La sombra del árbol más alto

 

La política española se parece a veces a esos viejos bosques donde todos creen conocer el origen de cada sombra y, sin embargo, nadie ha visto jamás el instante exacto en que una rama comenzó a proyectarla. Cada cierto tiempo surge un escándalo que sacude la conversación pública. Entonces los ciudadanos levantan la vista y señalan el árbol más alto. Es humano. Y es que, cuando una tormenta arranca tejados, nadie se fija en los arbustos; todas las miradas buscan la copa que domina el horizonte. Así ocurrió con el rey Juan Carlos I. Durante años, al aflorar informaciones sobre su patrimonio o su vida privada, millones de españoles nos preguntamos cómo era posible que familiares, colaboradores, empresarios, políticos y periodistas no supieran nada. La duda parecía razonable. A ojos de la opinión pública, resultaba difícil imaginar que un círculo tan próximo permaneciera ajeno a aquello que, con el paso del tiempo, terminaría ocupando portadas y telediarios.

 

Algo parecido sucedió con los llamados papeles de Bárcenas. Una parte importante de la sociedad llegó a la conclusión de que determinadas explicaciones resultaban poco convincentes. ¿Era creíble que dirigentes de primer nivel desconocieran ciertos hechos? ¿Era plausible que se ignorase quién era M. Rajoy o que los recuerdos se evaporasen precisamente en los asuntos más comprometidos? Aquellas preguntas siguen formando parte del imaginario colectivo. Y otro tanto ocurrió con la Operación Kitchen. Durante años, ciudadanos de todas las sensibilidades políticas se formularon la misma cuestión: ¿cómo pudo desarrollarse una trama de semejante dimensión sin que los máximos responsables estuvieran informados? La sospecha era poderosa porque apelaba al sentido común. Sin embargo, los indicios y conjeturas no son una prueba. Los tribunales trabajan con evidencias; la opinión pública, con probabilidades. He aquí el corazón del problema.

 

La democracia moderna descansa sobre una tensión permanente entre lo que parece evidente y lo que puede demostrarse. Los ciudadanos contemplamos el paisaje desde la cima de la montaña; el juez lo examina grano a grano, como quien analiza cada piedra del camino. Ambos observan la misma realidad, pero utilizan instrumentos distintos. Esa diferencia resulta especialmente relevante en los momentos de máxima polarización. El magistrado José Antonio Martín Pallín ha advertido en numerosas ocasiones sobre los riesgos de sustituir las pruebas por las convicciones y de convertir la sospecha en sentencia anticipada. Del mismo modo, Baltasar Garzón, en su reciente reflexión La democracia amenazada, nos advierte sobre las peligros y desafíos que acechan a las democracias contemporáneas, insiste en la necesidad de preservar las garantías jurídicas incluso cuando la presión mediática o política empuja hacia conclusiones aparentemente obvias. Porque el Estado de Derecho fue concebido precisamente para protegernos de nuestras certezas más apresuradas. Y es aquí donde la actualidad de estos días vuelve a plantear un viejo dilema. Si durante años se ha sostenido que no era posible atribuir automáticamente a un jefe del Estado el conocimiento de todas las actuaciones de su entorno; si se ha defendido que no podía presumirse que un presidente del Gobierno conociera necesariamente todo cuanto ocurría en su partido; si se ha argumentado que la proximidad política no constituye por sí sola una prueba jurídica, entonces el mismo principio debe aplicarse a cualquier otro dirigente, con independencia de las simpatías o antipatías que despierte. Las reglas del juego democrático no pueden cambiar según el color del acusado.

 

Quizá resulte verosímil pensar que un líder sabe más de lo que admite. Quizá también resulte plausible lo contrario. Pero entre ambas posibilidades existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse borrar: la que separa la conjetura de la prueba. La historia está llena de palacios donde los reyes ignoraban intrigas gestadas en habitaciones contiguas. Está atestada de presidentes sorprendidos por actuaciones de ministros de confianza. Está repleta de empresarios que descubrieron demasiado tarde lo que ocurría en despachos situados a pocos metros del suyo. Y hasta en el entorno familiar, es abundante que esposas o maridos sean ignorantes de las infidelidades del otro cónyuge. Porque la proximidad física o política no garantiza el conocimiento. A veces lo favorece; nunca lo demuestra. Por eso conviene desconfiar de las conclusiones automáticas. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la política contemporánea se ha acostumbrado a juzgar antes de investigar y a condenar antes de escuchar. Pero la democracia no se fortalece cuando se sustituye la evidencia por la intuición. Se fortalece cuando exige para todos la misma vara de medir.

