El fin del orden internacional basado en reglas ( II )

 

Tras constatar el colapso del orden internacional basado en reglas y la naturalización del abuso de poder como forma de gobierno, como señalaba en el anterior artículo, queda por abordar una cuestión más profunda y menos visible. No se trata solo de la vulneración de normas o tratados, sino de la transformación del marco moral que permite justificarlas. Ya que, cuando la transgresión deja de presentarse como excepción y comienza a asumirse como virtud, el problema ya no es únicamente jurídico o político, sino civilizatorio.

 

La desigualdad económica, el egoísmo feroz y el adoctrinamiento moral están acabando con nuestra civilización. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es la constatación de esta realidad ni la fragilidad del derecho internacional —algo ya conocido—, sino la naturalidad con la que su suspensión empieza a presentarse como un acto de higiene moral. En este nuevo relato, la fuerza deja de requerir legitimación jurídica y se reviste de una supuesta superioridad ética. Y es que, cuando la intervención se ampara en nociones difusas como “civilización”, “orden” o “seguridad”, el adversario deja de ser un actor político con derechos para convertirse en un residuo a eliminar. En ese punto se produce el desplazamiento decisivo: no se vulnera solo una norma, sino el lenguaje mismo que permitía distinguir entre poder y legitimidad.

 

Este desplazamiento no se produce de manera espontánea ni accidental. Requiere una pedagogía constante, un relato simplificado y emocionalmente eficaz que reduzca conflictos complejos a dicotomías morales elementales. En ese proceso, los medios de comunicación afines, las plataformas digitales y las redes sociales desempeñan un papel central, no tanto por la información que difunden como por la forma en que estructuran la percepción de la realidad. La reiteración de consignas, la deslegitimación sistemática del disenso y la exaltación de la fuerza como virtud política contribuyen a crear un clima en el que la excepción deja de percibirse como anomalía y pasa a ser entendida como necesidad.

 

Y así, cuando este marco se consolida, el derecho ya no aparece como garantía frente al abuso, sino como obstáculo para la acción. La legalidad se asocia a debilidad, la deliberación a ineficacia y el pluralismo a desorden. De este modo, la suspensión de normas fundamentales no solo se tolera, sino que se celebra como signo de determinación y coraje. El daño más profundo no reside entonces en la infracción puntual, sino en la erosión de los criterios mismos con los que una sociedad distingue entre autoridad legítima y dominación arbitraria. La excepción deja de escandalizar y pasa a convertirse en método.

 

Este desplazamiento del derecho y del multilateralismo hacia formas de poder personalizadas no es una abstracción teórica, sino una dinámica ya visible en propuestas políticas concretas. Así, de hecho, Donald Trump ha propuesto la creación de un nuevo organismo internacional destinado a sustituir a las Naciones Unidas, al que se ha referido como la “Junta de Paz” o “Board of Peace” Esta iniciativa la ha presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, el pasado jueves 22 de los corrientes, y surge como una crítica directa a lo que Trump considera la lentitud e ineficacia de la ONU para gestionar y mediar en los conflictos globales. Según lo expuesto, el objetivo principal de la “Junta de Paz” sería actuar como un ente internacional más ágil y eficiente en la resolución de crisis internacionales y, para ello, se plantea una estructura mucho más reducida que la de la ONU. A diferencia del modelo multilateral tradicional, los miembros de este organismo no serán elegidos por votación entre los Estados, sino invitados directamente por Trump, que, además de autoproclamarse presidente de la organización, exige a los países interesados a pagar mil millones de dólares en efectivo para garantizar un puesto permanente dentro del consejo. En conjunto, se trata de una propuesta a la que no cabe otra opción que interpretarla como un intento de debilitar o desmantelar el multilateralismo tradicional que representa la ONU, sustituyéndolo por un sistema centralizado y controlado desde una sola figura de poder, la de Donald Trump.

 

En este contexto, la historia demuestra que estas mutaciones no debilitan únicamente a quienes son atacados, sino al sistema que dice defenderse. Los órdenes políticos que aceptan sacrificar sus principios en nombre de su preservación acaban perdiendo ambos. Y, Europa, lejos de ser una víctima colateral de este proceso, actúa con frecuencia como testigo complaciente, aceptando implícitamente que las reglas solo rigen mientras no incomoden al poder. Esa resignación, presentada a menudo como pragmatismo, constituye en realidad una renuncia consciente a la autonomía política y moral.

