Financiación Autonómica, un reto complejo.

 

Cataluña siempre ha sido importante dentro del conjunto del Estado español. Lo sigue siendo, tanto en el plano político como en el económico que tanto se debate en estos días. En este último sentido, la Constitución Española, desde su promulgación, estableció un marco legal para la organización territorial del país y reconoció la existencia de dos sistemas financieros en España. Por un lado, las Comunidades Autónomas que tienen competencias en áreas como educación, sanidad, cultura y alguna otra más, que poseen su propio sistema de financiación en el que se incluyen impuestos y transferencias del Estado central. Y, por otra parte, las Comunidades Forales, que son, como todo el mundo conoce, Navarra y el País Vasco, que tienen un sistema financiero especial basado en sus propios regímenes fiscales y de recaudación de impuestos. Es decir, desde su nacimiento, se dejó cojo el sistema financiero del Estado al reconocer dos regímenes o procedimientos diferentes. Es por ello que, reformar esa asimetría y/o conceder a Cataluña una determinada “singularidad”, es y se convierte en una tarea muy complicada. En todo caso, lo que parece evidente, a mi modo de ver, es que la financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas debería negociarse entre todas las comunidades y en el seno del Parlamento del Estado; puesto que España es diversa, sí; pero los ciudadanos se supone que somos iguales, vivamos donde vivamos.

 

La Mañana 3.07.2024

Indudablemente, el tema es complejo. Cataluña aporta mucho al Estado y por ello, se infiere que debe percibir, en justicia, más de lo que actualmente recibe. Parece razonable. No obstante, siguiendo con esta premisa, cabría considerar que los ciudadanos que más aportan por su renta a las arcas públicas, deberían obtener más recursos que otros en determinadas cuestiones; como, por ejemplo, una mejor Sanidad, Educación, Dependencia, Transporte Público etc. Sin embargo, eso no se hace, pues sería un disparate. En este aspecto, extrapolando la cuestión, podríamos decir que la financiación autonómica es como una tarta, y si alguien se lleva más, llamémosle “singularidad”, a los otros les queda menos para repartir. Creo que es así de fácil. Hacienda es un juego de suma cero y, por consiguiente, parece que no hay soluciones del tipo de sacar un conejo de la chistera. Por lo tanto, si se cambia una Norma que ayude a un lado, le afectará ineludiblemente al otro. ¿Que la Norma actual NO es justa? Estoy convencido. ¿Qué se puede hacer entonces…? En este sentido, teniendo escasos conocimientos económicos, me he molestado en acceder a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas, en la que he encontrado abundantes datos sobre la financiación, normativa y otros aspectos relacionados con las CC.AA. en España. Y, además, me he leído la Ley 22/2009, que establece el sistema de financiación de las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

 

En consecuencia, con la citada información y aún siendo consciente de poder cometer errores de interpretación, me atrevo a opinar, grosso modo, lo siguiente. Una posible solución, tal vez, sería trasladar el modelo de Cupo al resto de Comunidades Autónomas que no lo tienen. Y para ello, el Estado cedería a las Comunidades Autónomas de Régimen Común la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos en su territorio por los impuestos similares que hoy están concertados con Euskadi y Navarra; es decir, IRPF, Sociedades, IVA, etc. De esta manera se pasaría, de la situación actual de responsabilidad tributaria limitada de las quince CC.AA., a la de plena responsabilidad tributaria que, a día de hoy, tienen reconocida solamente las cuatro Haciendas Forales de País Vasco y Navarra. Seguidamente, habría que extender la metodología de Cupo a las quince Comunidades Autónomas. Para lo cual, siguiendo la actual metodología concertada, se establecería un modelo de aportación al Estado basado en el peso del PIB de cada Comunidad Autónoma sobre el total Estatal. Y, a este respecto, la capitalidad, sería una competencia a pagar al Estado. Todo ello, se completaría con unos mecanismos transparentes y exigentes de solidaridad inter-territorial, contra proyectos aprobados, y siguiendo el criterio de ordinalidad. O sea, según el orden de preferencia que se establece para asignar recursos o competencias tributarias entre las distintas CC.AA. Por ejemplo, algunas CC.AA. pueden tener prioridad en la recaudación de ciertos impuestos o en la gestión de determinadas tasas, según su posición en la jerarquía de competencias. Este orden jerárquico se establece en función de la legislación y los acuerdos entre el Estado central y las comunidades autónomas.