 

Y es que, al final, el árbol más alto seguirá atrayendo todas las miradas. Es inevitable. Lo importante es recordar que una sombra, por extensa que sea, nunca constituye por sí sola una prueba de quién encendió la luz ni de quién apagó la lámpara.

 

 

 

 

El gran teatro de la regeneración política

 

Hay algo profundamente conmovedor en contemplar al Partido Popular subir hoy al púlpito de la regeneración democrática con expresión severa de párroco escandalizado porque alguien ha robado el cepillo de la iglesia… mientras todavía asoman por debajo de la sotana los restos de décadas de escándalos. España asiste así a una de las representaciones políticas más extraordinarias de su democracia: el partido más golpeado por casos de corrupción erigiéndose en auditor moral del país. Es como contratar a un tiburón para vigilar un vivero de sardinas.

 

Porque sí, efectivamente, el PSOE acumula hoy titulares nauseabundos, sospechas, comisiones y un aroma cada vez más intenso de fontanería política. Nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede negar que la podredumbre vuelve a filtrarse, en esta ocasión, por las cañerías del poder socialista. Pero lo verdaderamente fascinante es contemplar al PP reaccionando con la indignación de una institutriz victoriana, como si sus propias décadas de corrupción hubiesen sido apenas una travesura juvenil o una confusión contable provocada por el calor. Y ahí aparece Alberto Núñez Feijóo avanzando hacia La Moncloa con solemnidad de cruzado dispuesto a liberar Jerusalén de los infieles de la corrupción socialista. Qué tranquilidad transmite saber que detrás de él se alza esa organización inmaculada que jamás tuvo nada que ver con sobresueldos, mordidas, adjudicaciones amañadas o tesoreros con cuentas en Suiza. El PP parece haberse transformado, milagrosamente, en una congregación de monjes cartujos especializados en ética pública.

 

Conviene, sin embargo, refrescar la memoria de este país tan propenso a la amnesia selectiva. Ahí están Gürtel, Púnica, Lezo, Taula, Brugal, Palma Arena, Kitchen, Bárcenas, Caja B y tantos otros casos que terminaron convirtiendo el mapa judicial del Partido Popular en una especie de catálogo permanente de corrupción institucional. De todos ellos, Gürtel fue probablemente la gran catedral barroca del soborno: adjudicaciones públicas convertidas en mercadillo privado y una maquinaria tan obscenamente engrasada que el propio Partido Popular acabó condenado como partícipe a título lucrativo. Una expresión jurídica elegantísima para decir que el partido se benefició económicamente de la fiesta.

 

Después apareció Luis Bárcenas, aquel tesorero de aspecto funerario que custodiaba los célebres papeles manuscritos con sobresueldos y anotaciones misteriosas. Entre ellas, el legendario “M. Rajoy”, criatura mitológica de nuestra política reciente. ¿Quién era exactamente aquel “M. Rajoy”? ¿Un monje trapense? ¿Un vendedor de percebes? ¿Una presencia ectoplasmática que flotaba por Génova repartiendo sobres entre las sombras? Mariano Rajoy siempre pareció poseer una extraordinaria capacidad para la evaporación burocrática: un hombre tan gaseoso que uno tenía la impresión de que podía desintegrarse en partículas administrativas al abrir demasiado rápido una ventana del Congreso. Y llegaron también los discos duros destruidos a martillazos en la sede nacional del partido. Aquella escena memorable donde hombres trajeados golpeaban ordenadores con el fervor de inquisidores medievales intentando expulsar demonios digitales. Faltaban únicamente las antorchas y un monje gritando en latín.

