La corrupción en España: un poder de hombres.(II)

 

España cumple ya casi cinco décadas de democracia, pero sigue sin una radiografía completa de su lado más oscuro: la corrupción política. Desde los primeros años de la Transición hasta nuestros días, los casos de fraude económico, malversación y cohecho han acompañado la historia institucional del país como una persistente enfermedad moral. Y, sin embargo, no existe un registro oficial que permita saber cuántos políticos han sido imputados o condenados por delitos de corrupción desde 1978. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado han publicado nunca un listado sistemático con esos datos. A la ausencia de cifras se suma una confusión semántica: hasta 2015 hablábamos de imputados, hoy la ley los llama investigados, un cambio que fragmenta todavía más el rastro estadístico.

 

Ante ese vacío, han sido los investigadores, los periodistas y algunas plataformas ciudadanas quienes han reconstruido el mapa de la corrupción. La base de datos pública “Casos Aislados” recoge más de 8.000 nombres de cargos públicos implicados en procesos judiciales por delitos económicos. Estudios académicos que analizan el periodo 2000–2020 confirman la magnitud: miles de causas abiertas, más de 1.600 procesos activos solo en 2013, y un número aún mayor de implicados. En este contexto, según los análisis periodísticos y académicos más recientes, entre el 15% y el 25% de los implicados o condenados son mujeres. Es decir, por cada mujer hay al menos cuatro hombres involucrados en delitos de corrupción. Y si aplicamos esa proporción a los más de 8.000 nombres registrados en bases públicas, el resultado es tan simple como elocuente: unos 6.500 varones frente a 1.600 mujeres. A este respecto, al revisar esos datos emerge un patrón que apenas ha variado con el tiempo: la corrupción política en España tiene rostro de hombre. Y es que, casi medio siglo de democracia revela un patrón constante: la mayoría de los políticos imputados o condenados por fraude económico son varones. No hay registro oficial, pero las cifras disponibles dibujan un retrato elocuente del poder y su sombra. De hecho, de los años del pelotazo a las comisiones del urbanismo milagroso, de los papeles de Bárcenas a los ERE andaluces, los nombres cambian, pero el perfil se repite: hombres de partido, curtidos en los despachos, cercanos a las constructoras y a los favores. Y es que las grandes tramas de corrupción han sido, en muchos casos, clubes masculinos de poder. Redes de influencia tejidas entre despachos, cenas discretas y silencios compartidos. Un sistema de lealtades que, más allá de la ideología, reproduce un modelo de masculinidad institucional: la del que manda, protege y cobra por proteger. Por eso la corrupción no es solo un delito económico. Es también una forma de entender el poder, un espejo donde se reflejan las jerarquías, los silencios y las complicidades de una época. No obstante, los datos, lejos de apuntar a una supuesta superioridad ética femenina, reflejan algo más estructural: el espejo del poder. Y ese poder en España ha sido, históricamente, masculino. En este sentido, los ejemplos más recientes no hacen sino reafirmar esa tendencia histórica. Tanto en la trama que salpica al entorno del exministro José Luis Ábalos —en la que figuran investigados como Koldo García y Santos Cerdán — como en la investigación judicial abierta en Almería que afecta al expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, al exvicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, se observa el mismo patrón: estructuras de poder ocupadas mayoritariamente por hombres y protagonizadas por vínculos personales, favores y redes de confianza internas. Casos distintos, administraciones distintas, pero una misma lógica de funcionamiento. Y es que, durante décadas, los cargos de responsabilidad —ministerios, alcaldías, presidencias autonómicas, direcciones generales— han estado ocupados mayoritariamente por hombres. El acceso de las mujeres a la política llegó más tarde y su presencia en los círculos de decisión ha sido menor; en consecuencia, también su exposición a la corrupción.

 

Llegados a este punto, en los últimos años, parece que una lenta luz de transparencia se va abriendo camino en España y se está intentando mirar de frente a esa herida. La presión de los medios, el empuje de la sociedad civil y la creación de organismos de control —como las oficinas antifraude autonómicas o la legislación sobre financiación de partidos— han empezado a poner límites donde antes solo había oscuridad. Aun así, el país sigue sin una radiografía oficial de su pasado corrupto. Saber cuántos hombres y cuántas mujeres se sentaron en el banquillo no es un simple ejercicio de curiosidad: es una manera de entender cómo se ha construido el poder y quiénes han tenido acceso a él.

 

La democracia española ha sobrevivido a dictadores, crisis y escándalos. Pero la corrupción, más que un enemigo exterior, ha sido su sombra interior. El precio del silencio con el que durante años convivimos con la idea de que “todos roban” ha sido una resignación que ha erosionado la fe en lo público y normalizado la impunidad. Hoy, la sociedad exige algo más que transparencia: exige memoria. Porque solo cuando el país se atreva a contar —con nombres, fechas y cifras— la historia de su corrupción, podrá empezar de verdad a escribir la historia de su madurez democrática. Y entonces, solo entonces, quizá, las cifras dejarán de ser un misterio y se convertirán, por fin, en una lección.