Los documentos del 23F y la transición silenciada

 

Ayer, con la desclasificación oficial de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, sentí que algo se movía por fin, en el subsuelo de la memoria democrática española. No tanto por lo que esos papeles hayan y/o vayan a revelar —que también—, sino porque, a criterio de muchos historiadores y medios de comunicación social con los que comparto opinión, llegan tarde. Y es que aparecen y se revelan, el mismo día en el que uno de sus principales protagonistas, el teniente coronel Antonio Tejero, acaba de fallecer y cuando buena parte de la sociedad que vivió aquellos días empieza a desaparecer sin haber recibido todas las respuestas.

 

Este acontecimiento, lejos de cerrarse en sí mismo, me ha llevado, casi inevitablemente a otro recuerdo. A otro silencio, a otro documento enterrado durante décadas en nombre de la estabilidad, del consenso y de la famosa consigna de “no remover el pasado”. Me refiero al llamado Informe Petras. Un texto casi clandestino que hoy apenas circula fuera de ámbitos académicos o sindicales, pero que en él, se dice tanto o más sobre la Transición española como en los documentos ahora desclasificados. El autor de dicho informe fue el sociólogo estadounidense James Petras, fallecido el pasado 17 de enero de 2026, en Seattle, Washington, el mismo día que cumplía 89 años. Petras nunca fue un intelectual complaciente, sino todo lo contrario, uno de los mejores académicos del pensamiento sociológico crítico en el siglo XX. Y esa formación, unida a su trabajo de campo y a su compromiso político, marcó una trayectoria intelectual claramente orientada al análisis del poder, el imperialismo, las clases sociales y los movimientos populares a escala internacional, especialmente muy ligada a América Latina, Europa y, en particular, a España, donde su obra y sus análisis tuvieron un impacto notable en ámbitos académicos y sindicales.

 

A este respecto, Petras observó la Transición española con una lucidez incómoda y comprendió muy pronto que el relato triunfal de una democracia modélica ocultaba renuncias profundas, especialmente en el terreno social y económico. España salía de una larga y agotada dictadura franquista con una ciudadanía ávida de libertades, derechos y justicia social. En ese contexto, la victoria del PSOE y el liderazgo de Felipe González simbolizaron para muchos la promesa de una ruptura democrática real, y durante aquellos años iniciales, el discurso del PSOE conectó con una ciudadanía que confundió apertura política con emancipación real. Sin embargo, aquella promesa empezó a agrietarse pronto. Bajo un discurso moderno y progresista se consolidó un proyecto económico alineado con los grandes poderes financieros, que debilitó derechos laborales, desmontó sectores públicos estratégicos y convirtió a la socialdemocracia en gestora disciplinada del nuevo orden neoliberal. No se trata de una opinión a posteriori, puesto que en 1986, el propio Gobierno encargó a Petras un estudio para evaluar la evolución social del país desde la llegada del PSOE al poder. El resultado fue incómodo: precarización del empleo, deterioro de los indicadores sociales, pérdida de tejido industrial y aumento de la desigualdad. El informe fue pagado, pero nunca publicado. Se exigió su ocultación y los grandes medios guardaron silencio. Aun así, el texto sobrevivió. Circuló de mano en mano entre miembros del PSOE, de fábrica en fábrica, de universidad en universidad. El sindicato CGT lo difundió y denunció el impacto social de las privatizaciones masivas de empresas públicas vendidas a precio de saldo. Hoy sabemos que aquellas decisiones no fueron coyunturales: marcaron estructuralmente la economía española y ayudan a explicar la precariedad crónica que aún padecemos. Con el tiempo, ese silencio se convirtió en método. Felipe González acabó siendo, como diría más tarde Julio Anguita, “el gran manijero”: el político que logró que nada esencial cambiara mientras se desactivaba el conflicto social y se educaba a la ciudadanía en la resignación.

