Un año después de aparecer en nuestras vidas el coronavirus SARS-CoV-2, la llegada de las vacunas ha supuesto un inmenso alivio para una población azotada por la pandemia. No obstante, conviene no olvidar que la Covid19 ha hecho estragos, principalmente, con nuestros mayores. Buena parte de esas personas fallecidas vivían en residencias dedicadas a la llamada “Tercera Edad”. A este respecto, conviene preguntarse para qué se construyen y, sobre todo, quiénes son sus propietarios, cómo las gestionan y con qué fines. En este sentido, podríamos pensar que el concepto “para qué” sigue principios sociales, humanitarios y/o piadosos de aportar un servicio a dicho colectivo por parte de las respectivas Comunidades Autónomas o empresas particulares, que son sus propietarios, para que estén bien atendidos, acompañados y protegidos en su salud y en sus derechos en el último tramo de sus vidas. Sin embargo, la realidad es muy distinta; ya que “Las Residencias Geriátricas”, son o suelen ser un lucrativo negocio que realizan, entre otros, los llamados Fondos distressed o holdouts, más conocidos como “Fondos buitre”, a costa de los residentes y sus familias. Una beneficiosa actividad empresarial que sirve para aumentar las ganancias de accionistas poco escrupulosos o de inversores escasamente informados del uso de sus dineros. Y para ello, para obtener mayores ganancias y dividendos, los citados “Fondos buitre”, no dudan en poner al frente de las residencias a economistas y/o gerentes expertos en obtener beneficios y no a profesionales formados en atender las necesidades especificas de las personas mayores.
Y es que esta realidad choca frontalmente con el ideal para el que comenzaron su funcionamiento las citadas residencias geriátricas. Una tarea que fue concebida para que cualquier persona, en sus últimos años de vida, se viera rodeada de una tranquilidad y seguridad adecuada y de unos servicios que atendieran sus necesidades sanitarias, sociales, culturales y de ocio, que facilitaran a los residentes una buena y armoniosa vida. Y, en último caso, les proporcionaran, cuando llegase el momento de despedirse de este mundo, unos cuidados paliativos que le acompañasen hasta el fin sin sufrimiento. Sin embargo, este objetivo, por desgracia, en algunas residencias de nuestro entorno inmediato y/o de otras comunidades autónomas, no ha sido así. Y, como es bien sabido, desde que se inicio la pandemia el pasado mes de marzo 2020, muchos hombres y mujeres que estaban en estos centros, han fallecido sin poder ser atendidos como debían, ni rodeados de sus familiares. Unos por imperativo legal, otros por miedo al contagio, y un gran número por el trato inhumano y vejatorio al que fueron sometidos, negándoseles la posibilidad de ser trasladados al hospital más cercano para su oportuno tratamiento médico. En este último sentido, la justicia, tendría que abrir una amplia y rigurosa investigación, para depurar las situaciones de auténtica injusticia que se han descubierto a lo largo de todo el año 2020 y que, como indicaba al comienzo, a causa de la Covid19, ha hecho estragos entre nuestros mayores. Y es que los datos recopilados por los ministerios de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación son estremecedores, un total de 29.544 personas que vivían en residencias de mayores en España han fallecido a causa del coronavirus desde que estalló la pandemia. De ellos, 5.439 corresponden a los muertos en Cataluña; esto es, residentes fallecidos a causa del COVID-19 confirmado y/o con síntomas compatibles con el coronavirus SARS-CoV-2 y que vivían en estos centros.
En este contexto, algunos testimonios son elocuentes. El periódico El País, en un reportaje de los periodistas Íñigo Domínguez y María Sosa Troya, del pasado diciembre 2020, titulado La crisis del coronavirus, transcribían el estremecedor testimonio y alegato de un hijo:”Sus últimas palabras fueron: Sácame de aquí, hay muchos muertos. Le pregunté con qué le estaban medicando. Me dijo que con nada. No me dijeron si tenían o no médico en la residencia. Me siento culpable de su muerte”. Un relato que apunta a la falta de organización y responsabilidad de quienes estaban a cargo de la residencia. Ante este hecho y otros semejantes, algunos familiares reclaman justicia. Mucho se está hablando en el sentido de que tras la pandemia el mundo va a cambiar. Pues bien, entre esos cambios debería, según mi punto de vista, tener prioridad la atención a los mayores en las residencias. Y, con este mismo fin, no estaría tampoco de más que, de alguna manera, se incentivara a las personas para que sigan viviendo en sus hogares, en sus ambientes de toda la vida y que fueran atendidos por organizaciones que, sin ánimo de lucro o con algún aditamento económico razonable, les atendieran en sus necesidades, cuando sus familiares directos no pudiesen hacerlo. Sería una de las formas de que los llamados “Fondos buitres” y algunos empresarios sin escrúpulos que invierten en residencias de la Tercera Edad, solamente para obtener beneficios económicos, se alejaran de meter sus manos en ellas.