Maricarmen y la puerta que se cerró para siempre

 

Esta mañana, a las siete en punto, me he despertado con una noticia que anoche, en el informativo especial de La 1 de TVE, pronunciaba Pepa Bueno con la solemnidad de las malas noticias: “Maricarmen ha muerto”. Y he sentido algo difícil de explicar con palabras. No ha sido solamente tristeza. Ha sido una mezcla de dolor, impotencia, rabia y, sobre todo, una profunda sensación de fracaso colectivo como sociedad. Y es que hay puertas que se cierran con una llave y otras que se cierran para siempre. Y la de Maricarmen se cerró, no ayer, sino el pasado 23 de septiembre.

 

Tenía 87 años y había vivido 71 en aquella casa de Madrid. Allí estaba su vida: los años de juventud, los recuerdos, los ausentes, las fotografías, las pequeñas costumbres que convierten cuatro paredes en algo mucho más importante que una vivienda. Y un día tuvo que marcharse. La propiedad defendió sus derechos. Un juzgado dictó una resolución. La Policía ejecutó una orden. Las administraciones buscaron alternativas. Cada cual tuvo, probablemente, su explicación jurídica, administrativa o competencial. Y Maricarmen terminó saliendo de su casa en una camilla. Quizá esa imagen debería bastar para que nos hiciéramos una pregunta incómoda: ¿puede una sociedad hacer todo conforme a la ley y, sin embargo, comportarse de una manera tan profundamente inhumana? Porque aquí está el verdadero problema. No se trata de negar los derechos de la propiedad ni de cuestionar que los tribunales tengan que hacer cumplir las resoluciones. Tampoco de atribuir a nadie una muerte que médicamente no podemos atribuirle. Se trata de algo mucho más elemental: de preguntarnos si, ante una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo hogar, nadie fue capaz de encontrar a tiempo una solución que evitara aquella escena.

 

Y es que la ironía resulta casi insoportable. La solución llegó. Se alcanzó finalmente un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar. Pero llegó tarde. Murió ayer, 7 de octubre, en el hospital, quince días después de abandonar aquella casa, que fue su casa de toda la vida, a la que no pudo volver. La puerta quedó abierta para ella cuando ya no podía atravesarla. Y es que hay ironías que ningún escritor se atrevería a inventar. Ahora vendrán las declaraciones, las condolencias y los lamentos. Algunos descubrirán de pronto la enorme injusticia que supone perder una vivienda; otros explicarán que hicieron cuanto estaba en su mano; otros señalarán al adversario político como responsable de todos los males. Es el ritual habitual después de las tragedias: cuando ya no queda nada que solucionar, sobran quienes quieren explicar lo que habría debido hacerse. Pero la compasión después de la tragedia sale barata. Lo difícil era ejercerla antes. Cuando Maricarmen todavía estaba detrás de aquella puerta. Cuando aún podía negociarse. Cuando todavía existía tiempo para que la solución no fuese un epitafio. Tal vez por eso sería demasiado cómodo buscar un único culpable.

 

El caso de Maricarmen señala algo más grave: un sistema en el que cada engranaje puede afirmar que cumplió correctamente su función mientras, al final de la cadena, una persona vulnerable queda desamparada. La empresa puede decir que defendió su propiedad. El juez o la jueza, que aplicó la ley. La Policía, que cumplió una orden. La Administración, que ofreció alternativas. Los políticos, que no tenían determinada competencia. Y todos pueden tener parte de razón. Pero cuando todos tienen una explicación y una anciana acaba en una camilla fuera de la casa donde vivió 71 años, quizá lo que falta no es una explicación: es humanidad.

 

La ley es necesaria, sí. Sin ley no hay justicia. Pero una sociedad decente no debería conformarse con preguntar si algo es legal. También debería preguntarse si es razonable, si es proporcionado y, sobre todo, si es humano. Porque una vivienda puede ser un inmueble para quien figura en un registro. Para quien ha vivido allí durante 71 años puede ser otra cosa: el último territorio de su memoria. Y ese territorio Maricarmen lo perdió. No sabemos si el desahucio causó su muerte. No debemos convertir una tragedia en una acusación médica que nadie puede demostrar. Pero sí sabemos algo que debería avergonzarnos como sociedad: Maricarmen murió sin poder regresar a su casa. Y quizá esa sea la única sentencia que importa ahora. Una sentencia que no ha dictado ningún juzgado. La ha dictado la vida. Y no admite recurso.