 

Por eso la desclasificación de los documentos del 23-F no es un hecho aislado. Comparte lógica y destino con el Informe Petras. Ambos fueron ocultados durante décadas porque se asumió que la verdad, si llegaba demasiado pronto, podía resultar peligrosa. La Transición no fue solo un proceso político; fue también una operación de control del relato, donde la información se dosificó y el silencio se presentó como virtud democrática. Petras entendió algo fundamental: las democracias no fracasan únicamente por los golpes de Estado, sino también por la normalización del engaño y la aceptación pasiva del silencio. Y esa convicción no se limitó a criticar la realidad española, pues su obra mantuvo siempre una coherencia internacionalista que lo llevó a analizar sin concesiones el poder global. De hecho, en 2006 publicó The Power of Israel in the United States, un libro en inglés dedicado a la activista Rachel Corrie, en el que denunciaba la influencia decisiva del lobby pro‑Israel en la política estadounidense. Aunque no existe una traducción oficial al español, blog's, múltiples reseñas y análisis en línea permiten colegir su tesis central: Petras describe cómo este poder actúa sobre la política exterior de Washington, moldeando decisiones estratégicas y respaldando acciones militares con consecuencias profundas. El texto, como otros de su obra, resultó incómodo y poco difundido, pero hoy sus advertencias suenan tristemente proféticas, a la luz de la tragedia que se vive en Gaza y otras zonas del planeta. De nuevo, Petras, dijo lo que muchos sabían y pocos se atrevían a afirmar públicamente.

 

Es por ello que, recordarlo ahora, cuando el Estado español empieza, aunque tarde, a abrir sus archivos del 23F, no es un ejercicio académico, sino una necesidad cívica. Porque, como advirtió Sófocles, “la peor desgracia no es la injusticia, sino acostumbrarse a ella”. Y esa costumbre, mucho más que cualquier documento clasificado, sigue siendo hoy el mayor riesgo de nuestra democracia.

 

Trump camino de la autocracia: el poder detrás del poder.

 

Tal y como relatábamos en el artículo anterior, las calles de Minneapolis y Saint Paul se convirtieron en el escenario de una escalada de violencia institucional que dejó muertos, detenciones masivas y una sociedad sacudida por el miedo. La actuación de agentes federales de inmigración, las muertes de civiles y la separación de familias no fueron hechos aislados, sino síntomas de una dinámica más profunda que ahora exige ser analizada: las implicaciones políticas de esta deriva y el poder que la sostiene. Es decir, corresponde ahora entender qué hay detrás de esa violencia y qué estructura de poder la impulsa desde la Casa Blanca.

 

En respuesta de ello, ante estos hechos inauditos y la ola de brutalidad, los ciudadanos de Minneapolis y Saint Paul, del Estado de Minnesota, han reaccionado y han sido el epicentro de las protestas más grandes y prolongadas contra semejante barbarie. Manifestaciones que incluyen marchas, vigilias, cierres de negocios y una huelga general estatal contra las operaciones del ICE. Unas marchas de protesta que comienzan a ser secundadas por otras grandes ciudades americanas como San Francisco y Los Ángeles en el Estado de California, Nueva York City, Boston, Filadelfia, Detroit y/o Portland, esta última en el Estado de Oregón, bajo el lema National Shutdown / ICE Out of Everywhere (Paro nacional / Que el ICE se vaya de todos lados).

 

La Mañana 11.02.2026

Todo esto ha provocado que el matonismo del presidente Trump, cuya lógica responde al pensamiento: “el mal es el bien”, y que solo respeta a los fuertes, comience a dar marcha atrás. Y así, ha sustituido a Gregory Bovino por Tom Homan, designado como border czar (zar de la frontera), un cargo de alto nivel directamente nombrado por el Presidente Trump para coordinar las políticas de inmigración y deportación a nivel federal. No obstante, no nos engañemos, lo más terrorífico es que Trump no está solo, sino que se encuentra rodeado de una enorme concentración de poder que incluye a los megamillonarios tecnológicos, las gigantescas corporaciones industriales y las poderosas multinacionales del petróleo, así como intereses políticos y financieros que influyen en cómo, cuándo y por qué se toman determinadas decisiones en la Casa Blanca, lo cual debería preocupar más a la opinión pública. Y, entre todos ellos destaca Peter Thiel, magnate de Silicon Valley, que combina capital financiero, influencia tecnológica y visibilidad mediática, lo que lo convierte en un actor clave en la política de Donald Trump. Y es que, desde 2016 ha sido uno de sus principales donantes, fortaleciendo redes de apoyo y posicionándose como poderoso influyente en decisiones sobre empleo, seguridad y políticas migratorias, promoviendo reformas basadas en su visión de “mérito tecnológico”.

