Cuando la casa es un botín

 

Hay países que se miden por sus monumentos y otros por sus puertas. Una puerta cerrada con una anciana de 87 años en la acera, después de setenta años viviendo detrás de ella, dice más de un Estado que cualquier discurso solemne. Esa imagen, la de Maricarmen, ha sido la chispa. El combustible llevaba años almacenado en los cuartos oscuros de este país: alquileres que devoran sueldos, hipotecas imposibles y una juventud a la que se le ha enseñado a esperar sin decirle nunca qué. Y, mientras tanto, el Congreso de los Diputados ha vuelto a hacer lo que mejor sabe cuando la calle arde: contar votos en lugar de escuchar gritos. PP, Vox y Junts han decidido no apoyar los decretos de vivienda. La derecha ha hecho de la negativa una costumbre, y ya en abril, con 177 votos contra 166, hundió la prórroga de los alquileres. Dos meses de un alivio real para miles de familias quedaron convertidos en papel mojado.

 

Analicemos y empecemos hoy por el Partido Popular, que se ha especializado en señalar con el dedo a Moncloa. Es una coartada de cartón piedra. Las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas desde hace décadas, y el PP gobierna la mayoría de ellas, en solitario o con el concurso de Vox. Son ellas las que deciden sobre suelo, vivienda protegida, parque público y política urbanística. Quien tiene las llaves de la casa no puede quejarse de que no se abra la puerta. Si el modelo del PP funcionara, sus territorios serían oasis de alquileres razonables, y lo que hay son los mismos precios imposibles y las mismas colas de jóvenes ante la ventanilla de una emancipación que no llega. Y es que, reclamar “oferta” mientras se bloquea cualquier medida que proteja al inquilino es predicar la lluvia y vender paraguas. Y tumbar un decreto que habría evitado desahucios como el de Maricarmen, para ofrecer después una supuesta ley alternativa pensada para desalojar con más rapidez, no es política de vivienda. Es política de cerradura.

 

Junts merece capítulo aparte, porque su posición es la más difícil de explicar a quien duerme en el cuarto de su infancia a los treinta y cinco años. Se presenta como partido de país, defensor de la gente de Cataluña, y sin embargo vota una y otra vez con PP y Vox, sus teóricos rivales de manual, para dejar sin efecto medidas que protegían a los suyos. Habla de seguridad jurídica y de pequeños propietarios, argumentos que merecen respeto, pero los usa como una llave inglesa para bloquear todo lo demás, incluidos los frenos a los grandes tenedores. No se puede decir “paremos a los fondos buitre” y, a la hora de la verdad, dejar que los buitres sigan sobrevolando. La política del chantaje calculado, la del “ya negociaremos mientras tanto”, tiene un precio, y lo pagan quienes no pueden esperar. Porque esos buitres existen y no son una metáfora. Son fondos que compran bloques enteros como quien compra fichas de casino, que ven en un edificio una rentabilidad y en una familia un estorbo. Su aritmética es limpia y su conciencia, también, porque nunca ven la cara del desahuciado. Han convertido la necesidad más elemental, un techo, en una mercancía financiera, y la han hecho cotizar. Mientras unos cuentan beneficios, otros cuentan los días que les quedan en su casa. Esa indiferencia ante el dolor ajeno tiene un nombre que no necesita adjetivos: inhumanidad. Hay quien llama a esto mercado. Yo lo llamo saqueo con corbata.

 

Dicho esto, sería deshonesto eximir al Gobierno progresista. Ha hecho cosas: la Ley de Vivienda de 2023, medidas de protección a inquilinos, planes estatales. Pero ocho años de gobierno invitan a preguntarse si ha sido suficiente, y la respuesta que lleva la calle escrita en las pancartas es que no. Faltan vivienda pública a gran escala, un parque de alquiler asequible que no sea una promesa de legislatura y la valentía de plantar cara a los intereses que sí han sabido organizarse. Tampoco ayuda gobernar a golpe de decreto sin haber tejido antes las mayorías, para después lamentar que no estén. La necesidad de pactar es un dato de la aritmética, no una excusa. Quien ha tenido el poder durante tanto tiempo debe aceptar que parte del hartazgo también le apunta a él.

 

Y entre tanto, ellos. Los que han plantado sus tiendas en la Puerta del Sol y se han concentrado frente al Congreso. Treinta minutos de silencio absoluto y, después, el estallido: “¡Vergüenza, vergüenza!”. Ni un cristal roto, ni un insulto gratuito. Jóvenes que podrían no haberse resignado y han optado por el civismo más exigente, el de quedarse en la plaza hasta que alguien escuche. No piden privilegios. Piden algo tan antiguo como la civilización: un lugar donde vivir sin renunciar a vivir. Frente a la ceguera de los despachos, han dado una lección de ciudadanía que muchos de sus representantes no sabrían impartir.

 

Los políticos que hoy han votado en contra pasarán, como pasan las legislaturas. La memoria de quienes no pudieron pagar un alquiler, de quienes vieron cómo se hundía el hogar de su abuela, de quienes se marcharon a otra ciudad o a otro país por no encontrar un hueco aquí, no pasará tan deprisa. Una sociedad que deja a su juventud a la intemperie no merece llamarse sociedad: es, a lo sumo, un edificio con muchas ventanas iluminadas y nadie dentro que pueda permitírselo. Tal vez, todavía haya tiempo de abrir la puerta. Pero la plaza no se vaciará con discursos.