 

Descansa en paz, Maricarmen. Tu casa ya no podrá recibirte. Pero quizá tu historia consiga algo que no consiguió todo el papeleo: obligarnos a mirar de frente la pregunta que nadie quiso hacerse a tiempo. ¿De qué sirve cumplir escrupulosamente la ley si, al final, hemos olvidado a la persona para la que debería existir la justicia?

Cuando la casa es un botín

 

Hay países que se miden por sus monumentos y otros por sus puertas. Una puerta cerrada con una anciana de 87 años en la acera, después de setenta años viviendo detrás de ella, dice más de un Estado que cualquier discurso solemne. Esa imagen, la de Maricarmen, ha sido la chispa. El combustible llevaba años almacenado en los cuartos oscuros de este país: alquileres que devoran sueldos, hipotecas imposibles y una juventud a la que se le ha enseñado a esperar sin decirle nunca qué. Y, mientras tanto, el Congreso de los Diputados ha vuelto a hacer lo que mejor sabe cuando la calle arde: contar votos en lugar de escuchar gritos. PP, Vox y Junts han decidido no apoyar los decretos de vivienda. La derecha ha hecho de la negativa una costumbre, y ya en abril, con 177 votos contra 166, hundió la prórroga de los alquileres. Dos meses de un alivio real para miles de familias quedaron convertidos en papel mojado.

 

Analicemos y empecemos hoy por el Partido Popular, que se ha especializado en señalar con el dedo a Moncloa. Es una coartada de cartón piedra. Las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas desde hace décadas, y el PP gobierna la mayoría de ellas, en solitario o con el concurso de Vox. Son ellas las que deciden sobre suelo, vivienda protegida, parque público y política urbanística. Quien tiene las llaves de la casa no puede quejarse de que no se abra la puerta. Si el modelo del PP funcionara, sus territorios serían oasis de alquileres razonables, y lo que hay son los mismos precios imposibles y las mismas colas de jóvenes ante la ventanilla de una emancipación que no llega. Y es que, reclamar “oferta” mientras se bloquea cualquier medida que proteja al inquilino es predicar la lluvia y vender paraguas. Y tumbar un decreto que habría evitado desahucios como el de Maricarmen, para ofrecer después una supuesta ley alternativa pensada para desalojar con más rapidez, no es política de vivienda. Es política de cerradura.

 

Junts merece capítulo aparte, porque su posición es la más difícil de explicar a quien duerme en el cuarto de su infancia a los treinta y cinco años. Se presenta como partido de país, defensor de la gente de Cataluña, y sin embargo vota una y otra vez con PP y Vox, sus teóricos rivales de manual, para dejar sin efecto medidas que protegían a los suyos. Habla de seguridad jurídica y de pequeños propietarios, argumentos que merecen respeto, pero los usa como una llave inglesa para bloquear todo lo demás, incluidos los frenos a los grandes tenedores. No se puede decir “paremos a los fondos buitre” y, a la hora de la verdad, dejar que los buitres sigan sobrevolando. La política del chantaje calculado, la del “ya negociaremos mientras tanto”, tiene un precio, y lo pagan quienes no pueden esperar. Porque esos buitres existen y no son una metáfora. Son fondos que compran bloques enteros como quien compra fichas de casino, que ven en un edificio una rentabilidad y en una familia un estorbo. Su aritmética es limpia y su conciencia, también, porque nunca ven la cara del desahuciado. Han convertido la necesidad más elemental, un techo, en una mercancía financiera, y la han hecho cotizar. Mientras unos cuentan beneficios, otros cuentan los días que les quedan en su casa. Esa indiferencia ante el dolor ajeno tiene un nombre que no necesita adjetivos: inhumanidad. Hay quien llama a esto mercado. Yo lo llamo saqueo con corbata.

 

Dicho esto, sería deshonesto eximir al Gobierno progresista. Ha hecho cosas: la Ley de Vivienda de 2023, medidas de protección a inquilinos, planes estatales. Pero ocho años de gobierno invitan a preguntarse si ha sido suficiente, y la respuesta que lleva la calle escrita en las pancartas es que no. Faltan vivienda pública a gran escala, un parque de alquiler asequible que no sea una promesa de legislatura y la valentía de plantar cara a los intereses que sí han sabido organizarse. Tampoco ayuda gobernar a golpe de decreto sin haber tejido antes las mayorías, para después lamentar que no estén. La necesidad de pactar es un dato de la aritmética, no una excusa. Quien ha tenido el poder durante tanto tiempo debe aceptar que parte del hartazgo también le apunta a él.