 

Ese entramado de alianzas entre poder político, capital tecnológico y grandes intereses económicos no opera de forma visible en cada decisión, pero sí configura el marco dentro del cual esas decisiones se vuelven posibles, aceptables e incluso “necesarias” para ellos. La violencia institucional deja entonces de ser una reacción puntual y pasa a convertirse en una herramienta de gestión del conflicto social. Se normaliza el estado de excepción difuso, la vigilancia constante y la criminalización de los inmigrantes, con y sin papeles, así como del disenso. Y es que lo que está en juego ya no es solo una política migratoria, sino el propio modelo de relación entre Estado y ciudadanía. Cuando el poder se protege a sí mismo por encima de los derechos, la democracia empieza a vaciarse sin necesidad de ser abolida formalmente. Es, en ese desplazamiento silencioso, donde se incuban las transformaciones más profundas y peligrosas

 

En este contexto, es precisamente ese cruce entre poder desbocado, violencia institucional y desprecio por la dignidad humana, por el que se desliza Donald Trump, lo que alarma a muchos analistas políticos, académicos y observadores en Europa y Estados Unidos. Estos expertos, muestran su preocupación y afirman que hay una deriva autoritaria real en el comportamiento del Presidente de los EE.UU y sus efectos sobre la propia democracia americana. En este sentido, parece hoy más conveniente que nunca, mirar hacia donde la historia, una vez más, vuelve a hablarnos. Porque nada de lo que en la actualidad contemplamos es nuevo: ya los antiguos sabían que, cuando un líder se rodea de aduladores y ejecutores sin escrúpulos, el Estado entero se desliza hacia la barbarie. Y es que como escribió Tácito en sus Anales: “Cuanto más corrupto es un Estado, más numerosas son sus leyes”. Una sentencia que hoy resuena con una claridad insoportable; pues, cuando el poder se blinda a sí mismo, cuando multiplica normas, agentes del ICE y dispositivos para sostener su propia impunidad, no es la seguridad lo que crece, sino el miedo. Y frente a ese miedo, solo queda la “resistencia cívica” que los antiguos llamaban virtus; es decir, la defensa activa de la dignidad humana frente a cualquier forma de tiranía y barbarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregory Bovino: comandante en jefe de la Gestapo de Trump

 

Bovino, del latín bovinus, dícese de un mamífero rumiante cabestro, con la pistola en el estuche lista para su funcionamiento, el hocico ancho y desnudo y la inteligencia escasa. Un espécimen peinado a lo nazi, que viste como un nazi, se comporta como un nazi, habla y dice cosas como un nazi, y hace los gestos de un nazi. ¿Qué es este Bovino…? Tal vez solo sea un cobarde metido a desmontar toda la evolución cultural humana y cuyos principios están lo más potencialmente alejados de la dignidad con la que hemos ido tejiendo el horizonte utópico de la democracia. Un abrupto personaje de la peor calaña, venido a más por obra y gracia de su Jefe de la Casa Blanca y de los pobres ignorantes de ese país llamado Estadios Unidos, que alegre e ingenuamente eligieron Presidente a Donald Trump.

 

Todos los dictadores encuentras lacayos fascistas que llevan a cabo sus delirios. Y el presidente Trump lo ha encontrado en Gregory Bovino, su secuaz más visible. Un tipo duro, muy duro que ha ejercido el cargo de comandante de la Patrulla Fronteriza a cargo del operativo de ICE en Minneapolis. Un ICE (Immigration and Customs Enforcement,), que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una agencia federal de Estados Unidos dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada en 2003, y que, con su espeluznante estética neo SA, lleva camino de convertirse en los nuevos "Camisas pardas", el término que se aplicaba a las Sturmabteilung, las “Tropas de Asalto del Partido Nazi”, por llevar uniformes marrones/pardo. Son puro trumpismo: por su actitud violentos y por lo que hacen, inhumanos, racistas y supremacistas.