 

Y, por si todo ello resultara insuficiente, apareció la Operación Kitchen: las cloacas del Estado puestas presuntamente al servicio de la supervivencia política, hoy sentadas en el banquillo. Espiar a Bárcenas para recuperar documentación comprometedora fue una idea tan grotesca que incluso los guionistas de Netflix la habrían considerado excesiva. Y, sin embargo, pese a semejante historial, el PP comparece hoy ante los españoles revestido de pureza moral, señalando al PSOE con el dedo tembloroso de indignación patriótica. Uno escucha ciertos discursos sobre regeneración democrática y tiene la sensación de asistir a una conferencia sobre veganismo impartida por Hannibal Lecter.

 

Naturalmente, la corrupción no pertenece en exclusiva a ningún partido. España ha visto desfilar escándalos de distintos colores políticos. Pero existe una diferencia entre una mancha aislada y una estructura repetida durante décadas. Ahí las hemerotecas, las sentencias y los autos judiciales resultan bastante menos ideológicos que muchos tertulianos. Y quizá esa sea la tragedia de fondo. El PSOE tiene motivos sobrados para sentir vergüenza. Quienes llegaron prometiendo regeneración y ejemplaridad terminan hoy atrapados en mecanismos demasiado parecidos a aquellos que aseguraban combatir. Como si toda la historia reciente de España no hubiese servido absolutamente de nada. No obstante, resulta difícil no apreciar cierta comicidad involuntaria en el hecho de que el PP pretenda desalojar a Sánchez de La Moncloa como si fueran los Caballeros Blancos de la Honestidad, cuando en realidad avanzan sobre décadas de sumarios, financiaciones irregulares y corrupción sistémica.

 

Y así seguimos: atrapados entre unos que parecen no haber aprendido demasiado y otros que, sencillamente, impartieron el curso avanzado.

 

 

 

 

 

 

Esperpento fiscal: La patria en calzoncillos

 

Hay días en los que uno contempla la actualidad política y siente que vive dentro de una novela de Kafka escrita por los Hermanos Marx después de una cena regada con orujo del Bierzo. Y es que, cuando se juzgaba al Fiscal General del Estado se nos explicaba, con solemnidad de sacristía constitucional, que la Fiscalía tenía una estructura piramidal. Una pirámide casi egipcia, sólo que en vez de momias había tertulianos y en vez de jeroglíficos, filtraciones de la UCO a la prensa. Según aquella doctrina, el Fiscal General daba órdenes a los fiscales; y como al Fiscal General lo nombra el Gobierno, resultaba que el Gobierno era responsable último de cuanto respirara, tosiera o estornudara la Fiscalía. Conclusión: la Fiscalía no era independiente y Pedro Sánchez manejaba aquello como un director de orquesta en mitad del desfile del Primero de Mayo.

 

Pero ahora, milagrosamente, en el llamado caso Zapatero, la Fiscalía Anticorrupción empuja con entusiasmo digno de locomotora de carbón contra el ex presidente Zapatero, y entonces ocurre el prodigio teológico: la misma Fiscalía que ayer era un apéndice gubernamental hoy parece una congregación de monjes cartujos aislados del mundo y guiados únicamente por la luz celestial de la imparcialidad. Y la UDEF, como una congregación de piadosos miembros de la Policía Nacional, cuyo jefe es el ministro Marlaska, aparece como el topo que actúa de brazo ejecutor de la patriótica oposición que intenta tumbar al Gobierno.

 

Yo, humildemente, intento seguir el razonamiento, pero me pierdo como aquella vez en Amberes, cuando, siendo Director de la Casa de España, organicé una recepción institucional para un supuesto agregado cultural que resultó ser un señor de Albacete que llevaba tres meses viviendo en el puerto dentro de una caravana y al que todos trataban de “excelencia” porque usaba pajarita y fumaba en boquilla. Recuerdo que acabamos brindando por la amistad hispano-belga mientras el individuo intentaba vender jamones “de importación diplomática” a los nacionales emigrantes españoles que vivían en la ciudad. Aún hoy sospecho que aquel hombre pudo haber sido ministro en algún gobierno autonómico de la época.