 

Por ello, conviene recordar la célebre reflexión de Karl Popper sobre la intolerancia, formulada en La sociedad abierta y sus enemigos. Popper advertía que la tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia misma, pues si una sociedad no se defiende frente a quienes son intolerantes, termina siendo destruida por ellos. De ahí que reivindicara, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Ignorar esta advertencia no es un gesto de prudencia ni de moderación, sino una claudicación. En un contexto en el que la fuerza se reviste de moralidad y el abuso se normaliza, renunciar a la defensa activa de los principios democráticos equivale, sencillamente, a facilitar su desaparición.

 

El fin del orden internacional basado en reglas ( I )

 

Durante décadas, la hegemonía estadounidense se sostuvo no solo en su capacidad militar, sino también en la pretensión de encarnar algo más que el ejercicio desnudo del poder: un orden basado en reglas, instituciones y consensos. Ese marco ha llegado a su fin. Y, en consecuencia, asistimos hoy, de forma casi cotidiana y bajo una nueva gobernanza mundial dictada por Donald Trump, a la progresiva perversión de las normas que la comunidad internacional fue construyendo durante décadas. Instituciones hasta hace poco respetadas —como la ONU, el Tribunal Penal Internacional, diversos tratados internacionales o incluso órganos legislativos— son ignoradas o directamente vulneradas. El presidente de Estados Unidos actúa política y militarmente al margen del derecho nacional e internacional con desfachatez, impunidad y máxima publicidad. Lo hace ante nuestros ojos, generando, con la indispensable colaboración del Partido Republicano, de medios de comunicación y redes sociales afines o directamente controladas por él, la impresión de que dichas normas, lejos de garantizar valores democráticos, constituyen obstáculos para una acción ejecutiva presentada como eficaz. Sus acciones, ampliamente difundidas y celebradas, consolidan un nuevo orden que desmantela acuerdos fundamentales y degrada el derecho internacional a mera retórica prescindible.

 

Este proceso no puede entenderse sin atender a la naturaleza del liderazgo que lo impulsa. En los tiempos que corren, ha quedado meridianamente claro que muchos tiranos contemporáneos se legitiman mediante las urnas; no es necesario poner ejemplos, están a la vista de todos. Y, ese aval electoral, en el caso concreto de los EE.UU., ensamblado al inmenso poder económico, militar y tecnológico del país que gobierna, le permite proclamarse soberano absoluto del sistema internacional. Y es que el desprecio de Donald Trump por cualquier principio que sugiera mesura, cooperación o respeto comenzó a manifestarse desde los primeros días de su mandato, mediante ataques sistemáticos a los derechos humanos, a la estabilidad económica, a la limpieza informativa y a los propios fundamentos democráticos. Y de esta manera, la democracia queda así reducida a una carga burocrática, incompatible —según este discurso— con la eficacia del poder. De hecho, Donald Trump actúa como un autócrata y, a la luz del comportamiento del ICE, está allanando el camino hacia una forma de poder abiertamente dictatorial.

 

Desde esta lógica, su forma de gobernar resulta coherente con una concepción personalista y unilateral del poder. Trump no cuenta con nadie más que consigo mismo y, en algún caso, con su gabinete. Está dispuesto a convertir a los aliados europeos en vasallos, obligados a pagar el “diezmo arancelario” que se les imponga sin respeto alguno por las reglas vigentes. Nadie le marca límites, y tampoco intenta ocultarlo, pues desde su llegada a la Presidencia proclama abiertamente que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, tanto militar como económicamente. Esa premisa justifica, en su esquema mental, el recurso prioritario a la fuerza —como en el caso de Venezuela— y, posteriormente, a la coerción económica. Como viene realizando mediante presiones sobre Japón, Corea del Sur, la Unión Europea o los BRICS, buscando cortar vínculos con China, generar dependencia y, en última instancia, asfixiar estratégicamente al emergente y poderoso enemigo asiático.

