Eurocopa 2024: Victoria y reto migratorio.

 

Este pasado domingo, “la Roja” logró un hito nuevamente. Vencimos a Inglaterra y levantamos la Eurocopa por cuarta vez. La alegría se extendió por toda España. Fuimos millones los que celebramos el triunfo de la Selección Nacional Española Masculina de Fútbol con el orgullo de ser españoles. No nos importó de dónde procedían nuestros jugadores, ni el color de su piel. En ese mágico momento del éxito deportivo, nadie se planteó que uno de ellos es hijo de padre Marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, que otro, aunque nacido en Pamplona, sea negro de ascendencia Ghanesa, que Joselu haya nacido en Stuttgar, (Alemania), por ser hijo de unos emigrantes gallegos o que Laporte y Le Normand sean franceses de origen, pero nacionalizados españoles. Y es que este pasado día, a la hora de levantar el trofeo de la Eurocopa 2024, todos los jugadores, sin distinción de origen ni procedencia, eran españoles. Y esa fiesta deportiva, no solo la celebramos los que vivimos en España; sino que a nosotros y con nosotros se unieron esos tres millones de compatriotas que residen en Argentina, México, Venezuela, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza etc.…. y hasta los 927 que viven en Oceanía. Españoles unos, que encontraron refugio, hace ya bastantes años, huyendo de la guerra, el hambre y la miseria franquista buscando un futuro mejor, y otros más recientes, persiguiendo oportunidades laborales superiores a las que se les ofrece en nuestro país. Unos y otros, hombres y mujeres valientes que han ondeado orgullosos banderas españolas recordando que son hijos y/o nietos de la emigración.

 

La Mañana 18.07.2024

Pero…, pronto se acabó la fiesta y regresamos a otra cruda realidad. Y una vez más, hemos visto a una parte de la clase política de la Derecha y Ultraderecha demostrando su incapacidad para comprender la evidencia. Discutiendo sobre el futuro de miles de niños, de miles de sueños, a veces rotos. Son esos casi 6.000 menores no acompañados, hijos, nietos y hermanos de otros migrantes que han llegado a nuestro país y que solamente quieren y pretenden estudiar, trabajar, ayudar a sus familias y tener una vida mejor. Migrantes llegados en busca de paz, trabajo y una vida más digna. Migrantes directos o indirectos, como Lamine Yamal y Nico Williams, esos dos muchachos que visten con mucho orgullo la camiseta de la Roja, elegida además libremente porque ambos podrían haber jugado en las selecciones de los países de origen de sus padres. Es por ello, que si el futuro de esos miles de menores extutelados que se encuentran en Canarias, es motivo de debate racista y xenófobo, es que hemos fracasado como sociedad, porque hemos olvidado los valores de la solidaridad, la empatía y la acogida que antes y ahora otros pueblos, otras naciones, realizaron y realizan con nosotros.

 

Ser un país de inmigración creo que es un orgullo, no una vergüenza. Es una muestra de nuestra riqueza cultural, de nuestra capacidad para integrar y abrazar a aquellos que persiguen una vida más prometedora. Y es que “migrar” es abrir un nuevo capítulo en nuestro proceder y tener la valentía de escribir una historia diferente, pues nos permite descubrir la vida desde una perspectiva más amplia y enriquecedora, convirtiéndonos en ciudadanos de un mundo sin fronteras que nos limiten.

 

Nuestra sociedad ha cambiado profundamente en estos últimos decenios, basta con mirar a nuestra alrededor para comprenderlo. Tras la oleada migratoria de finales del siglo XX, que llevó a millones de españoles a buscar mejores oportunidades en Europa y en el mundo, nuestra patria ha experimentado un giro radical, transformándose en un país receptor de inmigrantes. En la actualidad, cerca de tres millones de extranjeros residen en territorio español, representando el 13% de la población total. Este fenómeno social de gran magnitud ha generado, como era de esperar, una serie de desafíos que requieren soluciones urgentes. En este contexto, la integración de los recién llegados se convierte en un elemento crucial, y la igualdad de oportunidades se erige como piedra angular para alcanzarla. Y para ello, se requiere un esfuerzo conjunto por parte de todos los actores sociales, desde las instituciones públicas hasta la ciudadanía en general. Y el Estado del Bienestar debe jugar un papel fundamental en este proceso, garantizando el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales en igualdad de condiciones para todos los habitantes, independientemente de su origen.