 

O en aquella otra ocasión, también en Amberes, en la que organicé un acto cultural para promover la lengua y la cultura españolas contando con la presencia del cantautor leonés Amancio Prada, que se presentó en mi despacho casi vestido como un minero, con una chaqueta de pana gastada, una bufanda oscura y unas botas cubiertas de barro, y al que confundí inicialmente con un duro emigrante asturiano residente en la ciudad, que venía a reclamar subsidios atrasados, algún certificado consular o a denunciar una conspiración contra la minería berciana. Recuerdo incluso que le indiqué, con toda solemnidad burocrática, la ventanilla equivocada mientras él me observaba en silencio con una mezcla de paciencia evangélica y discreta ironía. Finalmente, tras presentarse él y subsanar yo mi error inicial —y no sin sentirme yo mismo como un ujier extraviado en una novela de Delibes—, me encontré con una persona de exquisito rigor intelectual y de una extraordinaria sensibilidad poética, espiritualidad y misticismo; alguien que hablaba de la poesía española como quien comenta confidencias escuchadas directamente al viento de los monasterios. Tanto fue así que su concierto al día siguiente, en la sala noble de la citada Casa de España, accionando lentamente la manivela de aquel extraño instrumento medieval, la zanfoña, con la solemnidad de un abad cisterciense poseído por el espíritu de la poesía castellana y con su voz melodiosa, dejó hipnotizados a embajadores, cónsules y asistentes belgas y españoles con su elegancia austera y un magnetismo sereno al musicalizar a grandes nombres de nuestras letras, desde San Juan de la Cruz y Rosalía de Castro hasta Federico García Lorca o Agustín García Calvo. Hubo un momento particularmente emotivo en el que varios diplomáticos flamencos, que apenas entendían el castellano, permanecieron inmóviles y en absoluto silencio mientras Amancio Prada entonaba unos versos del Cántico espiritual, sin saber muy bien si habían asistido a una audición de poesía mística o a la fundación de una pequeña secta, patrocinada por los ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura españoles. Y todavía, también recuerdo, a un veterano sindicalista gallego del barrio portuario secándose discretamente las lágrimas con una servilleta del catering. Al terminar el concierto, alguien comentó que aquello no había parecido un recital, sino una antigua ceremonia medieval celebrada en mitad de una Europa demasiado moderna, y confieso que, por una vez, me pareció una exageración completamente justa.

 

Y, siguiendo la misma lógica jurídica que ahora nos ilumina, empiezo a preocuparme seriamente por mi situación patrimonial. Porque, claro, aquel valioso anillo que compré en Suiza y que yo regalé a mi mujer cuando era Director de la ALCE de Lausanne… ¿qué naturaleza jurídica tenía realmente? ¿Obsequio sentimental? ¿Transferencia opaca de afectos? ¿Incremento patrimonial susceptible de declaración? Empiezo a pensar que quizá debí entregarlo a Patrimonio Nacional junto al inventario de los tapices y las cucharillas oficiales de la sede. No descarto que cualquier mañana aparezca la UDEF analizando fotografías antiguas de mi esposa para verificar si el anillo excedía los límites permitidos por el Reglamento Europeo de “Joyería Emocional”. Y peor aún es lo de los calzoncillos que ella me regaló hace años. Porque jamás declaré aquel evidente aumento de mi patrimonio textil. Durante décadas he vivido en la más absoluta irregularidad fiscal sin saberlo. Cada vez que abro el cajón de la ropa interior siento el mismo escalofrío que debía de sentir Al Capone al oír pasos en la escalera.

 

Así que aquí vivo ahora, pendiente del timbre de la puerta, esperando que en cualquier momento irrumpa un comando de Hacienda para requisarme unos bóxers y abrir diligencias por enriquecimiento indebidamente elástico. Y es que la Patria siempre acaba entrando por los cajones o atributos más íntimos. Porque, al fin y al cabo, como habría dicho Ramón del Valle-Inclán, ciertos políticos españoles, tal vez, sean una deformación grotesca de la civilización europea

Elecciones: cuando la razón no vota

 

Las urnas tienen a veces la desconcertante costumbre de parecerse al mar: desde la orilla todo parece comprensible, incluso previsible, pero basta internarse unos metros para descubrir corrientes invisibles que empujan en dirección contraria a la lógica de quien observa. Eso mismo vuelve a suceder tras los resultados de las elecciones andaluzas de ayer. Andalucía ha hablado, sí, pero no todos entienden lo que ha querido decir. Y es que hay victorias políticas que se explican con facilidad y derrotas que admiten análisis razonables. Sin embargo, existen también resultados que dejan en el aire una sensación de extrañeza, casi de perplejidad moral. Y esta vez, para muchos ciudadanos progresistas, entre los que me incluyo, cuesta comprender cuáles son exactamente los criterios que manejan determinados electores a la hora de depositar su voto.