 

Y entre tanto, ellos. Los que han plantado sus tiendas en la Puerta del Sol y se han concentrado frente al Congreso. Treinta minutos de silencio absoluto y, después, el estallido: “¡Vergüenza, vergüenza!”. Ni un cristal roto, ni un insulto gratuito. Jóvenes que podrían no haberse resignado y han optado por el civismo más exigente, el de quedarse en la plaza hasta que alguien escuche. No piden privilegios. Piden algo tan antiguo como la civilización: un lugar donde vivir sin renunciar a vivir. Frente a la ceguera de los despachos, han dado una lección de ciudadanía que muchos de sus representantes no sabrían impartir.

 

Los políticos que hoy han votado en contra pasarán, como pasan las legislaturas. La memoria de quienes no pudieron pagar un alquiler, de quienes vieron cómo se hundía el hogar de su abuela, de quienes se marcharon a otra ciudad o a otro país por no encontrar un hueco aquí, no pasará tan deprisa. Una sociedad que deja a su juventud a la intemperie no merece llamarse sociedad: es, a lo sumo, un edificio con muchas ventanas iluminadas y nadie dentro que pueda permitírselo. Tal vez, todavía haya tiempo de abrir la puerta. Pero la plaza no se vaciará con discursos.

 

La imaginación que hemos perdido

 

Desde que el hombre aprendió a preguntarse por qué existía el mundo, comenzó también a inventar respuestas. No sabía de dónde venía el trueno, pero imaginó dioses que habitaban el cielo. No comprendía por qué el Sol desaparecía cada noche, pero creó historias sobre su viaje por las entrañas de la oscuridad. No sabía qué había después de la muerte, pero imaginó paraísos, infiernos, ríos que separaban dos mundos y dioses que pesaban las almas. No tenía las respuestas. Pero tenía algo que hoy parece habérsenos extraviado por el camino: imaginación.

 

El Homo sapiens ha sido, antes que nada, un animal capaz de inventar aquello que no podía conocer. Durante miles de años, cuando una pregunta se alzaba ante él como un muro, no retrocedía necesariamente ante su ignorancia. Saltaba el muro con la imaginación. Y así nacieron los mitos, las religiones, las leyendas, los dioses y aquellas maravillosas historias con las que nuestros antepasados intentaron convertir el misterio en algo habitable. No eran respuestas científicas. Naturalmente que no. Pero eran respuestas. Y aquí comienza nuestra paradoja.

 

La ciencia nos ha permitido conocer cosas que aquellos hombres ni siquiera podían imaginar. Hemos descubierto que la Tierra no es el centro del universo, que las estrellas son otros soles, que existen galaxias a miles de millones de años luz, que la materia está hecha de partículas, que el tiempo puede dilatarse y que nosotros mismos somos el resultado de una historia evolutiva que comenzó mucho antes de que existiera nuestra especie. Hemos ensanchado el territorio de lo conocido hasta límites que nuestros antepasados jamás hubieran podido concebir. Pero también hemos hecho algo extraño: hemos dejado cada vez menos espacio para inventar respuestas. Y, así, ante determinadas preguntas, nuestra respuesta actual es: No lo sabemos. Y añadimos, prudentemente: Todavía no tenemos una respuesta. Es una respuesta intelectualmente impecable. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano que parece haberse perdido en ella. Porque nuestros antepasados tampoco lo sabían. La diferencia es que ellos se atrevían a imaginarlo.

 

Nosotros hemos aprendido a distinguir admirablemente entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero hemos olvidado que, entre ambas cosas, existe un territorio inmenso llamado imaginación. ¿Qué había antes del universo? No lo sabemos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? No lo sabemos. ¿Tiene el universo un sentido? No lo sabemos. ¿Es nuestra conciencia algo que desaparecerá completamente cuando muera nuestro cerebro? No lo sabemos. ¿Estamos solos en el universo? No lo sabemos. Y desde el punto de vista científico, esa es, efectivamente, la respuesta correcta. Pero ¿por qué debería impedirnos imaginar? La ciencia hace bien en no convertir una hipótesis en una certeza. Nosotros, como seres humanos, podemos permitirnos una segunda respuesta: no lo sabemos, pero podemos imaginarlo. No propongo regresar a los tiempos en que el trueno era la voz de un dios o una enfermedad era el castigo de una divinidad. No se trata de sustituir la ciencia por la superstición. Se trata de preguntarnos si, al conquistar el conocimiento, hemos terminado desterrando la imaginación. Porque una cosa es afirmar que una historia es verdadera y otra muy distinta imaginar que podría serlo. Imaginar no significa engañarse. Imaginar es explorar.