 

Hoy el mundo, y nosotros con él, es más diverso, más mestizo, más cosmopolita y esa es nuestra mayor fortaleza. Nos guste o no, España es ya tan diversa como la hemos visto en nuestra selección nacional de fútbol. Por consiguiente, ¡Viva España, Campeones de Europa!; pero no olvidemos nunca los valores de la solidaridad y la acogida, pues son una parte fundamental de de nuestra identidad. Ya nos lo dejó dicho el novelista y político francés André Malraux: “Si de veras llegásemos a poder comprender la inmigración, ya no podríamos juzgar”.

 

Democracia americana en crisis: El duelo Biden vs. Trump

 

Parece surrealista, pero es la realidad. Que un individuo condenado y faltándole varios delitos por juzgar, pueda llegar a ser el hombre más poderoso del planeta, es un grave síntoma que nos dice mucho del deterioro de la democracia americana. Y es que la democracia de los EEUU, a pesar de su fama, deja mucho que desear; sobre todo por sus procedimientos de elección, tanto a nivel del Poder Judicial, como de su Sistema Electoral. En este sentido, nosotros que tanto nos quejamos del sistema de elección de los miembros que acceden al CGPJ de nuestro país, si lo comparamos con la forma en la que se eligen los miembros de la Corte Suprema de los EE.UU, somos una superdemocracia. Ya que la Corte Suprema de Justicia de USA está constituida por 9 jueces que son elegidos directamente por el Presidente, que son confirmados por el Senado y cuyos mandatos no expiran; lo que significa que mantienen su puesto de por vida.

 

La Mañana 10.07.2024

Y, respecto al Sistema Electoral Estadounidense, da mucha pena comprobar cómo ha colapsado y es incapaz de servir con eficacia a los intereses de la Confederación. Y es que ha llegado a tal grado de corrupción sistémica en las dos formaciones políticas mayoritarias, Republicanos y Demócratas, que pervierte los resultados y hace dudar de su eficacia. Un ejemplo claro es comprobar cómo el Partido Republicano no tiene pudor alguno en presentar a un supuesto delincuente como candidato a la Presidencia. Un mentiroso compulsivo que justifica todos sus desmanes con tal de regresar al Poder y que, en caso de resultar vencedor en los comicios del 5 de Noviembre, intuyo que pondrá a los EE.UU y al mundo, en una deriva peligrosa. Y, en el Demócrata, por su parte, a pesar de algunas voces en contra, persisten en mantener como candidato a un anciano desnortado y caduco, con lapsus mentales constatables y una nula capacidad decisoria. ¿Se han vuelto todos locos? ¿Quién gobierna realmente en el país de las barras y estrellas? No creo que sea el actual Presidente Biden. Da desazón y, a la vez, mucho recelo la situación; pues, sea quien sea el elegido, genera estremecimiento pensar que tienen "el botón rojo" sobre su mesa. A este respecto, el debate de la CNN, entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, que se llevó a cabo en Atlanta el pasado  27 de junio, dice mucho, además de la fragilidad de un candidato y de la tóxica retórica y maldad del otro, sobre el deterioro de la propia democracia de los EE UU. En este sentido, como dijo en cierta ocasión Yanis Varoufakis, exministro de economía griego, cabría preguntarse: "Hay democracia en EEUU, ¿en serio?”.