 

Las consecuencias de esta política ya no son hipotéticas. Si hay una pregunta que atraviesa la historia de las sociedades es cómo se genera la prosperidad. Durante siglos se han ensayado respuestas diversas: la solidez de las instituciones, el papel del mercado, la inversión en capital físico y humano, o los distintos modelos fiscales. Es un debate central de las ciencias sociales y, todavía hoy, lejos de estar cerrado. Sin embargo, frente a esa complejidad histórica y teórica, la Administración Trump ha dejado claro que sus decisiones se sitúan por encima del derecho internacional y que será él quien dicte las reglas a partir de ahora. De hecho, la intimidación se está convirtiendo así en su principal herramienta y, en este escenario, Venezuela parece haber sido solo el primer objetivo, con Cuba en el horizonte inmediato y Groenlandia —rica en petróleo y recursos minerales estratégicos— presentada como un posible siguiente escenario, reducida a un problema de mera apropiación de recursos, pero con la retorica de que es vital para la Seguridad Nacional de EEUU. En este contexto, Europa destaca no por su resistencia, sino por su docilidad, aunque en estos últimos días parece vislumbrarse cierto cambio de actitud. No obstante, de momento, ha aceptado aranceles arbitrarios y agresiones a sus intereses, adoptando una política de apaciguamiento que recuerda inquietantemente a la seguida por Chamberlain frente a Hitler. La agresión contra Venezuela no solo vulnera el derecho internacional, sino que sienta un precedente que puede alentar a otras potencias a actuar del mismo modo en sus áreas de influencia, como Rusia en Ucrania o China respecto de Taiwán. Es por ello que, de persistir esta dinámica, el riesgo de una escalada global deja de ser una advertencia retórica.

 

(Continuará)

Irán frente al miedo: la resistencia que no se silencia (II)

 

En mi anterior artículo, vimos cómo la represión y el miedo intentan sofocar la voz del pueblo iraní. Pero esa misma resistencia sigue emergiendo y el futuro de Irán se presenta incierto. A este respecto, el liderazgo de la teocracia envejece y la transición hacia una nueva generación de dirigentes no garantiza un cambio real. Incluso con la posible sustitución del líder supremo por figuras más jóvenes o afines a intereses externos, el sistema sigue siendo profundamente autoritario y excluyente. El pueblo iraní se encuentra, por tanto, en una situación de vulnerabilidad, donde cualquier solución impuesta desde fuera solo puede ofrecer alivio temporal, sin atacar las raíces del problema: la falta de participación ciudadana, la ausencia de derechos políticos y la concentración del poder en manos de unos pocos.

 

La Mañana 21.01.2026

Lo que emerge de esta situación es una paradoja dolorosa: a pesar de la represión, de la censura y del miedo, la sociedad iraní mantiene viva la llama de la resistencia. La participación masiva de jóvenes, mujeres y colectivos urbanos muestra que la demanda de libertad y justicia sigue siendo una fuerza potente y creciente. Cada protesta es un recordatorio de que el descontento no se puede silenciar indefinidamente, y que la presión social, aunque reprimida, tiene su propio ritmo y fuerza.

 

En definitiva, la situación en Irán no se puede entender únicamente como un conflicto interno ni como una cuestión de seguridad internacional. Es una lucha profunda por la libertad, la dignidad y la participación política de un pueblo que ha soportado demasiados años de represión, tanto en la época del último Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlevi, como en el régimen actual del líder religioso y dictador iraní, el ayatolá Alí Jamenei. En este contexto, la comunidad internacional puede observar, analizar o intervenir por intereses estratégicos, pero el verdadero cambio depende del reconocimiento de la voluntad del pueblo iraní y de su derecho a decidir su propio futuro.

 

Mientras tanto, las calles permanecen llenas de quienes desafían al miedo y al silencio impuesto. Cada manifestación es un acto de resistencia frente a un sistema que ha intentado mantener el control absoluto. Y aunque la incertidumbre sea enorme, queda claro que el régimen ya no puede ignorar el descontento generalizado. Cuando un Estado necesita silenciar a todo un país para sostenerse, la legitimidad de ese Estado ya se ha resquebrajado.

 

Irán se encuentra, así, en un punto de inflexión: entre la opresión que busca perpetuarse y una sociedad que se niega a desaparecer en el silencio. El resultado de esta tensión definirá no solo el futuro político del país, sino también la capacidad de sus ciudadanos para reconstruir un proyecto social basado en la libertad, la igualdad y la justicia. Y mientras la represión trate de sofocar la voz popular, esa voz seguirá emergiendo, recordando que ningún régimen puede durar para siempre sobre la base del miedo.

 

En todo caso, a pesar de la censura, la represión y el miedo que intenta imponerse desde el poder, la sociedad iraní sigue alzando su voz. Las calles llenas de jóvenes y mujeres son un testimonio de que la determinación y la conciencia política no pueden ser sofocadas. Como advertía Séneca, “No nos domina el destino, sino nuestro miedo a él”, y en Irán, esa verdad se hace palpable: la fuerza del pueblo reside en su valor, en su capacidad de desafiar el terror y reclamar su derecho a la libertad. Mientras persista esa valentía, ningún régimen podrá sostener su hegemonía sobre la base del miedo; y aunque el futuro sea incierto, la esperanza de justicia y dignidad permanece, vibrante, en el corazón de cada manifestante.