 

Finalmente, en este supuesto teórico, cada Comunidad Autónoma contribuiría al sostenimiento de las cargas generales del Estado, de acuerdo con lo que supusiera su PIB sobre el conjunto del PIB del Estado español. Y, de esta forma, considero que quedaría absolutamente claro cuánto aporta cada Comunidad Autónoma a las cargas generales del Estado. Y, al mismo tiempo, reflejaría directamente cuál sería la ventaja que tendrían las Comunidades Autónomas de menor Renta per Cápita al pagar menos Cupo. Lo cual permitiría conocer el esfuerzo fiscal de cada Comunidad y su capacidad de gasto. No obstante, dicho todo esto, convendría no olvidar lo que nos dejó dicho el filósofo y economista británico John Stuart Mill y es que, “Ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.

 

El dilema del CGPJ: ¿Renovación o Reforma?

 

A los ciudadanos nos resulta incomprensible que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de 2000 días, es decir, unos 5 años y medio sin reformarse a causa del bloqueo que practica el PP y la negativa del PSOE a modificar la norma de acceso al mismo antes de su renovación. En este contexto, no voy a entrar en cargar las responsabilidades solamente en uno de los partidos concretos; pues, desde mi punto de vista y creo que de la mayoría de los ciudadanos, los causantes del desaguisado son ambos, los dos partidos mayoritarios del Parlamento del Estado. Cada uno en su cuota correspondiente de incumplimiento de la Ley, a quienes la Constitución impone unas mayorías mínimas para ponerse de acuerdo en la designación de los nuevos componentes del CGPJ. No obstante y en este sentido, si es plausible que tenga bastante mayor responsabilidad el Partido Popular, puesto que la necesidad de contar con el voto de los tres quintos de la Cámara Baja para su renovación, ha permitido durante este largo tiempo y consiente y proporciona al PP hacer un uso torticero de la Norma; ya que, sin sus votos, el bloqueo, como viene haciendo, está garantizado. A este respecto, como dice el jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no es comprensible que para la elección de los miembros del CGPJ se requieran una mayoría más fuerte que para elegir el Presidente del Gobierno del Estado. Tal vez por todo ello, Pedro Sánchez, en la reciente sesión de control al Gobierno en el Senado, ha dado un ultimátum al PP para renovar el CGPJ si no se desbloquea la actual situación, indicando que presentará una reforma para su renovación si no hay acuerdo a finales del presente mes de junio.

La Mañana 24.06.2024

A estos efectos y en las actuales circunstancias, si bien el PP y PSOE son los principales causantes de esta anómala situación, no son los únicos actores. Y es que, los jueces y juristas que componen el CGPJ, de alguna manera, son también víctimas y, a la vez, parte interesada de la misma. Pues, a pesar de que la Constitución no pide, ni siquiera insinúa una dimisión de los miembros del CGPJ, cuya pervivencia es insustituible, cuando los dos partidos son incapaces de llegar a una transacción negociada o simplemente descartan alcanzar un acuerdo para su renovación, tampoco la prohíbe ni se opone a ella. En consecuencia, el actual Presidente interino por suplencia CGPJ, Vicente Guilarte Gutiérrez y el resto de los miembros que componen dicho Consejo, podrían forzar su renovación dimitiendo todos ellos en bloque, tal y como hizo a título individual el antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes en octubre del 2022, y presentar su renuncia al cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Llegar a ser juez o fiscal en nuestro país no es sencillo. Para acceder a dicha profesión se requiere, en primer lugar, haber obtenido una licenciatura en Derecho y después superar una durísima oposición que conlleva estudiar un programa de 328 temas de materias de Derecho. Y, una vez superadas las pruebas de acceso, los nuevos miembros de la carrera judicial, además de haber demostrado una sólida formación jurídica, se les exige habilidades de comunicación efectiva, capacidad de análisis y razonamiento, imparcialidad, ética y vocación de servicio; así como contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. En este sentido y a tenor de estas últimas características que se les atribuye que poseen, me resulta sorprendente que los actuales miembros del CGPJ, en ocasiones, actúen presuntamente más como parte interesada que como imparciales servidores de la Justicia. Manifiesto esta opinión porque el paulatino y creciente desprestigio que el CGPJ está cosechando a ojos de un gran número de ciudadanos, es consecuencia no solamente de la actitud obstruccionista del Partido Popular, sino también, a mi modo de ver, de la connivencia del propio Órgano Constitucional de Gobierno de los Jueces que, a veces, considero actúan más como políticos que como garantes de las garantías jurídicas y procesales de los ciudadanos y se manifiestan en asuntos que afectan a la política partidista, en beneficio del PP.

