La corrupción en España: un poder de hombres.(II)

 

España cumple ya casi cinco décadas de democracia, pero sigue sin una radiografía completa de su lado más oscuro: la corrupción política. Desde los primeros años de la Transición hasta nuestros días, los casos de fraude económico, malversación y cohecho han acompañado la historia institucional del país como una persistente enfermedad moral. Y, sin embargo, no existe un registro oficial que permita saber cuántos políticos han sido imputados o condenados por delitos de corrupción desde 1978. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado han publicado nunca un listado sistemático con esos datos. A la ausencia de cifras se suma una confusión semántica: hasta 2015 hablábamos de imputados, hoy la ley los llama investigados, un cambio que fragmenta todavía más el rastro estadístico.

 

Ante ese vacío, han sido los investigadores, los periodistas y algunas plataformas ciudadanas quienes han reconstruido el mapa de la corrupción. La base de datos pública “Casos Aislados” recoge más de 8.000 nombres de cargos públicos implicados en procesos judiciales por delitos económicos. Estudios académicos que analizan el periodo 2000–2020 confirman la magnitud: miles de causas abiertas, más de 1.600 procesos activos solo en 2013, y un número aún mayor de implicados. En este contexto, según los análisis periodísticos y académicos más recientes, entre el 15% y el 25% de los implicados o condenados son mujeres. Es decir, por cada mujer hay al menos cuatro hombres involucrados en delitos de corrupción. Y si aplicamos esa proporción a los más de 8.000 nombres registrados en bases públicas, el resultado es tan simple como elocuente: unos 6.500 varones frente a 1.600 mujeres. A este respecto, al revisar esos datos emerge un patrón que apenas ha variado con el tiempo: la corrupción política en España tiene rostro de hombre. Y es que, casi medio siglo de democracia revela un patrón constante: la mayoría de los políticos imputados o condenados por fraude económico son varones. No hay registro oficial, pero las cifras disponibles dibujan un retrato elocuente del poder y su sombra. De hecho, de los años del pelotazo a las comisiones del urbanismo milagroso, de los papeles de Bárcenas a los ERE andaluces, los nombres cambian, pero el perfil se repite: hombres de partido, curtidos en los despachos, cercanos a las constructoras y a los favores. Y es que las grandes tramas de corrupción han sido, en muchos casos, clubes masculinos de poder. Redes de influencia tejidas entre despachos, cenas discretas y silencios compartidos. Un sistema de lealtades que, más allá de la ideología, reproduce un modelo de masculinidad institucional: la del que manda, protege y cobra por proteger. Por eso la corrupción no es solo un delito económico. Es también una forma de entender el poder, un espejo donde se reflejan las jerarquías, los silencios y las complicidades de una época. No obstante, los datos, lejos de apuntar a una supuesta superioridad ética femenina, reflejan algo más estructural: el espejo del poder. Y ese poder en España ha sido, históricamente, masculino. En este sentido, los ejemplos más recientes no hacen sino reafirmar esa tendencia histórica. Tanto en la trama que salpica al entorno del exministro José Luis Ábalos —en la que figuran investigados como Koldo García y Santos Cerdán — como en la investigación judicial abierta en Almería que afecta al expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, al exvicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, se observa el mismo patrón: estructuras de poder ocupadas mayoritariamente por hombres y protagonizadas por vínculos personales, favores y redes de confianza internas. Casos distintos, administraciones distintas, pero una misma lógica de funcionamiento. Y es que, durante décadas, los cargos de responsabilidad —ministerios, alcaldías, presidencias autonómicas, direcciones generales— han estado ocupados mayoritariamente por hombres. El acceso de las mujeres a la política llegó más tarde y su presencia en los círculos de decisión ha sido menor; en consecuencia, también su exposición a la corrupción.

