Maricarmen y la puerta que se cerró para siempre

 

Esta mañana, a las siete en punto, me he despertado con una noticia que anoche, en el informativo especial de La 1 de TVE, pronunciaba Pepa Bueno con la solemnidad de las malas noticias: “Maricarmen ha muerto”. Y he sentido algo difícil de explicar con palabras. No ha sido solamente tristeza. Ha sido una mezcla de dolor, impotencia, rabia y, sobre todo, una profunda sensación de fracaso colectivo como sociedad. Y es que hay puertas que se cierran con una llave y otras que se cierran para siempre. Y la de Maricarmen se cerró, no ayer, sino el pasado 23 de septiembre.

 

Tenía 87 años y había vivido 71 en aquella casa de Madrid. Allí estaba su vida: los años de juventud, los recuerdos, los ausentes, las fotografías, las pequeñas costumbres que convierten cuatro paredes en algo mucho más importante que una vivienda. Y un día tuvo que marcharse. La propiedad defendió sus derechos. Un juzgado dictó una resolución. La Policía ejecutó una orden. Las administraciones buscaron alternativas. Cada cual tuvo, probablemente, su explicación jurídica, administrativa o competencial. Y Maricarmen terminó saliendo de su casa en una camilla. Quizá esa imagen debería bastar para que nos hiciéramos una pregunta incómoda: ¿puede una sociedad hacer todo conforme a la ley y, sin embargo, comportarse de una manera tan profundamente inhumana? Porque aquí está el verdadero problema. No se trata de negar los derechos de la propiedad ni de cuestionar que los tribunales tengan que hacer cumplir las resoluciones. Tampoco de atribuir a nadie una muerte que médicamente no podemos atribuirle. Se trata de algo mucho más elemental: de preguntarnos si, ante una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo hogar, nadie fue capaz de encontrar a tiempo una solución que evitara aquella escena.

 

Y es que la ironía resulta casi insoportable. La solución llegó. Se alcanzó finalmente un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar. Pero llegó tarde. Murió ayer, 7 de octubre, en el hospital, quince días después de abandonar aquella casa, que fue su casa de toda la vida, a la que no pudo volver. La puerta quedó abierta para ella cuando ya no podía atravesarla. Y es que hay ironías que ningún escritor se atrevería a inventar. Ahora vendrán las declaraciones, las condolencias y los lamentos. Algunos descubrirán de pronto la enorme injusticia que supone perder una vivienda; otros explicarán que hicieron cuanto estaba en su mano; otros señalarán al adversario político como responsable de todos los males. Es el ritual habitual después de las tragedias: cuando ya no queda nada que solucionar, sobran quienes quieren explicar lo que habría debido hacerse. Pero la compasión después de la tragedia sale barata. Lo difícil era ejercerla antes. Cuando Maricarmen todavía estaba detrás de aquella puerta. Cuando aún podía negociarse. Cuando todavía existía tiempo para que la solución no fuese un epitafio. Tal vez por eso sería demasiado cómodo buscar un único culpable.

 

El caso de Maricarmen señala algo más grave: un sistema en el que cada engranaje puede afirmar que cumplió correctamente su función mientras, al final de la cadena, una persona vulnerable queda desamparada. La empresa puede decir que defendió su propiedad. El juez o la jueza, que aplicó la ley. La Policía, que cumplió una orden. La Administración, que ofreció alternativas. Los políticos, que no tenían determinada competencia. Y todos pueden tener parte de razón. Pero cuando todos tienen una explicación y una anciana acaba en una camilla fuera de la casa donde vivió 71 años, quizá lo que falta no es una explicación: es humanidad.

 

La ley es necesaria, sí. Sin ley no hay justicia. Pero una sociedad decente no debería conformarse con preguntar si algo es legal. También debería preguntarse si es razonable, si es proporcionado y, sobre todo, si es humano. Porque una vivienda puede ser un inmueble para quien figura en un registro. Para quien ha vivido allí durante 71 años puede ser otra cosa: el último territorio de su memoria. Y ese territorio Maricarmen lo perdió. No sabemos si el desahucio causó su muerte. No debemos convertir una tragedia en una acusación médica que nadie puede demostrar. Pero sí sabemos algo que debería avergonzarnos como sociedad: Maricarmen murió sin poder regresar a su casa. Y quizá esa sea la única sentencia que importa ahora. Una sentencia que no ha dictado ningún juzgado. La ha dictado la vida. Y no admite recurso.

 

Descansa en paz, Maricarmen. Tu casa ya no podrá recibirte. Pero quizá tu historia consiga algo que no consiguió todo el papeleo: obligarnos a mirar de frente la pregunta que nadie quiso hacerse a tiempo. ¿De qué sirve cumplir escrupulosamente la ley si, al final, hemos olvidado a la persona para la que debería existir la justicia?