En suma y pocas palabras, si el pueblo soberano elige al Poder Legislativo y éste, por delegación suya, designa al Poder Ejecutivo, ¿quién debe elegir a los veinte miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial? ¿Los propios jueces como quiere el PP o, tal y como la Ley determina, el Congreso y el Senado eligen cada uno a cuatro vocales entre abogados y juristas de reconocida competencia y prestigio y los otros doce vocales serán jueces y magistrados elegidos por todos los miembros de la carrera judicial?  That is the question.

 

El Mapa del Tesoro Electoral: Cómo la Izquierda Progresista puede Ganar las Elecciones

 

Me resultan sorprendentes las quejas y extrañezas de las fuerzas de izquierda y progresistas ante los malos resultados obtenidos en las elecciones Europeas de ayer y el auge de la derecha y extrema derecha. No lo entiendo. El pueblo sabe siempre bien lo que vota y las razones por lo que decide introducir en las urnas una determinada papeleta. No sé para qué los políticos tienen tantos asesores que no alcanzan a percibir lo que exigen los electores a los partidos para otorgarles su confianza. La formula es muy sencilla, por eso, digo que no comprendo su ceguera, pues para convencer a los ciudadanos basta con exponerles y prometerles lo más obvio; aquellas acciones políticas que reclaman insistentemente los potenciales electores en manifestaciones, asambleas en los centros de trabajo y hasta en tertulias en los bares. Son fundamentalmente estas:

a)      Revalorizar las pensiones anualmente un 0’25%, siempre que sea posible y no ligada, como actualmente ocurre, al IPC, que es una barbaridad.

b)      Privatizar en la medida que se pueda la Sanidad Pública para fomentar la competencia, y permitir que las empresas ganen dinero y puedan crear puestos de trabajo precarios, ya que La Sanidad privada se mantiene con tu enfermedad, mientras que a la Sanidad Pública lo que le interesa es tu salud; y esto es un disparate.

c)      Potenciar la Escuela Privada en detrimento de la Pública. mientras que la Educación Pública es financiada y gestionada por el Estado y es gratuita, la Educación Privada es gestionada por entidades privadas que al ser empresas requieren a los padres el pago de tarifas o cuotas mensuales. Y eso está muy bien, porque el que puede pagar así no tiene que mezclarse con determinadas clases sociales.

d)      Expulsar del país a todos los inmigrantes que nos roban lo puestos de trabajo. De esta forma muchos nacionales españoles que no alcanzan a realizar la campaña de la recogida de la fresa en la provincia de Huelva, ocuparían esos puestos de trabajo que están fantásticamente bien retribuidos y lo harían en las condiciones laborables más adecuadas.

e)      Exactamente igual, sería una buena medida económica expulsar a todos los inmigrantes subsaharianos que vienen a Cataluña a la recogida de campaña de la fruta, para, de esta forma, poder contratar a nacionales catalanes y/o españoles que están deseando poder ocupar esos puestos de trabajo tan fantásticamente bien retribuidos.

f)       f) Reducir los impuestos a las grandes empresas: Porque, ¿quién necesita infraestructuras públicas cuando puedes tener más multimillonarios? Además, todos sabemos que las grandes empresas son grandes patriotas y siempre reinvierten sus beneficios en la economía local y/o nacional y nunca los depositan en paraísos fiscales.

g)       Eliminar todas las regulaciones medioambientales: Porque, ¿para qué se necesita aire limpio y un planeta habitable cuando puedes tener un crecimiento económico del 0.1% adicional? Además, el cambio climático es solo una Fake News cuya teoría está aún sin demostrar, ¿verdad?