 

Llegados a este punto, en los últimos años, parece que una lenta luz de transparencia se va abriendo camino en España y se está intentando mirar de frente a esa herida. La presión de los medios, el empuje de la sociedad civil y la creación de organismos de control —como las oficinas antifraude autonómicas o la legislación sobre financiación de partidos— han empezado a poner límites donde antes solo había oscuridad. Aun así, el país sigue sin una radiografía oficial de su pasado corrupto. Saber cuántos hombres y cuántas mujeres se sentaron en el banquillo no es un simple ejercicio de curiosidad: es una manera de entender cómo se ha construido el poder y quiénes han tenido acceso a él.

 

La democracia española ha sobrevivido a dictadores, crisis y escándalos. Pero la corrupción, más que un enemigo exterior, ha sido su sombra interior. El precio del silencio con el que durante años convivimos con la idea de que “todos roban” ha sido una resignación que ha erosionado la fe en lo público y normalizado la impunidad. Hoy, la sociedad exige algo más que transparencia: exige memoria. Porque solo cuando el país se atreva a contar —con nombres, fechas y cifras— la historia de su corrupción, podrá empezar de verdad a escribir la historia de su madurez democrática. Y entonces, solo entonces, quizá, las cifras dejarán de ser un misterio y se convertirán, por fin, en una lección.

La corrupción: la grieta más antigua del ser humano (I)

 

Hay palabras que nacen cargadas de destino. Corrupción es una de ellas. Viene de corrumpere: romper por completo, deshacer, pudrir. Ese origen etimológico no solo ilumina su significado, sino también su historia. Pues allí donde ha habido poder, recursos y seres humanos, la corrupción ha estado acechando. Es, quizás, el fenómeno moral más antiguo que conocemos, anterior incluso al primer relato, a la primera ley, al primer templo. Ya en Sumeria, hace más de cuatro mil años, los reyes debían dictar códigos para contener a jueces que vendían sentencias al mejor postor. En Egipto, está documentado que funcionarios como Pasu aceptaban sobornos bajo el amparo de la penumbra palaciega. Grecia y Roma elevaron la corrupción a categoría política, un cáncer capaz de derribar repúblicas y pervertir democracias.

 

Es decir, nada nuevo bajo el sol. No obstante, el hecho de que sea un fenómeno humano, demasiado humano, y tan antiguo, no significa que debamos aceptarlo resignadamente. Pues, si bien, la corrupción es inherente al ser humano no la justifica; simplemente la coloca en su sitio. Y no brota de la maldad abstracta, sino de tres pulsiones eternas de nuestra especie: la tentación del poder, la sed de beneficio y la capacidad de justificar lo injustificable. La combinación es explosiva: alguien ofrece, alguien acepta, y ambos, al hacerlo, abren una grieta por la que se escapa el bien común.

 

Dicho esto, aparece aquí, a mi modo de ver, una pregunta incómoda: ¿por qué se demoniza siempre al corrupto y casi nunca al corruptor? Tal vez porque, como el corrupto tiene rostro, cargo, firma y responsabilidad pública, es fácil señalarlo. El corruptor, en cambio, se pasea por los bordes: es un empresario, un intermediario, un benefactor interesado. Su delito es menos visible, su culpa más difusa. Culturalmente hemos castigado al que traiciona la integridad institucional, pero hemos suavizado al que, desde la sombra, tienta, presiona o compra. Sin embargo, creo yo que, si la corrupción es un acuerdo, no hay uno más culpable que el otro. No hay corrupto sin corruptor; no hay caída sin mano tendida.

 

En este contexto, al observar el mapa contemporáneo, me surge otra cuestión: ¿se corrompen más las sociedades occidentales desarrolladas que las orientales o las de menor desarrollo económico? Creo que no existe una respuesta única, pero sí tendencias claras. En muchos países asiáticos, especialmente los influidos por el confucianismo, la corrupción se percibe como una ruptura no solo legal sino cultural y familiar. Es un deshonor que afecta al individuo, al clan y a la memoria. En Occidente, en cambio, la ética pública ha evolucionado hacia la responsabilidad individual y la burocracia racional: la corrupción se concibe como un delito técnico, no como una deshonra vital. No es extraño, por tanto, que en algunas culturas orientales la sanción social sea más fuerte que la legal.