La Mañana 6.02.2026

 A este respecto, debe señalarse que tanto Bovino como sus nazis del ICE no han surgido de la nada, sino que han salido de las malas decisiones del Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de los EE.UU. Y, como en las peores distopías, en dicho país se ha empezado a morir por fuego amigo. Es lo que ha ocurrido en las calles de Minneapolis en estos pasados días y quizás ocurra nuevamente en ella o en otras ciudades americanas, en las que el “fuego "amigo" está en la propia casa. Y los que disparan no son unos locos a los que les gustan las armas, sino violentos y fanáticos norteamericanos que tirotean a otros norteamericanos, cuyas “armas” son teléfonos móviles y su traición es reclamar justicia para los perseguidos inmigrantes que en ese país trabajan. El objetivo del ICE no es detener a terroristas de Al Qaeda, a narcotraficantes u otros criminales, sino que es cualquier ciudadano que disienta de la barbarie imperante. Pues ellos, estos nuevos nazis, solamente escuchan, atienden y defienden, en exclusiva, al líder de la Casa Blanca, el único que tiene la verdad y la palabra.

 

El ICE está en Minneapolis, no por casualidad, sino porque desde finales de diciembre de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos inició una operación masiva de aplicación de leyes migratorias en Minnesota, especialmente en la zona metropolitana de su capital, Minneapolis, y de cercana Saint Paul, feudos del partido demócrata que, además, albergan una de las mayores poblaciones de inmigrantes provenientes principalmente de Somalia y México. Esta intervención, conocida como Operation Metro, es descrita por el DHS como el mayor despliegue de agentes federales para arrestar y deportar inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la presencia de miles de agentes de ICE y otras agencias federales, junto con el uso de tácticas agresivas y paramilitares en barrios, con detenciones masivas, ha derivado en hechos de violencia letal contra civiles. Así ha ocurrido en Minneapolis, en donde agentes del citado ICE dispararon y mataron a Renée Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, poeta, madre de familia y residente de en dicha localidad, que murió cuando fue asesinada por Jonathan Ross, un agente del Servicio del ICE, el pasado 7 de enero de 2026 mientras estaba dentro de su vehículo en una calle de Minneapolis durante un operativo migratorio. De manera similar, Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense también de 37 años, enfermero de cuidados intensivos y residente de Minneapolis, murió al ser abatido por los agentes federales del ICE Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, el 24 de enero de 2026, cuando estaba observando y grabando a los agentes, según testimonios y análisis de videos, que atestiguan el hecho de que no había sacado ni usado un arma que portaba antes de ser asesinado, pese a que oficialmente las autoridades alegaron defensa propia. En este mismo contexto, el 20 de enero, en la localidad de Columbia Heights (Minnesota), un suburbio de Minneapolis, agentes del ICE detuvieron al niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, convertido en todo un símbolo, junto con su padre, Adrian Conejo Arias, durante una operación de inmigración. Ambos fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, pero separados, hasta que el juez federal Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Occidental de Texas, dictó la orden para que fueran puestos en libertad de su detención por inmigración el sábado 31 de enero de 2026 y ejecutadas el domingo 1 de febrero de los corrientes.

 

(Continuará)

El fin del orden internacional basado en reglas ( II )

 

Tras constatar el colapso del orden internacional basado en reglas y la naturalización del abuso de poder como forma de gobierno, como señalaba en el anterior artículo, queda por abordar una cuestión más profunda y menos visible. No se trata solo de la vulneración de normas o tratados, sino de la transformación del marco moral que permite justificarlas. Ya que, cuando la transgresión deja de presentarse como excepción y comienza a asumirse como virtud, el problema ya no es únicamente jurídico o político, sino civilizatorio.