 

Resulta difícil asimilar y justificar que una parte importante de la ciudadanía castigue electoralmente al PSOE y al actual Gobierno Central cuando, desde 2023, millones de jubilados han visto incrementadas sus pensiones en más de un 18%. No se trata de una promesa escrita en un cartel electoral ni de un eslogan repetido en un mitin. Se trata de dinero real llegando cada mes a hogares donde muchas veces la pensión sostiene no solo a quienes la reciben, sino también a hijos y nietos atrapados en la precariedad. Ese aumento ha supuesto alivio, dignidad y seguridad para cientos de miles de familias españolas. Y no solo eso, sino que, durante estos años se han aprobado, entre otras, reformas laborales destinadas a reducir la temporalidad, mejoras en el sistema de pensiones, avances en igualdad y medidas de protección para colectivos vulnerables. Son decisiones de profundo impacto social que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Puede discutirse su alcance, criticarse su ejecución o cuestionarse su eficacia parcial, porque toda acción política admite debate. Lo que cuesta comprender es que todo ello parezca evaporarse en la memoria colectiva como el agua sobre la piedra caliente.

La Mañana 27.05.2026

 Especialmente desconcertante resulta que el castigo político venga derivado de la Ley de Amnistía, aprobada en mayo de 2024 y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional. Una norma concebida para cerrar judicialmente el conflicto derivado del procés catalán y facilitar la normalización institucional. Se podrá estar de acuerdo o no con ella —y es legítimo disentir—, pero sorprende observar hasta qué punto ha sido utilizada como arma de desgaste contra el Gobierno progresista. Y, del mismo modo, también parece haber pesado electoralmente el hecho de que, para conformar una mayoría parlamentaria progresista, el PSOE aceptara el apoyo de una determinada fuerza política del País Vasco, cuya mera participación en los acuerdos de investidura continúa generando rechazo en una parte significativa del electorado.

 

Y, sin embargo, al mismo tiempo, amplios sectores de la ciudadanía, acepta con absoluta naturalidad los pactos con VOX y la entrada de la extrema derecha en instituciones autonómicas. Y ahí es donde surge una pregunta inevitable, incómoda y profundamente inquietante: ¿qué mecanismo de selección moral opera hoy en la conciencia pública para considerar intolerable una ley de reconciliación política y, en cambio, perfectamente asumible la presencia de una fuerza ultraderechista en el poder? Y es que, a veces, da la impresión de que la sociedad hubiese sido alcanzada por una extraña epidemia de amnesia histórica. Como si algunos hubieran olvidado lo que la extrema derecha representó en Europa durante el pasado siglo y lo que todavía hoy representa allí donde consigue avanzar: recortes de libertades, discursos de exclusión, desconfianza hacia la diversidad y una concepción áspera de la convivencia democrática. Quizá el problema resida en que la política contemporánea ya no se decide únicamente en el terreno de los hechos, sino en el de las emociones. Y las emociones, alimentadas a diario por la crispación, las redes sociales y la simplificación permanente del debate público, terminan pesando más que las cifras, las leyes o las mejoras objetivas en la vida de las personas.

 

Andalucía ha votado, como anteriormente lo hicieron Extremadura, Aragón y Castilla León. Y toda decisión democrática merece respeto. Pero respetar el resultado no obliga a renunciar al derecho a la incomprensión. Pues hay ocasiones en las que uno contempla el mapa electoral como quien observa un reloj detenido: las agujas siguen moviéndose, pero el tiempo parece ir hacia atrás. Tal vez sea porque al final, las urnas no siempre premian la coherencia ni la memoria. A veces simplemente reflejan ese extraño territorio humano donde las convicciones pesan menos que las emociones y donde la razón, demasiadas veces, llega tarde al momento de votar. Debo ser muy ingenuo.