 

¿Y qué ocurre con los países muy desarrollados frente a los que no lo son? Pues, paradójicamente, la sofisticación tecnológica y económica crea nuevas formas de corrupción, más discretas, más técnicas, más difíciles de rastrear. No se entrega ya una bolsa de monedas: se otorga un contrato, se modifica una cláusula, se ajusta una licitación, se firma un informe, se financia un partido. En este sentido, cito, a título de ejemplo, algunos de los casos más sonoros y cercanos: “Caso ERE de Andalucía”, que afecto al PSOE, uno de los mayores casos por su volumen económico; “Caso Bankia”, fraude financiero y mala gestión bancaria que afectó, entre otros, a Rodrigo Rato y tuvo como consecuencia un multimillonario rescate público; “Caso Nóos”, un proceso muy simbólico por el impacto institucional y cuya consecuencia fue la condena y prisión para Urdangarin y Torres; “Caso Gürtel”, en cuya sentencia se mencionó la “caja B del Partido Popular”, lo que precipitó la moción de censura que llevó a la caída del gobierno de Rajoy en 2018. Sobre este punto, es pertinente indicar que todas ellas, que directamente nos han afectado e inquietan, son corrupciones elegantes, frías, ejecutivas. Mientras que en los países menos desarrollados sucede lo contrario: la corrupción es más evidente, más burda, más cercana al soborno directo. Pero eso no significa que sea mayor: solo que es menos sofisticada. La diferencia no es moral, sino técnica. A este respecto, cabe decir que la verdadera conclusión no es cómoda; ya que cuanto más compleja es una sociedad, más compleja se vuelve su corrupción.

 

Dicho en otras palabras. Es una lección que no aprendemos. Hemos luchado contra la corrupción durante milenios y seguimos perdiendo batallas. ¿Por qué? Quizá porque seguimos enfocando mal el problema: señalamos al corrupto como si fuera un ladrón aislado, pero ignoramos el ecosistema que lo permite. No analizamos los incentivos, las estructuras, las culturas empresariales, la tolerancia social, la impunidad, los silencios cómplices. Y es que la corrupción persiste porque siempre hay dos manos que se buscan… y una sociedad que mira hacia otro lado mientras no le afecte directamente. Pero el precio, al final, lo pagamos todos: en oportunidades perdidas, en instituciones debilitadas, en confianza erosionada. La corrupción es un ácido lento que no mata de inmediato, pero deshace la cohesión que sostiene una comunidad.

 

Tal vez sea hora de buscar un final posible. De cambiar la mirada dejando de pensar en el corrupto como un monstruo excepcional y comenzar a verlo como el producto más nítido de una sociedad que tolera demasiado, denuncia poco y se indigna solo a medias. Y de recordar que tan culpable es quien rompe la ley como quien le ofrece el martillo para hacerlo. La corrupción es humana, sí. Pero también lo es combatirla. Y ahí está el único antídoto ejemplarizante: reconocer que no hay redención posible mientras uno de los dos siga escondiéndose en la sombra. Porque la corrupción no es una lacra que aparece de repente: es la grieta que surge cuando la conciencia se rinde y el interés personal se sienta en el trono del bien común. Y esa rendición —hoy igual que hace cuatro mil años— siempre empieza en el silencio de los que miran hacia otro lado.