 

La desigualdad económica, el egoísmo feroz y el adoctrinamiento moral están acabando con nuestra civilización. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es la constatación de esta realidad ni la fragilidad del derecho internacional —algo ya conocido—, sino la naturalidad con la que su suspensión empieza a presentarse como un acto de higiene moral. En este nuevo relato, la fuerza deja de requerir legitimación jurídica y se reviste de una supuesta superioridad ética. Y es que, cuando la intervención se ampara en nociones difusas como “civilización”, “orden” o “seguridad”, el adversario deja de ser un actor político con derechos para convertirse en un residuo a eliminar. En ese punto se produce el desplazamiento decisivo: no se vulnera solo una norma, sino el lenguaje mismo que permitía distinguir entre poder y legitimidad.

 

Este desplazamiento no se produce de manera espontánea ni accidental. Requiere una pedagogía constante, un relato simplificado y emocionalmente eficaz que reduzca conflictos complejos a dicotomías morales elementales. En ese proceso, los medios de comunicación afines, las plataformas digitales y las redes sociales desempeñan un papel central, no tanto por la información que difunden como por la forma en que estructuran la percepción de la realidad. La reiteración de consignas, la deslegitimación sistemática del disenso y la exaltación de la fuerza como virtud política contribuyen a crear un clima en el que la excepción deja de percibirse como anomalía y pasa a ser entendida como necesidad.

 

La Mañana 26.01.2026

Y así, cuando este marco se consolida, el derecho ya no aparece como garantía frente al abuso, sino como obstáculo para la acción. La legalidad se asocia a debilidad, la deliberación a ineficacia y el pluralismo a desorden. De este modo, la suspensión de normas fundamentales no solo se tolera, sino que se celebra como signo de determinación y coraje. El daño más profundo no reside entonces en la infracción puntual, sino en la erosión de los criterios mismos con los que una sociedad distingue entre autoridad legítima y dominación arbitraria. La excepción deja de escandalizar y pasa a convertirse en método.

 

Este desplazamiento del derecho y del multilateralismo hacia formas de poder personalizadas no es una abstracción teórica, sino una dinámica ya visible en propuestas políticas concretas. Así, de hecho, Donald Trump ha propuesto la creación de un nuevo organismo internacional destinado a sustituir a las Naciones Unidas, al que se ha referido como la “Junta de Paz” o “Board of Peace” Esta iniciativa la ha presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, el pasado jueves 22 de los corrientes, y surge como una crítica directa a lo que Trump considera la lentitud e ineficacia de la ONU para gestionar y mediar en los conflictos globales. Según lo expuesto, el objetivo principal de la “Junta de Paz” sería actuar como un ente internacional más ágil y eficiente en la resolución de crisis internacionales y, para ello, se plantea una estructura mucho más reducida que la de la ONU. A diferencia del modelo multilateral tradicional, los miembros de este organismo no serán elegidos por votación entre los Estados, sino invitados directamente por Trump, que, además de autoproclamarse presidente de la organización, exige a los países interesados a pagar mil millones de dólares en efectivo para garantizar un puesto permanente dentro del consejo. En conjunto, se trata de una propuesta a la que no cabe otra opción que interpretarla como un intento de debilitar o desmantelar el multilateralismo tradicional que representa la ONU, sustituyéndolo por un sistema centralizado y controlado desde una sola figura de poder, la de Donald Trump.

 

En este contexto, la historia demuestra que estas mutaciones no debilitan únicamente a quienes son atacados, sino al sistema que dice defenderse. Los órdenes políticos que aceptan sacrificar sus principios en nombre de su preservación acaban perdiendo ambos. Y, Europa, lejos de ser una víctima colateral de este proceso, actúa con frecuencia como testigo complaciente, aceptando implícitamente que las reglas solo rigen mientras no incomoden al poder. Esa resignación, presentada a menudo como pragmatismo, constituye en realidad una renuncia consciente a la autonomía política y moral.

 

Por ello, conviene recordar la célebre reflexión de Karl Popper sobre la intolerancia, formulada en La sociedad abierta y sus enemigos. Popper advertía que la tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia misma, pues si una sociedad no se defiende frente a quienes son intolerantes, termina siendo destruida por ellos. De ahí que reivindicara, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Ignorar esta advertencia no es un gesto de prudencia ni de moderación, sino una claudicación. En un contexto en el que la fuerza se reviste de moralidad y el abuso se normaliza, renunciar a la defensa activa de los principios democráticos equivale, sencillamente, a facilitar su desaparición.