La justicia al revés: premiado el culpable, condenado el FGE

 

El juicio al Fiscal General del Estado, Sr. García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. En su desarrollo, lo único que aparentemente ha quedado claro a mi modo de ver es el “contexto” de la causa; es decir, que no hay pruebas. Es más, no hay ni siquiera indicios. Tal vez, porque, en realidad, ese “contexto” se extiende mucho más allá de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha presidido el magistrado Andrés Martínez Arrieta, y se creó con una sola frase: “el que puede hacer que haga”.

 

Todo empezó con la nota de prensa de la APIF (Asociación Profesional Independiente de Fiscales) criticando la que previamente había publicado la Fiscalía Provincial de Madrid, en fecha 14.03.2024, desmintiendo los bulos de Ayuso y MAR, (Miguel Ángel Rodríguez) sobre quien había ofrecido el pacto de culpabilidad de Alberto González Amador. De inmediato, en cinco días, el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), utilizando el argumentario de aquella asociación de fiscales, puso una denuncia el 20.03.2024 ante el juzgado de instrucción correspondiente, al que se sumaría otra de la “Fundación Foro Libertad y Alternativa” (VOX, Hazte Oír) el 24.03.2024. Por otro lado, la querella de Alberto González Amador, por esa nota de prensa que entendía que era en contra de su honor y de su derecho de defensa, fue presentada casi dos meses después, concretamente, el 07.05.2024, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se dirigía contra los fiscales Julián Salto Torres, fiscal de delitos económicos de la fiscalía y, María Pilar Rodríguez Fernández, jefa de la Fiscalía provincial de Madrid.

La Mañana 25.11.2025

 

Ante el revuelo mediático causado, el Fiscal General del Estado (FGE), que obviamente es aforado, reconoció el 11.06.2024, que dicha nota fue redactada previa autorización suya y con sus “instrucciones expresas y directas”. Solo entonces se formuló la denuncia del “S.C.F. Manos Limpias” (Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias) en fecha de 17.06.2024, y en virtud de la citada asunción extraprocesal de responsabilidad institucional por parte del Fiscal General del Estado, la Sala II del Tribunal Supremo decidió abrir una nueva instrucción el 15.10.2024 y encausar, al FGE y a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, para averiguar cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos electrónicos intercambiados por los Fiscales y el FGE, horas antes de dar publicidad a aquella nota informativa de 14.03.2024. Hecho éste de la filtración del correo electrónico que había recibido Julián Salto, fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid, el 02.02.2024 y que, de comprobarse cierto, podría ser considerado como un delito de revelación de secretos cometido por ambos encausados; es decir los citados anteriormente Álvaro García Ortiz, (FGE) y Mª Pilar Rodríguez Fernández, (FJPM).

 

A partir de ahí, el juez Ángel Luis Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que actúa como instructor de la causa abierta contra el (FGE) y los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, Julián Artemio Sánchez Melgar, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Andrés Palomo del Arco, instruyeron el sumario contra el FGE, y excluyeron de responsabilidad a la Fiscal Jefa Provincial, María Pilar Rodríguez Fernández. Finalmente, como es bien conocido y para no cansar al lector, cabe decir que a partir del 03.11.2025, siete jueces más han juzgado al Fiscal General del Estado, que ha acabado enfrentando a abogados, fiscales y jueces, organizados alrededor de intereses profesionales y políticos, y a “un ciudadano particular” que cuenta con el apoyo incondicional del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, presidido por su novia, Dña. Isabel Díaz Ayuso.

 

A mi entender, y aclarando ser lego en leyes, todo este encausamiento al FGE ha sido una farsa. Y conocido es que una farsa es siempre una farsa, y este juicio se ha convertido en una farsa que le ha explotado al Tribunal Supremo en plena cara por el deseo de que el Fiscal General del Estado dimitiera previamente de tan Alta Magistratura del Estado, antes de llegar a juicio, como único objetivo. Y lo peor de esta farsa es que el guión lo ha escrito un chapuzas, como parece ser el juez Ángel Luis Hurtado, con la colaboración del famoso sindicato Manos Limpias, el empuje del Partido Popular, la inestimable colaboración de MAR, ese señor que dice ser periodista sin serlo y, toda ella rematada por dos magistrados del Tribunal Supremo claramente adscritos ideológicamente al Grupo Popular. Uno de ellos, Eduardo de Porres, marido de Sagrario Fernández, quien ha sido activista vinculada al Partido Popular y que hizo campaña por el PP en las elecciones europeas.

 

Lo que late hoy en la opinión pública, tras el juicio y su desarrollo contra el Fiscal General del Estado, que ha generado un amplio eco mediático, con amplia cobertura por parte de la prensa escrita, los canales de televisión y los medios digitales, además de las redes sociales, que han sido un espacio activo para el debate público es, si el Tribunal Supremo se atreverá a una sentencia claramente prevaricadora, estando seguro de que otro tribunal de instancias europeas, como es el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo) o el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, la revocarían o bien optará por dejar con la toga al aire, entre otros, al Juez Instructor Angel Luis Hurtado y a los jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que siempre será algo menos lesivo que dejar en ridículo a la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo ha juzgado o a Doña María Isabel Perelló Doménech, que ostenta la Presidencia del Tribunal Supremo de España y, además  ocupa el cargo de Presidenta del Consejo General del Poder Judicial.

 

En definitiva, una situación de traca; pues, si los periodistas dicen la verdad, el FGE es inocente. Si se sabe a ciencia cierta que mienten: han de ser procesados por falso testimonio. Y, si no se sabe si mienten o no, significa que no se sabe dónde está la verdad, Y eso es más que una duda razonable para condenar a nadie. Y es que es una pena que el genial Berlanga no pueda asistirnos y hacernos reír filmando la historia histeriforme dentro del “contexto” de este desbarajuste proverbial, en el que han quedado grabadas suculentas declaraciones, entre otras:  " O me voy de España, o me suicido, vamos, es que me escapo", o “Es que tengo el pelo blanco, por eso intuyo", y esta otra, “Yo no me baso en fuentes porque no soy notario, soy periodista y trabajo en política”. Lo dicho, España, en “contexto”. Y, en ese mismo contexto llega la sorpresa de última hora: “El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado”, mientras quien cometió el delito acaba recibiendo compensaciones económicas. Un veredicto, adoptado con división interna entre los propios magistrados, que ha dejado al país perplejo, tras una inversión de la lógica y convierte el final de esta farsa judicial en un verdadero contrasentido: el castigo recae sobre quien denunció las maniobras, no sobre quien las protagonizó. España, siempre en su propio “contexto”. Tiempo al tiempo, veremos a ver qué opinan los Tribunales Europeos.