La corrupción cabalga de nuevo, y lo hace implicando a quienes deberían representar con honestidad al ciudadano. Hace escasos años nos llegó vinculada al Partido Popular, en el caso de ahora afecta al PSOE; es una nueva y brutal herida a la confianza pública. Pues, escándalos como éste alimentan el hartazgo, y en la calle vuelve a sonar la frase que tanto daño hace "todos son iguales". Y no, no todos lo son, pero indudablemente desarma a los honestos y fortalece a quienes usan la indignación para construir discursos oportunistas de populismo radical. La corrupción no distingue ideologías, pero sí hay diferencias en cómo se reacciona, en quién asume responsabilidades, en quien se esconde y quien da la cara. En este contexto, en España, como en cualquier democracia de nuestro entorno europeo, existen mecanismos de control, una prensa libre y una justicia. Pero cuando fallan, cuando se tapan, cuando se banaliza el robo al bien común, se abre una grieta que no solo deja pasar la corrupción, sino también la desafección, el extremismo y la manipulación emocional. Y es que, como decía el llorado Pepe Mujica: "La corrupción es el peor enemigo de la democracia, porque destruye la confianza, que es su cemento esencial". Dentro de este panorama no hace falta escuchar en estos días, los gritos histéricos de la derecha y extrema derecha, para ser conscientes del drama brutal que se presupone han hecho Santos Cerdán, Ábalos y Koldo a todos aquellos que tienen una sensibilidad de izquierda progresista. Es por eso que, en estas tristes pasadas horas desde que surgió la noticia, imagino que tendrán pocas ganas de hablar, de opinar, de decir lo que sienten y casi les apetecerá más cerrar los ojos y los oídos esperando que, como en un mal sueño, pase la tormenta . Y, como en los duelos, también supongo que tendrán que dejar pasar el dolor del golpe y, después, tratar de recuperar la fuerza de los principios y valores, ahora sacudidos, que les alimenta, para no dejarlo todo en manos de ellos, en los que siempre gritan.
Indudablemente, un partido, sea cual sea su ideología, es responsable de los actos de sus cuadros dirigentes. A este respecto, la corrupción no es una enfermedad que se atrapa no se sabe dónde ni cuándo, independientemente de la voluntad, sino un hecho constitutivo de la fisionomía del personaje corrupto. En este caso además, se trata de una trama, que entiendo debe ser o debería haber sido más visible desde el interior. En consecuencia, desde mi punto de vista, me parece evidente que el PSOE, como partido, es responsable de haberse dejado infiltrar de elementos nocivos y aún más de haberlos promovido a puestos de gran responsabilidad. No obstante, la diferencia con el PP-VOX es que estos últimos los defienden y mantienen hasta la muerte y, en el PSOE, parece ser que tiene intenciones de hacer una purga ejemplar. De la amplitud y sinceridad de ésta entiendo que dependerá toda su credibilidad futura.
En este marco, lo que sí cabe preguntarse es: ¿quién pone a este tipo de delincuentes en puestos de tal responsabilidad?, ¿de qué mecanismos se ha dotado el PSOE como partido para evitarlos? Pues, no se trata de expulsarles una vez consumado el presunto el delito, sino de prevenirlo. A este respecto, ser político no es una profesión, es una función de representación temporal, y digo bien temporal, y cuanto más breve mejor, pues menor riesgo de corrupción habrá. La mitad del parlamento no ha hecho otra cosa en su vida que vivir de la política y no por amor al arte, ni al pueblo u otras zarandajas o fruslerías que se atreven a declarar, sino como profesión y medio de vida. La democracia se debe dotar pues de armas contra este tipo de gente que se infiltran como representantes del pueblo cuando, en el mejor de los casos, son unos arribistas sin bandera y en el peor, vulgares ladrones. Hay por consiguiente que poner medidas para evitar poner la miel al alcance del goloso: En otras palabras, mandatos reducidos, obligación de no acumulación de responsabilidades, discontinuidad de varios años entre los mandatos...etc. Algunas de las herramientas son bien conocidas, pero la voluntad política no las sigue, ni en el PSOE ni en el PP, ni en ningún otro partido. Y es por ello que la democracia se muere de insinceridad, quizá de hipocresía, y de una enfermedad llamada corrupción que ataca caprichosamente a unos y a otros. Si el PSOE quiere seguir teniendo cierto margen de maniobra para ofrecer a los ciudadanos una oferta legislativa que le permita seguir gobernando, si pretende continuar adelante en un Gobierno de Coalición con las fuerzas que le apoyan para continuar en una dirección progresista de mejora de las condiciones de vida de la mayoría de españoles, si quiere tener legitimidad para permanecer, resistir y aguantar hasta el 2027, debe ser, hoy más que nunca, en estos difíciles momentos por los que atraviesa, sincero, y dotarse de principios y sistemas de auditoría interna y externa. Pues los electores, hastiados de la corrupción y cansados de los fraudes, no votarán al que tenga la intención de corregirse, sino al que demuestre que es inatacable en materia de probidad. Y para ello, es absolutamente imprescindible, entre otras cosas, una profunda revisión de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, que es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que regula la contratación de bienes, servicios y obras por parte de las Administraciones Públicas. Una ley con la que se ejerza un control mucho más estricto sobre los órganos y personas que adjudican los contratos, con el objetivo de evitar que el Poder pueda dar prebendas a determinadas empresas en detrimento de otras que presentan un mejor contrato y, además, regulando y controlando, todas las situaciones que permitan saltarse dicha ley, para que no pueda volver a ocurrir. Pues tal como advertía Cicerón: “Nada hay tan oculto que no llegue a revelarse y nada tan secreto que no termine por salir a la luz.”


