Elecciones: cuando la razón no vota

 

Las urnas tienen a veces la desconcertante costumbre de parecerse al mar: desde la orilla todo parece comprensible, incluso previsible, pero basta internarse unos metros para descubrir corrientes invisibles que empujan en dirección contraria a la lógica de quien observa. Eso mismo vuelve a suceder tras los resultados de las elecciones andaluzas de ayer. Andalucía ha hablado, sí, pero no todos entienden lo que ha querido decir. Y es que hay victorias políticas que se explican con facilidad y derrotas que admiten análisis razonables. Sin embargo, existen también resultados que dejan en el aire una sensación de extrañeza, casi de perplejidad moral. Y esta vez, para muchos ciudadanos progresistas, entre los que me incluyo, cuesta comprender cuáles son exactamente los criterios que manejan determinados electores a la hora de depositar su voto.

 

Resulta difícil asimilar y justificar que una parte importante de la ciudadanía castigue electoralmente al PSOE y al actual Gobierno Central cuando, desde 2023, millones de jubilados han visto incrementadas sus pensiones en más de un 18%. No se trata de una promesa escrita en un cartel electoral ni de un eslogan repetido en un mitin. Se trata de dinero real llegando cada mes a hogares donde muchas veces la pensión sostiene no solo a quienes la reciben, sino también a hijos y nietos atrapados en la precariedad. Ese aumento ha supuesto alivio, dignidad y seguridad para cientos de miles de familias españolas. Y no solo eso, sino que, durante estos años se han aprobado, entre otras, reformas laborales destinadas a reducir la temporalidad, mejoras en el sistema de pensiones, avances en igualdad y medidas de protección para colectivos vulnerables. Son decisiones de profundo impacto social que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Puede discutirse su alcance, criticarse su ejecución o cuestionarse su eficacia parcial, porque toda acción política admite debate. Lo que cuesta comprender es que todo ello parezca evaporarse en la memoria colectiva como el agua sobre la piedra caliente.

 

Especialmente desconcertante resulta que el castigo político venga derivado de la Ley de Amnistía, aprobada en mayo de 2024 y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional. Una norma concebida para cerrar judicialmente el conflicto derivado del procés catalán y facilitar la normalización institucional. Se podrá estar de acuerdo o no con ella —y es legítimo disentir—, pero sorprende observar hasta qué punto ha sido utilizada como arma de desgaste contra el Gobierno progresista. Y, del mismo modo, también parece haber pesado electoralmente el hecho de que, para conformar una mayoría parlamentaria progresista, el PSOE aceptara el apoyo de una determinada fuerza política del País Vasco, cuya mera participación en los acuerdos de investidura continúa generando rechazo en una parte significativa del electorado.

 

Y, sin embargo, al mismo tiempo, amplios sectores de la ciudadanía, acepta con absoluta naturalidad los pactos con VOX y la entrada de la extrema derecha en instituciones autonómicas. Y ahí es donde surge una pregunta inevitable, incómoda y profundamente inquietante: ¿qué mecanismo de selección moral opera hoy en la conciencia pública para considerar intolerable una ley de reconciliación política y, en cambio, perfectamente asumible la presencia de una fuerza ultraderechista en el poder? Y es que, a veces, da la impresión de que la sociedad hubiese sido alcanzada por una extraña epidemia de amnesia histórica. Como si algunos hubieran olvidado lo que la extrema derecha representó en Europa durante el pasado siglo y lo que todavía hoy representa allí donde consigue avanzar: recortes de libertades, discursos de exclusión, desconfianza hacia la diversidad y una concepción áspera de la convivencia democrática. Quizá el problema resida en que la política contemporánea ya no se decide únicamente en el terreno de los hechos, sino en el de las emociones. Y las emociones, alimentadas a diario por la crispación, las redes sociales y la simplificación permanente del debate público, terminan pesando más que las cifras, las leyes o las mejoras objetivas en la vida de las personas.

 

Andalucía ha votado, como anteriormente lo hicieron Extremadura, Aragón y Castilla León. Y toda decisión democrática merece respeto. Pero respetar el resultado no obliga a renunciar al derecho a la incomprensión. Pues hay ocasiones en las que uno contempla el mapa electoral como quien observa un reloj detenido: las agujas siguen moviéndose, pero el tiempo parece ir hacia atrás. Tal vez sea porque al final, las urnas no siempre premian la coherencia ni la memoria. A veces simplemente reflejan ese extraño territorio humano donde las convicciones pesan menos que las emociones y donde la razón, demasiadas veces, llega tarde al momento de votar. Debo ser muy ingenuo.