 

 

 

 

 

 

 

España, una contradicción, como regar un cactus de plástico

 

Pues sí, inconcebible es poco. Resulta que Sánchez, con su mera presencia, provoca urticaria política. Ay, si no existiera, Feijóo ya estaría entronizado en La Moncloa, como desean —con una devoción casi mística— las derechas y ultraderechas del reino, arropadas por la alfombra mullida de ciertos poderes económicos, empresariales y, por qué no decirlo, alguna toga demasiado parlanchina. Y claro, como el personaje molesta, hay que cercarlo por tierra, mar, aire… y hasta por el salón familiar si hace falta, y lo están haciendo.

 

Pero no nos engañemos: la responsabilidad no recae solo en quienes mueven los hilos, sino también en el propio “pueblo soberano”. Ese conjunto del que, aproximadamente, entre el 65 % y el 75 % del electorado español —son personas que, por sus ingresos, estabilidad laboral o tipo de empleo, forman parte de la llamada clase obrera o trabajadora— deberían tener muy claro quién defiende sus intereses. Y, sin embargo, ese enorme bloque social asiente y obedece, disciplinado como un coro bien entrenado, determinados mensajes y conceptos, de otros que les escriben la partitura. Y es que cuesta trabajo comprender que, en un país en el que a los votantes pensionistas se les han incrementado las pensiones un 15,1 % acumulado en solo tres años —2023, 2024 y 2025—, donde el aumento medio de los salarios de los trabajadores en activo, en ese mismo período, ha oscilado entre el 8 % y el 9 %, y tal y como indica el reciente anuncio del Gobierno, tras el acuerdo con los sindicatos, de una subida salarial para los funcionarios públicos —un colectivo de 3,5 millones de trabajadores— del 11 % entre 2025 y 2028, cifras que en cualquier otra nación desatarían celebraciones, aquí parezca que da igual; y muchos sigan votando a quienes les recortan derechos y desmontan conquistas sociales. Un fenómeno casi científico: ejercer el voto contra uno mismo, como quien riega un cactus de plástico esperando que florezca.”

 

Y, a todo esto, se suma un episodio que pasará a los manuales de anomalías jurídicas: la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió condenar al Fiscal General del Estado antes de redactar la sentencia, como quien anuncia primero el resultado del examen y ya después, si eso, corrige las preguntas. No es que importaran los fundamentos jurídicos, ni las pruebas, ni la motivación: lo esencial era la condena. La sentencia ya la escribirán cuando encuentren las palabras adecuadas para justificar lo que ya habían decidido. Un sistema judicial que actúa así no imparte justicia; más bien la interpreta, la acomoda y la exhibe como si fuera un trofeo o número de feria.

 

Quizá, en el fondo, seguimos viviendo en aquella guerra que nunca terminó del todo. Hay quien, herido en su nostalgia, cree que España le pertenece por derecho celestial, igual que otros reclaman tierras en Oriente Medio como si fueran herencias heredadas de Yahvé. Y mientras tanto, el pueblo —ay, el pueblo— se deja mecer por los mismos cuentos de siempre.

Cómo puede un obrero entregar su voto al señor que le recuerda, con una sonrisa de mármol, cuál es su sitio. En fin, país extraño el nuestro: poéticamente absurdo, satíricamente fiel a sus contradicciones. A veces da la impresión de que no avanzamos: solo repetimos, con leves variaciones, la misma partitura de siempre.

 

Y para rematar la faena, asistimos al milagro económico del siglo: España se convierte en uno de los países europeos donde más aumenta el empleo y más baja la desigualdad, pero el éxito no se celebra, porque hay quienes prefieren una mala noticia que les dé la razón antes que un dato que les lleve la contraria. Hay quien necesita un país enfermo para poder venderle la cura. Y, mientras tanto, los mismos que claman por la unidad nacional promueven el enfrentamiento constante, como si la crispación fuera un deporte olímpico. Se rasgan las vestiduras por la patria al tiempo que recortan aquello que sostiene a la patria real: derechos, servicios públicos, salarios dignos, y un mínimo de decencia en el debate político.