 

Biden nunca debió haber llegado a ser Presidente, fue el fruto de la incapacidad del aparato Demócrata para adaptarse a la nueva realidad sobrevenida tras el fracaso de los incumplimientos electorales de Obama y la pérdida de ilusión y de esperanza de millones de electores que, con su abstención, abrieron las puertas a Trump, que contó con el apoyo incondicional de las generaciones de marginados y olvidados por un sistema extractivista implacable. Estimo por ello, que elegir entre un desalmado como Trump y un anciano que ha sobrepasado con creces la edad de jubilación no debe ser fácil. Sobre todo, porque la elección en USA no solamente afecta a los ciudadanos de los EE.UU, sino que, además, condiciona al mundo, ya que los intereses de sus élites son los que gobiernan la realidad global. Trump es la referencia del Partido Republicano y de la Jet más retrógrada y corrupta de los EE.UU, frente a la otra más letrada y liberal representada, al menos teóricamente, por el Partido Demócrata. Dadas las circunstancias, considero que ni Biden ni Trump son los líderes que necesita actualmente la comunidad internacional y sociedad democrática global ante la crisis climática, tecnológica, demográfica, en un entorno de dumping económico y social y de pobreza estructural de las mayorías. A tal efecto, es probable que en un ámbito dominado por redes sociales divulgadoras de fakes y de grupos mediáticos al servicio del extractivismo salvaje, las democracias representativas hayan perdido su función y, por ello, tengan que reinventar los procesos de elección.

En este amplio contexto, sería lógico que el país más poderoso del planeta, si es que todavía lo es, cuidara un poco más la imagen de su Presidente. Pues, si bien sabemos, o por lo menos intuimos, que en EEUU el Presidente no manda mucho, ya que las decisiones más trascendentes están casi siempre en manos de los halcones del Pentágono, de los dirigentes de la CIA y/o la NSA y de la grandes corporaciones industriales como la industria armamentista, es recomendable que, al menos, sea elegida una persona capaz de ejercer el correspondiente liderazgo mundial en las Cumbres del G-7 y del G-20 y/o los Foros políticos de Davos y de Desarrollo Sostenible. Es por todo ello, que juzgo que los actuales candidatos a las elecciones americanas de noviembre, Biden y Trump, Trump y Biden, representan el fracaso del Sistema Electoral de los EE.UU, incapaz de proporcionar candidatos adecuados al pueblo americano a quien puedan votar y elegir para ser digna y debidamente gobernados.

 

 

 

Financiación Autonómica, un reto complejo.

 

Cataluña siempre ha sido importante dentro del conjunto del Estado español. Lo sigue siendo, tanto en el plano político como en el económico que tanto se debate en estos días. En este último sentido, la Constitución Española, desde su promulgación, estableció un marco legal para la organización territorial del país y reconoció la existencia de dos sistemas financieros en España. Por un lado, las Comunidades Autónomas que tienen competencias en áreas como educación, sanidad, cultura y alguna otra más, que poseen su propio sistema de financiación en el que se incluyen impuestos y transferencias del Estado central. Y, por otra parte, las Comunidades Forales, que son, como todo el mundo conoce, Navarra y el País Vasco, que tienen un sistema financiero especial basado en sus propios regímenes fiscales y de recaudación de impuestos. Es decir, desde su nacimiento, se dejó cojo el sistema financiero del Estado al reconocer dos regímenes o procedimientos diferentes. Es por ello que, reformar esa asimetría y/o conceder a Cataluña una determinada “singularidad”, es y se convierte en una tarea muy complicada. En todo caso, lo que parece evidente, a mi modo de ver, es que la financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas debería negociarse entre todas las comunidades y en el seno del Parlamento del Estado; puesto que España es diversa, sí; pero los ciudadanos se supone que somos iguales, vivamos donde vivamos.