 

Durante milenios, el hombre creó relatos para explicar lo inexplicable. Hoy poseemos una herramienta extraordinaria para descubrir qué es verdad y qué no lo es: el método científico. Pero hemos cometido el error de pensar que aquello que la ciencia todavía no puede responder debe quedar, simplemente, en blanco. Y no. Entre la certeza y la mentira existe un espacio maravilloso: la posibilidad. Y tal vez sea ahí donde debería vivir la imaginación. La ciencia es el barco que nos permite navegar por el océano de lo desconocido. Pero la imaginación es quien dibuja, antes de zarpar, las tierras que podríamos encontrar más allá del horizonte.

 

No es que hayamos dejado de imaginar: llevamos demasiado tiempo utilizando la imaginación para fabricar objetos y demasiado poco para fabricar respuestas. Y tal vez por eso resulta llamativo que las grandes religiones que todavía siguen proporcionando respuestas trascendentales a millones de seres humanos nacieran hace muchos siglos. El cristianismo lleva dos mil años hablando de salvación; el islam, casi mil cuatrocientos; el budismo de Siddhartha Gautama asoma ya desde hace dos mil quinientos, el judaísmo cerca de tres mil años y el hinduismo se pierde todavía más atrás, en un tiempo que supera los tres milenios. Después han aparecido nuevos movimientos religiosos, sí, pero rara vez han alcanzado la capacidad de construir una gran explicación universal comparable a aquellas antiguas narraciones. Y mientras tanto, la ciencia no deja de formular nuevas preguntas. Cada respuesta abre otra puerta. Cada puerta conduce a otra habitación. Y al fondo de cada habitación vuelve a aparecer una pregunta.

 

Lo verdaderamente extraordinario no es que no tengamos respuestas para todas ellas. Lo extraordinario es que, después de haber sido durante decenas de miles de años una especie que inventaba historias para enfrentarse al misterio, ahora parezcamos conformarnos con levantar los hombros y decir: No lo sabemos. Necesitamos recuperar aquella antigua facultad que hizo posible que un primate mirara hacia las estrellas y se preguntara qué eran. Porque la imaginación no nació para competir con la verdad. Nació para ir a buscarla. Y quizá, mientras la ciencia continúa avanzando hacia las respuestas, alguien debería seguir haciendo lo que nuestros antepasados hicieron durante miles de años: mirar hacia la oscuridad y atreverse a imaginar qué puede haber al otro lado.

Españoles a medias: la sombra que el Supremo ha proyectado sobre el voto

 

Hay decisiones judiciales que se leen con la razón y hay decisiones que se leen, además, con una punzada en el estómago. El auto adoptado el pasado 10 de septiembre por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, suspendiendo cautelarmente los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la que todos llamamos "Ley de Nietos", pertenece a esta segunda categoría. Se puede, y se debe, discrepar de un alto tribunal sin dejar de respetarlo; precisamente por eso escribo: porque el respeto a la institución no puede confundirse jamás con el silencio ante lo que, a mi juicio, es un despropósito jurídico de fondo.

 

Conviene decir, antes de nada, que no soy jurista, ni lo he sido nunca, y lo reafirmo como ya he hecho en otras ocasiones. Las referencias al ordenamiento jurídico que iré desgranando no nacen de una toga ni unas puñetas que no tengo, sino de las voces de juristas prestigiosos que he escuchado en emisoras de radio, leído en la prensa escrita y visto debatir en televisión. Hablo, pues, como ciudadano que piensa en voz alta, amparado en la libertad de expresión que la Constitución me reconoce, no como quien pretende sustituir al Tribunal.

 

La Mañana 30.09.2026

El Supremo no ha dicho que esas personas no sean españolas. No ha anulado ni una sola nacionalización. Lo que ha hecho, y ahí está la grieta, es reconocer la nacionalidad con una mano y, con la otra, arrebatar uno de sus atributos esenciales mientras dure la duda. Es como decirle a un hombre "usted es propietario de esta casa" y, acto seguido, cambiarle la cerradura "por precaución": la propiedad sigue siendo suya sobre el papel, pero la llave ya no le sirve. La Sala apoya su decisión, en primer lugar, en el incremento del CERA en 408.262 personas entre 2023 y julio de 2026, que califica de extraordinario. En segundo lugar, en la duda acerca de si la instrucción ministerial, al presumir el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955 sin exigir acreditación individual, se ajustó a lo dispuesto por la ley. Y, sobre todo, en el temor invocado bajo la fórmula clásica del periculum in mora (peligro en la demora), ante el riesgo de que un voto después declarado irregular ya no pueda deshacerse ni repararse el perjuicio causado. Son argumentos de apariencia técnica y hasta razonable. Pero la apariencia no siempre resiste el examen de fondo.