 

Quizá el problema no sea la falta de información, sino el exceso de comodidad. Al fin y al cabo, nada resulta más útil para los poderes fácticos que un ciudadano convencido de que pensar es una pérdida de tiempo. Y es que, como le oí, en mi juventud, decir en alguna ocasión a un querido y recordado profesor de filosofía del instituto de Ceuta, con más ironía que optimismo, “La libertad no se arrebata: se entrega envuelta en silencio”. Y así, entre resignaciones discretas y entusiasmos prestados, seguimos confundiendo paz con obediencia.

 

Y así continuamos, creyendo que la historia avanza mientras solo gira en círculos, maquillada con estadísticas y titulares. Tal vez algún día descubramos que el verdadero milagro español no es crear empleo, reducir desigualdad o mantener a flote la democracia, sino la capacidad casi sobrenatural de una mayoría para indignarse por lo que no le afecta y bostezar ante lo que le determina la vida. Hasta entonces, que nadie se alarme: todo bajo control. Los que mandan seguirán mandando, los que votan seguirán soñando, y España continuará interpretando su zarzuela infinita, afinada por los mismos de siempre. Curtain call.

 

 

La justicia al revés: premiado el culpable, condenado el FGE

 

El juicio al Fiscal General del Estado, Sr. García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. En su desarrollo, lo único que aparentemente ha quedado claro a mi modo de ver es el “contexto” de la causa; es decir, que no hay pruebas. Es más, no hay ni siquiera indicios. Tal vez, porque, en realidad, ese “contexto” se extiende mucho más allá de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha presidido el magistrado Andrés Martínez Arrieta, y se creó con una sola frase: “el que puede hacer que haga”.

 

Todo empezó con la nota de prensa de la APIF (Asociación Profesional Independiente de Fiscales) criticando la que previamente había publicado la Fiscalía Provincial de Madrid, en fecha 14.03.2024, desmintiendo los bulos de Ayuso y MAR, (Miguel Ángel Rodríguez) sobre quien había ofrecido el pacto de culpabilidad de Alberto González Amador. De inmediato, en cinco días, el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), utilizando el argumentario de aquella asociación de fiscales, puso una denuncia el 20.03.2024 ante el juzgado de instrucción correspondiente, al que se sumaría otra de la “Fundación Foro Libertad y Alternativa” (VOX, Hazte Oír) el 24.03.2024. Por otro lado, la querella de Alberto González Amador, por esa nota de prensa que entendía que era en contra de su honor y de su derecho de defensa, fue presentada casi dos meses después, concretamente, el 07.05.2024, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se dirigía contra los fiscales Julián Salto Torres, fiscal de delitos económicos de la fiscalía y, María Pilar Rodríguez Fernández, jefa de la Fiscalía provincial de Madrid.

 

Ante el revuelo mediático causado, el Fiscal General del Estado (FGE), que obviamente es aforado, reconoció el 11.06.2024, que dicha nota fue redactada previa autorización suya y con sus “instrucciones expresas y directas”. Solo entonces se formuló la denuncia del “S.C.F. Manos Limpias” (Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias) en fecha de 17.06.2024, y en virtud de la citada asunción extraprocesal de responsabilidad institucional por parte del Fiscal General del Estado, la Sala II del Tribunal Supremo decidió abrir una nueva instrucción el 15.10.2024 y encausar, al FGE y a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, para averiguar cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos electrónicos intercambiados por los Fiscales y el FGE, horas antes de dar publicidad a aquella nota informativa de 14.03.2024. Hecho éste de la filtración del correo electrónico que había recibido Julián Salto, fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid, el 02.02.2024 y que, de comprobarse cierto, podría ser considerado como un delito de revelación de secretos cometido por ambos encausados; es decir los citados anteriormente Álvaro García Ortiz, (FGE) y Mª Pilar Rodríguez Fernández, (FJPM).