h)       Privatizar todas las carreteras y autopistas: Porque nada expresa mejor la palabra “libertad” como tener que pagar un peaje cada vez que sales de tu casa. Y si no puedes permitírtelo, siempre puedes caminar o montar en bicicleta, lo cual es bueno para la salud.

i)        Abolir el salario mínimo: Ya que, verdaderamente, ¿quién necesita un salario digno cuando puedes trabajar por menos del coste de vida? Además, siempre puedes pedir más horas de trabajo si necesitas más dinero.

j)        Desregular completamente el mercado de la vivienda: Porque, ¿acaso alguien precisa una vivienda asequible cuando puedes tener un mercado inmobiliario inflado que beneficia a los inversores? Si no puedes permitirte una casa, siempre puedes continuar viviendo en la de tus padres o irte a vivir en una tienda de campaña.

k)      Promover la Amnistía de esos próceres de la Patria que sin maldad ni intención alguna de delinquir se vieron envueltos, sin querer, en causas judiciales y sufrieron el cruel destino de la cárcel. Como, por citar algunos ejemplos, ocurrió con: Álvaro Lapuerta. Ex tesorero del PP; Luis Bárcenas Gutiérrez. Ex tesorero del Partido Popular; Ángel Sanchís Perales. Ex tesorero del PP.; Rodrigo Rato. Ex presidente del Gobierno de Aznar y de Bankia; Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante.; Luis Díaz Alperi. El ex alcalde de Alicante; Jaume Matas. Ex presidente del Govern Balear y ex ministro de Medio Ambiente de Aznar.; Los acusados del Caso Gürtel; Carlos Fabra. Ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial….etc En este contexto, sería muy bien visto por la ciudadanía, otorgarles una medida de gracia como la Amnistía, similar a la que han otorgado a los dirigentes y colaboradores necesarios del Procés de Cataluña.

 

Todas estas propuestas reflejan, como puede darse cuenta cualquiera que piense un poco, unas políticas efectivas y justas. La política debe centrarse en el bienestar de todos los ciudadanos, no solo en el de unos pocos privilegiados. Con ellas, los electores votarían entusiasmados a los Partidos de Izquierda y Progresistas, tal y como han hecho con medidas muy similares a los partidos de Derecha y, sobre todo, de Extrema Derecha, en España y en Europa. Y, por último, no dejen de manifestar en mítines y hasta colocar en las papeletas de votación ese fantástico y sensible lema de libertad:”Me gusta la fruta”.

 

Aplicando todas o la mayoría de estas medidas, los partidos de 1zquierda y progresistas  tendrían el éxito electoral asegurado, como ha ocurrido a sus oponentes de Derecha y Extrema Derecha. ¡Sí, así como lo oyen! Sería como si hubieran encontrado el mapa del tesoro escondido en el fondo del mar. Así que, queridos partidos de izquierda y progresistas, ¿qué están esperando? ¡Adelante, apliquen esas medidas y vean cómo se despliega su éxito electoral! El pueblo, siempre sabio, nunca se equivoca, Y recuerden, si no funciona… bueno, siempre pueden culpar a la mala suerte, ¿verdad? Pues, como dijo un día Henry Ford, el empresario industrial estadounidense, “El fracaso es siembre una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia”.

 

 

 

 

Democracia vs. Censura: Assange y González, dos periodistas silenciados.

 