 

La Constitución, sin metáforas, en el artículo 13.2 vincula la titularidad de los derechos del artículo 23 a la condición de español. El artículo 23.1 reconoce a los ciudadanos el sufragio universal. Y el artículo 68.5 no se limita a reconocer ese derecho a los españoles residentes fuera de España: obliga al Estado a facilitarlo. No a tolerarlo. Sino a facilitarlo. Como han señalado estos días distintos constitucionalistas, el propio Tribunal Constitucional, en la STC 153/2014, declaró que el sufragio activo forma parte del contenido esencial del artículo 23.1: no una prerrogativa administrativa prescindible, sino el núcleo de la ciudadanía democrática. Aquí tropieza la resolución con su propia lógica interna: una cosa, perfectamente legítima, es fiscalizar si la instrucción que presumió el exilio de determinados ascendientes se ajustó a la ley. Y otra, bien distinta, es trasladar esa duda, sin resolver, directamente sobre el derecho fundamental de personas que ya son, hoy, jurídicamente españolas. Si la Administración erró al conceder, el camino natural es revisar el acto de concesión, no congelar sus consecuencias en el ciudadano que confió de buena fe en la palabra del Estado. Suspender el voto sin haber suspendido la nacionalidad es, permítanme la imagen, condenar al reo antes de concluir el juicio, aunque se le prometa que, si resulta inocente, se le devolverá la libertad ya perdida. Un acto provisional para el Tribunal e irreversible para el ciudadano que ve pasar unas elecciones que no vuelven. El artículo 14 no admite distinciones arbitrarias entre españoles, y sin embargo la medida dibuja tres categorías donde la ley solo reconoce una: el español de origen, que vota sin preguntas; el nacionalizado por la Ley de Nietos que reside en España, ajeno en la práctica a la suspensión; y el nacionalizado por la misma ley que reside en Buenos Aires o en México, al que se exige ahora volver a demostrar lo que el propio Estado ya certificó. Mismo reconocimiento de españolidad, distinto derecho de voto según el código postal.

 

Se me dirá que existe un argumento respetable en el otro platillo: el temor a votos que después no puedan deshacerse. No lo voy a caricaturizar. Pero ¿y el perjuicio inverso? Una elección perdida no se repite jamás para el que fue apartado de ella. El perjuicio irreparable corre en las dos direcciones, y no está claro que la balanza deba inclinarse por defecto del lado de la exclusión. Significativamente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron a la suspensión, defendiendo que la nacionalidad unida a la inscripción en el CERA comporta, sin más, el derecho de sufragio; y la magistrada Alicia Millán ha dejado constancia de su discrepancia en un voto particular que cuestiona que una cautelar pueda traducirse en la privación colectiva de un derecho fundamental antes de que exista sentencia sobre el fondo. No pretendo presentar mi posición como una verdad evidente: es una cuestión abierta y seriamente discutida dentro del propio Poder Judicial. Nada de esto implica negar al Tribunal Supremo el legítimo ejercicio de su función revisora, ni acusarle de mala fe. Pero el mandato constitucional no es neutro: no dice que el Estado podrá permitir el voto de los españoles en el exterior si las circunstancias lo aconsejan; dice que lo facilitará. Una medida que invierte la carga y exige a miles de personas volver a acreditar, papel en mano, una condición que el propio Estado ya certificó, no facilita: dificulta. Y cuando la duda recae sobre un derecho fundamental, la jurisprudencia constitucional aconseja resolverla a favor de la participación, no de la exclusión. Ser español no debería tener matices ni letra pequeña. O se es, con todas las consecuencias, o no se es, y entonces es la nacionalidad, no el voto, lo que debe discutirse en los tribunales. Miles de españoles del exterior esperan, con la nacionalidad en el bolsillo y la papeleta fuera de su alcance, a que la justicia recuerde, más pronto que tarde, que el sufragio se tiene o no se tiene.