorio, que exige certeza razonable y no un simple “pues podría ser”; y traiciona uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático: la presunción de inocencia, al convertir una posibilidad no probada en un hecho consumado.

 

Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo condena tomando uno de los dos caminos sin prueba que lo justifique. Y, al hacerlo, no es el acusado quien queda en entredicho, sino la propia lógica del Tribunal. La sentencia se convierte así en una pieza debilitada desde su base, incapaz de sostener aquello que afirma. No estamos pues, creo yo, ante una mera irregularidad jurídica, sino ante un desvío grave del deber de razonar: eso que, cuando se abandona el pudor terminológico, recibe un nombre preciso y preocupante: lawfare.

 

 

La corrupción en España: un poder de hombres.(II)

 

España cumple ya casi cinco décadas de democracia, pero sigue sin una radiografía completa de su lado más oscuro: la corrupción política. Desde los primeros años de la Transición hasta nuestros días, los casos de fraude económico, malversación y cohecho han acompañado la historia institucional del país como una persistente enfermedad moral. Y, sin embargo, no existe un registro oficial que permita saber cuántos políticos han sido imputados o condenados por delitos de corrupción desde 1978. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado han publicado nunca un listado sistemático con esos datos. A la ausencia de cifras se suma una confusión semántica: hasta 2015 hablábamos de imputados, hoy la ley los llama investigados, un cambio que fragmenta todavía más el rastro estadístico.

 

Ante ese vacío, han sido los investigadores, los periodistas y algunas plataformas ciudadanas quienes han reconstruido el mapa de la corrupción. La base de datos pública “Casos Aislados” recoge más de 8.000 nombres de cargos públicos implicados en procesos judiciales por delitos económicos. Estudios académicos que analizan el periodo 2000–2020 confirman la magnitud: miles de causas abiertas, más de 1.600 procesos activos solo en 2013, y un número aún mayor de implicados. En este contexto, según los análisis periodísticos y académicos más recientes, entre el 15% y el 25% de los implicados o condenados son mujeres. Es decir, por cada mujer hay al menos cuatro hombres involucrados en delitos de corrupción. Y si aplicamos esa proporción a los más de 8.000 nombres registrados en bases públicas, el resultado es tan simple como elocuente: unos 6.500 varones frente a 1.600 mujeres. A este respecto, al revisar esos datos emerge un patrón que apenas ha variado con el tiempo: la corrupción política en España tiene rostro de hombre. Y es que, casi medio siglo de democracia revela un patrón constante: la mayoría de los políticos imputados o condenados por fraude económico son varones. No hay registro oficial, pero las cifras disponibles dibujan un retrato elocuente del poder y su sombra. De hecho, de los años del pelotazo a las comisiones del urbanismo milagroso, de los papeles de Bárcenas a los ERE andaluces, los nombres cambian, pero el perfil se repite: hombres de partido, curtidos en los despachos, cercanos a las constructoras y a los favores. Y es que las grandes tramas de corrupción han sido, en muchos casos, clubes masculinos de poder. Redes de influencia tejidas entre despachos, cenas discretas y silencios compartidos. Un sistema de lealtades que, más allá de la ideología, reproduce un modelo de masculinidad institucional: la del que manda, protege y cobra por proteger. Por eso la corrupción no es solo un delito económico. Es también una forma de entender el poder, un espejo donde se reflejan las jerarquías, los silencios y las complicidades de una época. No obstante, los datos, lejos de apuntar a una supuesta superioridad ética femenina, reflejan algo más estructural: el espejo del poder. Y ese poder en España ha sido, históricamente, masculino. En este sentido, los ejemplos más recientes no hacen sino reafirmar esa tendencia histórica. Tanto en la trama que salpica al entorno del exministro José Luis Ábalos —en la que figuran investigados como Koldo García y Santos Cerdán — como en la investigación judicial abierta en Almería que afecta al expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, al exvicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, se observa el mismo patrón: estructuras de poder ocupadas mayoritariamente por hombres y protagonizadas por vínculos personales, favores y redes de confianza internas. Casos distintos, administraciones distintas, pero una misma lógica de funcionamiento. Y es que, durante décadas, los cargos de responsabilidad —ministerios, alcaldías, presidencias autonómicas, direcciones generales— han estado ocupados mayoritariamente por hombres. El acceso de las mujeres a la política llegó más tarde y su presencia en los círculos de decisión ha sido menor; en consecuencia, también su exposición a la corrupción.

 

Llegados a este punto, en los últimos años, parece que una lenta luz de transparencia se va abriendo camino en España y se está intentando mirar de frente a esa herida. La presión de los medios, el empuje de la sociedad civil y la creación de organismos de control —como las oficinas antifraude autonómicas o la legislación sobre financiación de partidos— han empezado a poner límites donde antes solo había oscuridad. Aun así, el país sigue sin una radiografía oficial de su pasado corrupto. Saber cuántos hombres y cuántas mujeres se sentaron en el banquillo no es un simple ejercicio de curiosidad: es una manera de entender cómo se ha construido el poder y quiénes han tenido acceso a él.

 

La democracia española ha sobrevivido a dictadores, crisis y escándalos. Pero la corrupción, más que un enemigo exterior, ha sido su sombra interior. El precio del silencio con el que durante años convivimos con la idea de que “todos roban” ha sido una resignación que ha erosionado la fe en lo público y normalizado la impunidad. Hoy, la sociedad exige algo más que transparencia: exige memoria. Porque solo cuando el país se atreva a contar —con nombres, fechas y cifras— la historia de su corrupción, podrá empezar de verdad a escribir la historia de su madurez democrática. Y entonces, solo entonces, quizá, las cifras dejarán de ser un misterio y se convertirán, por fin, en una lección.