 

 

Irán: entre la represión y la lucha por la libertad ( I )

 

Durante los últimos días, comunicarse con Irán se ha convertido en una misión casi imposible. El régimen ha impuesto un apagón casi total de internet y de las comunicaciones, intentando sofocar la visibilidad de unas protestas masivas que han devuelto al país al centro de la atención internacional. Pero el silencio impuesto no es una señal de calma, sino de miedo; es la evidencia de que el sistema gobernante siente que su legitimidad se tambalea. Y es que la situación en Irán ha ido mucho más allá de simples movilizaciones sociales. Las manifestaciones, iniciadas hace más de dos semanas, han adquirido un carácter insurreccional. La juventud, cansada de décadas de autoritarismo, sale cada noche a la calle. Ya no se trata solo de protestas contra la carestía de la vida o el desempleo: es un movimiento que busca cuestionar el mismo corazón de un sistema que ha mantenido a la población bajo un control férreo durante 46 años. Y, de momento, la combinación de represión, censura y violencia no ha logrado acallar a la sociedad; solo ha incrementado la determinación de quienes exigen un cambio profundo.

 

La Mañana 18.01.2026

La revuelta actual tiene unas raíces que se remontan a episodios anteriores, como la muerte de Mahsa Amini en 2022, cuya detención por llevar mal puesto el velo desencadenó protestas a nivel nacional. Entonces, y ahora, las mujeres han sido protagonistas, encabezando un movimiento que ha desafiado durante décadas los límites impuestos por un régimen que no ha dudado en usar la fuerza para mantener su autoridad. La represión sistemática ha generado miedo, sí, pero también una conciencia política aguda y muchos jóvenes se dan cuenta de que la vida bajo la República Islámica ha sido peor de lo que imaginaban y que las promesas de justicia social y soberanía han quedado frustradas.

 

Más allá de las calles, la estructura del poder iraní muestra la fragilidad y el control absoluto de la teocracia. El presidente es solo una figura decorativa; el verdadero poder reside en el Líder Supremo y en los Guardianes de la Revolución, que manejan la economía, los aparatos represivos y las instituciones clave del país. Esta concentración del poder convierte cualquier intento de reforma en un gesto simbólico, incapaz de transformar la realidad social y política. La ciudadanía no tiene herramientas efectivas para decidir su destino, y las fuerzas progresistas han sido prácticamente eliminadas. Y, además, el contexto económico agrava la situación. La vida cotidiana de los iraníes depende en gran medida de factores externos, como la fluctuación del valor del dólar en los mercados internacionales, y las sanciones y bloqueos internacionales han contribuido a un empobrecimiento generalizado. La desigualdad, el desempleo y la inflación se combinan con la represión política para alimentar un caldo de cultivo explosivo, en el que la frustración social se transforma en desafío abierto al poder establecido. Y, por si no fuera suficiente, Irán es también un tablero estratégico internacional. La posición geográfica del país, sus recursos energéticos y su relación con potencias como China y Rusia lo convierten en un objetivo de presión constante por parte de los EE.UU e Israel, su gendarme en Oriente Medio. Unos actores externos, cuya intervención, en apariencia, busca la estabilidad regional, pero que rara vez beneficia a la población iraní. Y es que, la historia demuestra que las potencias internacionales tienden a priorizar sus intereses estratégicos y económicos, sin atender las demandas de libertad y justicia del pueblo. La percepción de que cualquier cambio impuesto desde fuera no resolverá los problemas de fondo y se convierte, por tanto, en una preocupación legítima.

 

La fragilidad del régimen actual se evidencia en su necesidad de silenciar al país. Cortar las comunicaciones, controlar la información y manipular la narrativa son intentos de mantener la apariencia de control, pero al mismo tiempo reflejan una inseguridad profunda. La represión violenta de manifestantes y la censura no solo buscan frenar la disidencia, sino también enviar un mensaje al mundo: el poder del Estado está intacto. Sin embargo, esta estrategia muestra que el régimen teme perder su hegemonía frente a un pueblo que no está dispuesto a conformarse con meras reformas superficiales y que la represión, por intensa que sea, no ha logrado apagar la voz de quienes se niegan a aceptar el silencio.

 

(Continuará)