 

A partir de ahí, el juez Ángel Luis Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que actúa como instructor de la causa abierta contra el (FGE) y los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, Julián Artemio Sánchez Melgar, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Andrés Palomo del Arco, instruyeron el sumario contra el FGE, y excluyeron de responsabilidad a la Fiscal Jefa Provincial, María Pilar Rodríguez Fernández. Finalmente, como es bien conocido y para no cansar al lector, cabe decir que a partir del 03.11.2025, siete jueces más han juzgado al Fiscal General del Estado, que ha acabado enfrentando a abogados, fiscales y jueces, organizados alrededor de intereses profesionales y políticos, y a “un ciudadano particular” que cuenta con el apoyo incondicional del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, presidido por su novia, Dña. Isabel Díaz Ayuso.

 

A mi entender, y aclarando ser lego en leyes, todo este encausamiento al FGE ha sido una farsa. Y conocido es que una farsa es siempre una farsa, y este juicio se ha convertido en una farsa que le ha explotado al Tribunal Supremo en plena cara por el deseo de que el Fiscal General del Estado dimitiera previamente de tan Alta Magistratura del Estado, antes de llegar a juicio, como único objetivo. Y lo peor de esta farsa es que el guión lo ha escrito un chapuzas, como parece ser el juez Ángel Luis Hurtado, con la colaboración del famoso sindicato Manos Limpias, el empuje del Partido Popular, la inestimable colaboración de MAR, ese señor que dice ser periodista sin serlo y, toda ella rematada por dos magistrados del Tribunal Supremo claramente adscritos ideológicamente al Grupo Popular. Uno de ellos, Eduardo de Porres, marido de Sagrario Fernández, quien ha sido activista vinculada al Partido Popular y que hizo campaña por el PP en las elecciones europeas.

 

Lo que late hoy en la opinión pública, tras el juicio y su desarrollo contra el Fiscal General del Estado, que ha generado un amplio eco mediático, con amplia cobertura por parte de la prensa escrita, los canales de televisión y los medios digitales, además de las redes sociales, que han sido un espacio activo para el debate público es, si el Tribunal Supremo se atreverá a una sentencia claramente prevaricadora, estando seguro de que otro tribunal de instancias europeas, como es el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo) o el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, la revocarían o bien optará por dejar con la toga al aire, entre otros, al Juez Instructor Angel Luis Hurtado y a los jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que siempre será algo menos lesivo que dejar en ridículo a la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo ha juzgado o a Doña María Isabel Perelló Doménech, que ostenta la Presidencia del Tribunal Supremo de España y, además  ocupa el cargo de Presidenta del Consejo General del Poder Judicial.

 

En definitiva, una situación de traca; pues, si los periodistas dicen la verdad, el FGE es inocente. Si se sabe a ciencia cierta que mienten: han de ser procesados por falso testimonio. Y, si no se sabe si mienten o no, significa que no se sabe dónde está la verdad, Y eso es más que una duda razonable para condenar a nadie. Y es que es una pena que el genial Berlanga no pueda asistirnos y hacernos reír filmando la historia histeriforme dentro del “contexto” de este desbarajuste proverbial, en el que han quedado grabadas suculentas declaraciones, entre otras:  " O me voy de España, o me suicido, vamos, es que me escapo", o “Es que tengo el pelo blanco, por eso intuyo", y esta otra, “Yo no me baso en fuentes porque no soy notario, soy periodista y trabajo en política”. Lo dicho, España, en “contexto”. Y, en ese mismo contexto llega la sorpresa de última hora: “El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado”, mientras quien cometió el delito acaba recibiendo compensaciones económicas. Un veredicto, adoptado con división interna entre los propios magistrados, que ha dejado al país perplejo, tras una inversión de la lógica y convierte el final de esta farsa judicial en un verdadero contrasentido: el castigo recae sobre quien denunció las maniobras, no sobre quien las protagonizó. España, siempre en su propio “contexto”. Tiempo al tiempo, veremos a ver qué opinan los Tribunales Europeos.