El dilema del CGPJ: ¿Renovación o Reforma?

 

A los ciudadanos nos resulta incomprensible que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de 2000 días, es decir, unos 5 años y medio sin reformarse a causa del bloqueo que practica el PP y la negativa del PSOE a modificar la norma de acceso al mismo antes de su renovación. En este contexto, no voy a entrar en cargar las responsabilidades solamente en uno de los partidos concretos; pues, desde mi punto de vista y creo que de la mayoría de los ciudadanos, los causantes del desaguisado son ambos, los dos partidos mayoritarios del Parlamento del Estado. Cada uno en su cuota correspondiente de incumplimiento de la Ley, a quienes la Constitución impone unas mayorías mínimas para ponerse de acuerdo en la designación de los nuevos componentes del CGPJ. No obstante y en este sentido, si es plausible que tenga bastante mayor responsabilidad el Partido Popular, puesto que la necesidad de contar con el voto de los tres quintos de la Cámara Baja para su renovación, ha permitido durante este largo tiempo y consiente y proporciona al PP hacer un uso torticero de la Norma; ya que, sin sus votos, el bloqueo, como viene haciendo, está garantizado. A este respecto, como dice el jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no es comprensible que para la elección de los miembros del CGPJ se requieran una mayoría más fuerte que para elegir el Presidente del Gobierno del Estado. Tal vez por todo ello, Pedro Sánchez, en la reciente sesión de control al Gobierno en el Senado, ha dado un ultimátum al PP para renovar el CGPJ si no se desbloquea la actual situación, indicando que presentará una reforma para su renovación si no hay acuerdo a finales del presente mes de junio.

La Mañana 24.06.2024

A estos efectos y en las actuales circunstancias, si bien el PP y PSOE son los principales causantes de esta anómala situación, no son los únicos actores. Y es que, los jueces y juristas que componen el CGPJ, de alguna manera, son también víctimas y, a la vez, parte interesada de la misma. Pues, a pesar de que la Constitución no pide, ni siquiera insinúa una dimisión de los miembros del CGPJ, cuya pervivencia es insustituible, cuando los dos partidos son incapaces de llegar a una transacción negociada o simplemente descartan alcanzar un acuerdo para su renovación, tampoco la prohíbe ni se opone a ella. En consecuencia, el actual Presidente interino por suplencia CGPJ, Vicente Guilarte Gutiérrez y el resto de los miembros que componen dicho Consejo, podrían forzar su renovación dimitiendo todos ellos en bloque, tal y como hizo a título individual el antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes en octubre del 2022, y presentar su renuncia al cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Llegar a ser juez o fiscal en nuestro país no es sencillo. Para acceder a dicha profesión se requiere, en primer lugar, haber obtenido una licenciatura en Derecho y después superar una durísima oposición que conlleva estudiar un programa de 328 temas de materias de Derecho. Y, una vez superadas las pruebas de acceso, los nuevos miembros de la carrera judicial, además de haber demostrado una sólida formación jurídica, se les exige habilidades de comunicación efectiva, capacidad de análisis y razonamiento, imparcialidad, ética y vocación de servicio; así como contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. En este sentido y a tenor de estas últimas características que se les atribuye que poseen, me resulta sorprendente que los actuales miembros del CGPJ, en ocasiones, actúen presuntamente más como parte interesada que como imparciales servidores de la Justicia. Manifiesto esta opinión porque el paulatino y creciente desprestigio que el CGPJ está cosechando a ojos de un gran número de ciudadanos, es consecuencia no solamente de la actitud obstruccionista del Partido Popular, sino también, a mi modo de ver, de la connivencia del propio Órgano Constitucional de Gobierno de los Jueces que, a veces, considero actúan más como políticos que como garantes de las garantías jurídicas y procesales de los ciudadanos y se manifiestan en asuntos que afectan a la política partidista, en beneficio del PP.

En suma y pocas palabras, si el pueblo soberano elige al Poder Legislativo y éste, por delegación suya, designa al Poder Ejecutivo, ¿quién debe elegir a los veinte miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial? ¿Los propios jueces como quiere el PP o, tal y como la Ley determina, el Congreso y el Senado eligen cada uno a cuatro vocales entre abogados y juristas de reconocida competencia y prestigio y los otros doce vocales serán jueces y magistrados elegidos por todos los miembros de la carrera judicial?  That is the question.