 

La Mañana 3.07.2024

Indudablemente, el tema es complejo. Cataluña aporta mucho al Estado y por ello, se infiere que debe percibir, en justicia, más de lo que actualmente recibe. Parece razonable. No obstante, siguiendo con esta premisa, cabría considerar que los ciudadanos que más aportan por su renta a las arcas públicas, deberían obtener más recursos que otros en determinadas cuestiones; como, por ejemplo, una mejor Sanidad, Educación, Dependencia, Transporte Público etc. Sin embargo, eso no se hace, pues sería un disparate. En este aspecto, extrapolando la cuestión, podríamos decir que la financiación autonómica es como una tarta, y si alguien se lleva más, llamémosle “singularidad”, a los otros les queda menos para repartir. Creo que es así de fácil. Hacienda es un juego de suma cero y, por consiguiente, parece que no hay soluciones del tipo de sacar un conejo de la chistera. Por lo tanto, si se cambia una Norma que ayude a un lado, le afectará ineludiblemente al otro. ¿Que la Norma actual NO es justa? Estoy convencido. ¿Qué se puede hacer entonces…? En este sentido, teniendo escasos conocimientos económicos, me he molestado en acceder a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas, en la que he encontrado abundantes datos sobre la financiación, normativa y otros aspectos relacionados con las CC.AA. en España. Y, además, me he leído la Ley 22/2009, que establece el sistema de financiación de las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

 

En consecuencia, con la citada información y aún siendo consciente de poder cometer errores de interpretación, me atrevo a opinar, grosso modo, lo siguiente. Una posible solución, tal vez, sería trasladar el modelo de Cupo al resto de Comunidades Autónomas que no lo tienen. Y para ello, el Estado cedería a las Comunidades Autónomas de Régimen Común la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos en su territorio por los impuestos similares que hoy están concertados con Euskadi y Navarra; es decir, IRPF, Sociedades, IVA, etc. De esta manera se pasaría, de la situación actual de responsabilidad tributaria limitada de las quince CC.AA., a la de plena responsabilidad tributaria que, a día de hoy, tienen reconocida solamente las cuatro Haciendas Forales de País Vasco y Navarra. Seguidamente, habría que extender la metodología de Cupo a las quince Comunidades Autónomas. Para lo cual, siguiendo la actual metodología concertada, se establecería un modelo de aportación al Estado basado en el peso del PIB de cada Comunidad Autónoma sobre el total Estatal. Y, a este respecto, la capitalidad, sería una competencia a pagar al Estado. Todo ello, se completaría con unos mecanismos transparentes y exigentes de solidaridad inter-territorial, contra proyectos aprobados, y siguiendo el criterio de ordinalidad. O sea, según el orden de preferencia que se establece para asignar recursos o competencias tributarias entre las distintas CC.AA. Por ejemplo, algunas CC.AA. pueden tener prioridad en la recaudación de ciertos impuestos o en la gestión de determinadas tasas, según su posición en la jerarquía de competencias. Este orden jerárquico se establece en función de la legislación y los acuerdos entre el Estado central y las comunidades autónomas.

 

Finalmente, en este supuesto teórico, cada Comunidad Autónoma contribuiría al sostenimiento de las cargas generales del Estado, de acuerdo con lo que supusiera su PIB sobre el conjunto del PIB del Estado español. Y, de esta forma, considero que quedaría absolutamente claro cuánto aporta cada Comunidad Autónoma a las cargas generales del Estado. Y, al mismo tiempo, reflejaría directamente cuál sería la ventaja que tendrían las Comunidades Autónomas de menor Renta per Cápita al pagar menos Cupo. Lo cual permitiría conocer el esfuerzo fiscal de cada Comunidad y su capacidad de gasto. No obstante, dicho todo esto, convendría no olvidar lo que nos dejó dicho el filósofo y economista británico John Stuart Mill y es que, “Ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.

 

El dilema del CGPJ: ¿Renovación o Reforma?

