Corren malos tiempos para la prensa. No obstante, tras varios días de vistas y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidió el pasado 20 de mayo, autorizar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a seguir recurriendo sobre su extradición a EE.UU. El Alto Tribunal aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. A este respecto, cabe recordar que los EE.UU. le acusan de espionaje y hackeo informático al haber hecho público documentos sensibles sobre la seguridad nacional. En este contexto, en caso de que los jueces británicos de la Corte de Londres hubiesen dictado un fallo afirmativo favorable a su extradición, se habría abierto una vía más segura a todos aquellos “poderes” que hurtan información a la que tenemos derecho los ciudadanos y propiciaría, además, un periodismo amordazado y paralizado por el temor ante unos Estados convertidos en falsas democracias y llenos de muchos rasgos de autoritarismo, que no autoridad, sino de dictadura. En cualquier caso, extraditado o no, me temo que el daño ya está hecho y los poderes fácticos ya han conseguido su objetivo: amedrentar a los periodistas, en la medida de lo posible, para que interioricen las posibles consecuencias de publicar determinado material y se lo piensen antes de hacerlo. Es una manera de evitar que siga habiendo funcionarios valientes como el agente del FBI William Mark Felt, el denunciante sin rostro que facilitó al reportero del Washington Post, Bob Woodward, la información del escándalo "Watergate", lo que provocaría la dimisión del presidente Nixon en 1974 o el analista estadounidense de las fuerzas armadas americanas Daniel Ellsberg que, cuando trabajaba en la Corporación RAND, filtró al The New York Times y otros periódicos un estudio de alto secreto denominados Pentagon Papers, en los que se demostraban, concretamente, que la Administración Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo al público sino también al Congreso, sobre temas de interés nacional trascendentes en relación con la guerra de Vietnam. En ambos casos los periodistas y directores que recibieron la información respondieron con profesionalidad y valentía, frente a la terca resistencia del poder político. Una información que posteriormente, el poder judicial terminó avalando en aras del derecho a la información y de la libertad de expresión. A este respecto, lo que ocurra a partir de ahora con Julian Asssange, tras el reciente fallo del citado Alto Tribunal, será una piedra de toque para saber si las democracias han avanzado o van retrocediendo en este terreno. Y es que el derecho de información es básico para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática y sin él, todos salimos muy perjudicados, salvo, obviamente, los que infringen la ley. Considerar que la democracia existe porque cada cuatro años, los ciudadanos votamos a alguien que han decidido los partidos políticos, es, cuando menos, irrisorio. En una democracia plena, los ciudadanos, tenemos el derecho a conocer y saber con veracidad qué está ocurriendo en cualquier parte del mundo; como, por ejemplo, en la actual y trágica ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, en donde el Gobierno de Netanyahu no permite la entrada de periodistas internacionales independientes. Y, sobre todo, cuando las decisiones que se toman en Organismos internacionales y/o Estados, por parte de un pequeño número de personas, determinan el destino de miles y millones de ciudadanos de cualquier país a cualquier precio, llegando incluso al resultado de ruina, muerte y desolación. Por eso, considero que estamos obligados a defender a aquellos periodistas que, como Julian Asenge, nos descubren los secretos oscuros de muchas decisiones políticas promovidas por egoístas e innombrables intereses empresariales, multinacionales y económicos y/o a empleados como el exanalista de la CIA Edward Snowden que entregó a la prensa documentos clasificados que demostraban cómo organismos de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados vulneraban la privacidad de los ciudadanos.
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| La Mañana 6-06-2024 |
El acoso y la cruel tortura que está sufriendo Julian Assange, es una prueba más de la corrupción, la falta de humanidad y el espíritu destructivo que anidan en este "Occidente" nuestro que tanto cacarea de libertades y democracia. Lo que se le está haciendo a Assange no tiene nombre, como tampoco lo tiene lo que le ocurre al periodista español Pablo González, otro caso día a día casi olvidado, que fue arbitrariamente detenido y lleva más de dos años en una prisión de Polonia sin juicio. Encarcelado en una severa prisión de un país de la UE, nuestro organismo paladín de la democracia mundial y vigilante ante las injusticias y la opresión. Pablo González, colaborador de varios medios de comunicación, todavía no tiene acusación, ni fecha de juicio. Trabajaba en el momento de su detención como reportero de guerra en la frontera con Ucrania, fue capturado por los servicios secretos polacos el 27 de febrero de 2022 y, desde entonces, permanece encarcelado e incomunicado, sin saber porqué, en régimen de aislamiento, sin días ni noches, hasta ahora. Parece que han tirado la llave al mar Báltico, dado que ignoran completamente los derechos de este ciudadano de la UE que posee la doble nacionalidad española y rusa, pues nació en Moscú al ser nieto de un exiliado español de los llamados “niños de la guerra”. Y, a causa de esta circunstancia, le acusan de aprovechar su condición de periodista para filtrar información a Rusia. Crimen y castigo contra el periodista y vergüenza, una vez más, para la UE, que ni dentro de sus fronteras garantiza la seguridad de según quién en según qué países, a la hora de aplicar leyes democráticas.