Corren malos tiempos para la prensa. No obstante, tras varios días de vistas y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidió el pasado 20 de mayo, autorizar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a seguir recurriendo sobre su extradición a EE.UU. El Alto Tribunal aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. A este respecto, cabe recordar que los EE.UU. le acusan de espionaje y hackeo informático al haber hecho público documentos sensibles sobre la seguridad nacional. En este contexto, en caso de que los jueces británicos de la Corte de Londres hubiesen dictado un fallo afirmativo favorable a su extradición, se habría abierto una vía más segura a todos aquellos “poderes” que hurtan información a la que tenemos derecho los ciudadanos y propiciaría, además, un periodismo amordazado y paralizado por el temor ante unos Estados convertidos en falsas democracias y llenos de muchos rasgos de autoritarismo, que no autoridad, sino de dictadura. En cualquier caso, extraditado o no, me temo que el daño ya está hecho y los poderes fácticos ya han conseguido su objetivo: amedrentar a los periodistas, en la medida de lo posible, para que interioricen las posibles consecuencias de publicar determinado material y se lo piensen antes de hacerlo. Es una manera de evitar que siga habiendo funcionarios valientes como el agente del FBI William Mark Felt, el denunciante sin rostro que facilitó al reportero del Washington Post, Bob Woodward, la información del escándalo "Watergate", lo que provocaría la dimisión del presidente Nixon en 1974 o el analista estadounidense de las fuerzas armadas americanas Daniel Ellsberg que, cuando trabajaba en la Corporación RAND, filtró al The New York Times y otros periódicos un estudio de alto secreto denominados Pentagon Papers, en los que se demostraban, concretamente, que la Administración Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo al público sino también al Congreso, sobre temas de interés nacional trascendentes en relación con la guerra de Vietnam. En ambos casos los periodistas y directores que recibieron la información respondieron con profesionalidad y valentía, frente a la terca resistencia del poder político. Una información que posteriormente, el poder judicial terminó avalando en aras del derecho a la información y de la libertad de expresión. A este respecto, lo que ocurra a partir de ahora con Julian Asssange, tras el reciente fallo del citado Alto Tribunal, será una piedra de toque para saber si las democracias han avanzado o van retrocediendo en este terreno. Y es que el derecho de información es básico para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática y sin él, todos salimos muy perjudicados, salvo, obviamente, los que infringen la ley. Considerar que la democracia existe porque cada cuatro años, los ciudadanos votamos a alguien que han decidido los partidos políticos, es, cuando menos, irrisorio. En una democracia plena, los ciudadanos, tenemos el derecho a conocer y saber con veracidad qué está ocurriendo en cualquier parte del mundo; como, por ejemplo, en la actual y trágica ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, en donde el Gobierno de Netanyahu no permite la entrada de periodistas internacionales independientes. Y, sobre todo, cuando las decisiones que se toman en Organismos internacionales y/o Estados, por parte de un pequeño número de personas, determinan el destino de miles y millones de ciudadanos de cualquier país a cualquier precio, llegando incluso al resultado de ruina, muerte y desolación. Por eso, considero que estamos obligados a defender a aquellos periodistas que, como Julian Asenge, nos descubren los secretos oscuros de muchas decisiones políticas promovidas por egoístas e innombrables intereses empresariales, multinacionales y económicos y/o a empleados como el exanalista de la CIA Edward Snowden que entregó a la prensa documentos clasificados que demostraban cómo organismos de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados vulneraban la privacidad de los ciudadanos.

 

La Mañana 6-06-2024

El acoso y la cruel tortura que está sufriendo Julian Assange, es una prueba más de la corrupción, la falta de humanidad y el espíritu destructivo que anidan en este "Occidente" nuestro que tanto cacarea de libertades y democracia. Lo que se le está haciendo a Assange no tiene nombre, como tampoco lo tiene lo que le ocurre al periodista español Pablo González, otro caso día a día casi olvidado, que fue arbitrariamente detenido y lleva más de dos años en una prisión de Polonia sin juicio. Encarcelado en una severa prisión de un país de la UE, nuestro organismo paladín de la democracia mundial y vigilante ante las injusticias y la opresión. Pablo González, colaborador de varios medios de comunicación, todavía no tiene acusación, ni fecha de juicio. Trabajaba en el momento de su detención como reportero de guerra en la frontera con Ucrania, fue capturado por los servicios secretos polacos el 27 de febrero de 2022 y, desde entonces, permanece encarcelado e incomunicado, sin saber porqué, en régimen de aislamiento, sin días ni noches, hasta ahora. Parece que han tirado la llave al mar Báltico, dado que ignoran completamente los derechos de este ciudadano de la UE que posee la doble nacionalidad española y rusa, pues nació en Moscú al ser nieto de un exiliado español de los llamados “niños de la guerra”. Y, a causa de esta circunstancia, le acusan de aprovechar su condición de periodista para filtrar información a Rusia. Crimen y castigo contra el periodista y vergüenza, una vez más, para la UE, que ni dentro de sus fronteras garantiza la seguridad de según quién en según qué países, a la hora de aplicar leyes democráticas.