 

A los ciudadanos nos resulta incomprensible que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de 2000 días, es decir, unos 5 años y medio sin reformarse a causa del bloqueo que practica el PP y la negativa del PSOE a modificar la norma de acceso al mismo antes de su renovación. En este contexto, no voy a entrar en cargar las responsabilidades solamente en uno de los partidos concretos; pues, desde mi punto de vista y creo que de la mayoría de los ciudadanos, los causantes del desaguisado son ambos, los dos partidos mayoritarios del Parlamento del Estado. Cada uno en su cuota correspondiente de incumplimiento de la Ley, a quienes la Constitución impone unas mayorías mínimas para ponerse de acuerdo en la designación de los nuevos componentes del CGPJ. No obstante y en este sentido, si es plausible que tenga bastante mayor responsabilidad el Partido Popular, puesto que la necesidad de contar con el voto de los tres quintos de la Cámara Baja para su renovación, ha permitido durante este largo tiempo y consiente y proporciona al PP hacer un uso torticero de la Norma; ya que, sin sus votos, el bloqueo, como viene haciendo, está garantizado. A este respecto, como dice el jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no es comprensible que para la elección de los miembros del CGPJ se requieran una mayoría más fuerte que para elegir el Presidente del Gobierno del Estado. Tal vez por todo ello, Pedro Sánchez, en la reciente sesión de control al Gobierno en el Senado, ha dado un ultimátum al PP para renovar el CGPJ si no se desbloquea la actual situación, indicando que presentará una reforma para su renovación si no hay acuerdo a finales del presente mes de junio.

La Mañana 24.06.2024

A estos efectos y en las actuales circunstancias, si bien el PP y PSOE son los principales causantes de esta anómala situación, no son los únicos actores. Y es que, los jueces y juristas que componen el CGPJ, de alguna manera, son también víctimas y, a la vez, parte interesada de la misma. Pues, a pesar de que la Constitución no pide, ni siquiera insinúa una dimisión de los miembros del CGPJ, cuya pervivencia es insustituible, cuando los dos partidos son incapaces de llegar a una transacción negociada o simplemente descartan alcanzar un acuerdo para su renovación, tampoco la prohíbe ni se opone a ella. En consecuencia, el actual Presidente interino por suplencia CGPJ, Vicente Guilarte Gutiérrez y el resto de los miembros que componen dicho Consejo, podrían forzar su renovación dimitiendo todos ellos en bloque, tal y como hizo a título individual el antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes en octubre del 2022, y presentar su renuncia al cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Llegar a ser juez o fiscal en nuestro país no es sencillo. Para acceder a dicha profesión se requiere, en primer lugar, haber obtenido una licenciatura en Derecho y después superar una durísima oposición que conlleva estudiar un programa de 328 temas de materias de Derecho. Y, una vez superadas las pruebas de acceso, los nuevos miembros de la carrera judicial, además de haber demostrado una sólida formación jurídica, se les exige habilidades de comunicación efectiva, capacidad de análisis y razonamiento, imparcialidad, ética y vocación de servicio; así como contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. En este sentido y a tenor de estas últimas características que se les atribuye que poseen, me resulta sorprendente que los actuales miembros del CGPJ, en ocasiones, actúen presuntamente más como parte interesada que como imparciales servidores de la Justicia. Manifiesto esta opinión porque el paulatino y creciente desprestigio que el CGPJ está cosechando a ojos de un gran número de ciudadanos, es consecuencia no solamente de la actitud obstruccionista del Partido Popular, sino también, a mi modo de ver, de la connivencia del propio Órgano Constitucional de Gobierno de los Jueces que, a veces, considero actúan más como políticos que como garantes de las garantías jurídicas y procesales de los ciudadanos y se manifiestan en asuntos que afectan a la política partidista, en beneficio del PP.

En suma y pocas palabras, si el pueblo soberano elige al Poder Legislativo y éste, por delegación suya, designa al Poder Ejecutivo, ¿quién debe elegir a los veinte miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial? ¿Los propios jueces como quiere el PP o, tal y como la Ley determina, el Congreso y el Senado eligen cada uno a cuatro vocales entre abogados y juristas de reconocida competencia y prestigio y los otros doce vocales serán jueces y magistrados elegidos por todos los miembros de la carrera judicial?  That is the question.